sábado, 8 de octubre de 2011

Gana Perú y el protocolo para el aborto terapéutico: ¿Ganamos las mujeres?

Gana Perú y el protocolo para el aborto terapéutico: ¿Ganamos las mujeres?

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El protocolo para el aborto terapéutico, una necesidad para las mujeres y una garantía para los profesionales que prestan este servicio, se ha convertido en un presente griego que el gobierno aprista legó al régimen actual.
Curiosamente, fue el ex ministro Ugarte quien le pidió al actual Ministro de Salud que haga lo que él no se atrevió a hacer. Ni siquiera para cumplir con el dictamen del Comité de Derechos Humanos en el caso K.LL. contra Perú, el que determinó que el Estado peruano violó el derecho a no sufrir interferencias arbitrarias en la vida privada, ya que se negó a actuar conforme a la decisión de abortar de la adolescente.
En las últimas semanas el tema apareció nuevamente en la agenda pública, tan manoseado como confuso. Por eso resulta necesario aclarar que:
El aborto terapéutico es aquél que se practica cuando es el único medio para salvar la vida o evitar un daño grave y permanente en la salud de la gestante, y debe ser practicado por un médico o médica con autorización de la gestante; es decir, la mujer es quien decide.
Por otro lado, es el único caso de aborto no punible en nuestra legislación (artículo 119.° del Código Penal), desde 1924.
Debe quedar claro que el aborto no es un asesinato. El Código Penal protege la vida en sus distintos estadíos con diferentes penas, es decir, admite la progresividad del bien jurídico tutelado “vida”. Por eso para los casos de aborto la pena máxima aplicable a las mujeres es de 2 años; mientras que para el infanticidio o el homicidio del recién nacido a manos de su madre durante el puerperio es no mayor de 4 años; y para los casos de homicidio, de 6 a 20 años.
Las coberturas de salud deben incluir prestaciones para garantizar que todas las mujeres, al margen de su nivel socioeconómico, ámbito geográfico o pertenencia étnica, tengan acceso al aborto terapéutico en condiciones seguras. O sea que, siendo una expresión de la autonomía individual, es también un tema de inclusión social, ya que se requieren condiciones económicas y sociales para que la autonomía se ejerza.
Asimismo, es importante recordar que las feministas trabajamos por la vida, la libertad y la autonomía de las mujeres peruanas; y, contrariamente a las acusaciones vertidas, no promovemos agendas de otros Estados, aunque es cierto que con la globalización las mujeres del mundo estamos todas “en-red-adas” luchando contra la opresión y subordinación de lo femenino.
Son más bien las altas autoridades de la Iglesia católica, de manera especial el señor Cipriani, quienes pretenden regir la vida de las mujeres peruanas de acuerdo con las normas de un Estado extranjero como El Vaticano.

Las feministas trabajamos por la vida, la libertad y la autonomía de las mujeres peruanas. Son más bien las altas autoridades de la Iglesia católica, de manera especial el señor Cipriani, quienes pretenden regir la vida de las mujeres peruanas de acuerdo con las normas de un Estado extranjero como El Vaticano.

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El principio de laicidad del Estado es una garantía de las democracias modernas. Un Estado independiente de los poderes fácticos (grupos económicos, medios de comunicación e iglesias), con poder real y burocracias competentes, imparcial en sus normas y políticas (ni religioso, ni ateo, ni agnóstico), es lo que nuestra frágil democracia requiere a gritos. En el estudio del PNUD del 2004, sobre las democracias en América Latina, el 79,7% de los líderes sociales entrevistados considera que el poder en sus países es ejercido por los grupos económicos, el 65,2 % por los medios de comunicación y el 43.8% por las iglesias.   
En ese sentido, las autoridades de las más de diez religiones que existen en el país, cualquiera que sea el credo al que representen, tienen derecho a opinar y dirigirse a su feligresía, y será cada mujer quien decida desde sus propias motivaciones internas qué hace o qué no hace, si peca o no (que no es lo mismo que delinquir). Es deber del Estado perseguir delincuentes y no pecadoras; aunque hay muchos que todavía no distinguen y creen que se trata de lo mismo.
Como quiera que fuera, a estas alturas nos queda claro, a nosotras las mujeres, que nuestros derechos están siempre en riesgo y que a pesar de las promesas electorales podemos perderlos en las negociaciones de las cúpulas masculinas y de las mujeres funcionales al patriarcado de los distintos partidos políticos y poderes fácticos. Y si bien hoy la discusión gira en torno al aborto terapéutico, aspiro a que en nuestro país el acceso a la anticoncepción se generalice y el aborto se despenalice, para que ninguna mujer tenga que morir, ir a la cárcel o perder su carrera en el intento de desvincularse de una maternidad no deseada.

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