No uno sino todas las inclusiones

• Cesar Zamalloa

Cuando, en la campaña presidencial, el partido del hoy presidente Ollanta Humala presentó su plan de gobierno, fueron varios los temas que motivaron airadas críticas de la mayoría de los medios de comunicación, lo que dejó la sensación de que “había temas que no deberían siquiera ser puestos en debate”. De estos temas, uno de los que más críticas mereció fue la posición sobre los medios de comunicación.
Este plan, que mencionaba algunos puntos específicos sobre este asunto, cerraba con una especie de declaración de principios: “democratizar la propiedad de los medios”. Esta declaración, que en cualquier otro país democrático hubiera llamado al debate y a la reflexión, en el nuestro recibió prácticamente una censura “de facto”, porque eso hacen los poderes fácticos.
El curso de acción seguido por el candidato y los medios de comunicación dejó bien clara la realidad de que los medios de comunicación conectados directamente con intereses político-económicos no permiten discusiones “democráticas” sobre la democratización de la propiedad de los medios de comunicación.
En el diagnóstico que se postulaba, como una especie de marco teórico general para luego hacer las propuestas específicas, quedaba claro lo que en todo el mundo democrático se reconoce y es cosa cotidiana en el ámbito académico: en los últimos cuarenta o cincuenta años se ha producido una peligrosa concentración de la propiedad de los medios de comunicación, lo que, por un lado, ha generado un discurso político monocorde, y, por otro, ha excluido a amplios sectores de la población de la posibilidad de ejercer su derecho a la expresión.
Invocando oscuras comparaciones que más que análisis se remontaban a consignas ideológicas, los críticos a esta propuesta del hoy partido de gobierno nos hacían notar el peligro de tales postulados, los riesgos que corría la libertad de expresión y los peligros de una dictadura.
Lamentablemente, ni el candidato ni sus principales voceros pudieron hacer frente a estas censuras mediáticas. ¿Habrían perdido las elecciones si en vez de callar sobre una propuesta bienintencionada hubieran enfrentado las críticas con claridad y demostrado la contundencia de sus argumentos, más aun cuando se podía notar que esos medios actuaban con una total falta de democracia?
Ahora son otros tiempos y, de alguna manera, el triunfo electoral de Gana Perú nos debe dejar para el debate, entre otras cosas, importantes cuestiones que atañen a los medios de comunicación. Una de ellas es sin duda la exclusión que sufrimos la mayoría de peruanos por no tener en los medios espacios para expresarnos. En materia de porcentaje de la población, esta exclusión es más aguda que la económica, ya que excluye a todos aquellos que no contamos con acceso al capital que nos permita tener un medio de expresión.

Esta declaración, que en cualquier otro país democrático hubiera llamado al debate y a la reflexión, en el nuestro recibió prácticamente una censura “de facto”, porque eso hacen los poderes fácticos.

Uno de los temas centrales de este debate debería ser el descubrimiento de mecanismos financieros que permitan que mayores sectores de la sociedad civil tengan la opción de acceder a los medios de comunicación, por ser ellos los intermediarios más representativos del conjunto de la sociedad civil. Esto es lo que yo entiendo por democratizar la propiedad de los medios de comunicación. Tengo la certeza de que la intención manifiesta en el plan de gobierno de Gana Perú era la misma.
Asimismo, encuentro que en ese plan de gobierno existían los mecanismos básicos para llegar por lo menos más cerca de un acceso democrático a los medios. El primero de ellos, que no solo está en manos del Ejecutivo sino además es un mandato de la ley, es la conversión del sistema de RTP en un sistema público en el que un conjunto de representantes de la sociedad civil conformen el directorio y tomen las decisiones sobre programación, contenidos y cuanto tenga que ver con la marcha no solo del canal 7 sino también de las emisoras de radio que componen este sistema. Debería añadir que este directorio debe ser lo más amplio posible, para integrar a la mayor cantidad posible de representantes de la sociedad civil organizada.
Otro elemento clave sería la descentralización de la producción y la emisión. No puede ser que el sistema estatal, más adelante público, sea un canal que emita desde Lima su programación para el resto del país. Creo que ya es hora de que el Estado peruano y la sociedad civil encaren la tarea de construir centros de producción y emisión locales para que, de esta manera, se termine con la centralista y poco democrática “emisión nacional”.
Un segundo y crucial tema es el otorgamiento de licencias para radio y televisión. En el plan de Gana Perú se establece que estas licencias deben ser otorgadas por una entidad representativa de la sociedad civil organizada y luego de un minucioso procedimiento de selección en el que primen criterios de interés público. Darle esta tarea a la actual CONCORTV ampliada es, desde mi punto de vista, la única garantía de que no ocurra lo que hasta ahora viene ocurriendo, esto es, que el Ejecutivo maneja el otorgamiento de estas licencias con criterio de compadrazgo político y poniendo a las concesiones un precio inalcanzable para aquellos que no tienen acceso al capital.
En cuanto a la prensa escrita, creo que habría que discutir dos posibilidades. Una, que el Estado, a través de créditos blandos e incentivos tributarios, facilite la creación de medios escritos cooperativos o sociales. La otra, que se pongan restricciones a la propiedad cruzada de medios y a los ya logrados oligopolios de la información y la opinión.
Éstos son, en principio, los temas que deberían debatirse en estos momentos sobre la naturaleza y soluciones de la concentración de la propiedad de los medios y la consecuente falta de democracia.