Diario La Primera
Adelantan que la próxima semana, la comisión diseñará el plan de trabajo y el calendario de presentaciones de los funcionarios de la segunda administración de García. " 
Así lo adelantó a LA PRIMERA el integrante de la referida comisión de trabajo Yonhy Lescano, legislador de Alianza Parlamentaria, quien indicó que los casos que se investigarán son complejos y de diversa magnitud (ver cuadro) y por lo cual, dijo, realizarán un trabajo serio al tiempo de confirmar que una de las primeras tareas de su grupo de trabajo será el levantamiento del secreto bancario y tributario de los implicados, en este caso, el expresidente Alan García y sus exministros de Estado que resulten corresponsables.
“La idea es desarrollar una labor eminentemente técnica y profesional, alejada de cualquier sesgo partidarista. El combate a la corrupción es una tarea a la que estamos obligados todos los peruanos”, puntualizó.
La Comisión Investigadora deberá abordar, al menos, una decena de casos emblemáticos de corrupción, algunos incluidos en un reciente informe de la Contraloría que involucra a más de 10 mil funcionarios implicados en presuntos actos ilícitos.
Entre las múltiples denuncias sobre irregularidades o supuestos hechos delictivos perpetrados por la segunda gestión de García están las concesiones del Terminal Norte del Puerto del Callao, de la del Terminal Portuario de Paita (Piura), en las que se habrían cometido una serie de irregularidades, en una secuencia que va desde la formulación de las bases hasta la entrega de ambas infraestructuras a los operadores.
Asimismo, se incluyen los hechos irregulares en la ejecución de la Carretera Interoceánica (tanto en sus ramas del sur como del norte), así como en la concesión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada.
El flamante miembro de la Comisión, Javier Diez Canseco, consideró recientemente la existencia de una serie de elementos conexos a esos casos que implicarían al mismo exjefe de Estado, Alan García, tal como se desprende de las declaraciones brindadas a nuestro diario por Alberto Químper.
Otra obra que presenta irregularidades que la relacionaría directamente con el expresidente García, es la ejecución del Tren Eléctrico, en cuyo enrevesado contrato y ejecución hubo una serie de extrañas medidas como modificaciones presupuestales, millonarios endeudamientos (con ampliaciones incluidas), exoneraciones de normas de control, así como asignación de las obras a contratistas como Odebrecht y Cesel S.A. que a pesar de tener experiencia en obras de ingeniería civil, no la tenían en sistemas ferroviarios eléctricos.
Estos casos serán investigados
1. Decretos de Urgencia
El mayor festín que planeó realizar el gobierno de Alan García se gestó con la expedición de los decretos de urgencia 001 y 002 (y otros 372 dispuestos en su administración 2006-2011), con los que se buscaba entregar en concesión más de 30 megaproyectos de inversión a favor de empresas foráneas, fundamentalmente Chilenas. Al margen de haber sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, lo único que queda claro es que el exmandatario utilizó este mecanismo legal para “gobernar” sin contar con la aprobación del Congreso.
2. MiVivienda
Fue en 2007, cuando el entonces viceministro de Vivienda Guillermo Vivanco Dueñas y su secretario general José Luis Castañeda Neyra estuvieron implicados en un escándalo de tráfico de influencias y licitaciones amañadas. Vivanco y Castañeda utilizaron sus cargos para favorecer con jugosos contratos a la Constructora Kapala S.A., de la que eran nada menos que director y presidente del directorio, respectivamente.
3. SIS apristaEl médico aprista Julio Espinoza, exjefe del Seguro Integral de salud (SIS), fue hallado responsable del robo de S/. 19 millones, bajo el pretexto de la compra de raciones alimenticias para los damnificados del terremoto del 15 de agosto de 2007. Sin embargo, el 14 de junio de 2008, García lo indultó por sufrir de una supuesta enfermedad neoplásica, permitiéndole abandonar la prisión de San Jorge.
4. Petroaudios
Estalló el 5 de octubre de 2008, cuando un programa de televisión difundió una grabación de audio en el que el exdirectivo de Perupetro Alberto Químper y al exministro Rómulo León discuten sobre unos “faenones” que planeaban realizar. En la grabación ambos discuten sobre unos pagos mensuales de $10,000 a favor de Químper, León y Ernesto Arias-Schreiber, representante legal de Discover Petroleum de Noruega en el Perú, por ayudar al intercambio de contratos petrolíferos de exploración en bloques submarinos de petróleo y campos de gas. Unos 20 meses después de la divulgación de los primeros audios aparecieron nuevas grabaciones que involucraban al entonces premier Jorge del Castillo y al empresario dominicano Fortunato Canaán.
5. Interceptación telefónica
El caso Business Track (BTR) surgió a raíz de los “Petroaudios”, cuando se denunció a BTR que se encargó del “chuponeo” de las conversaciones telefónicas entre los involucrados. Al respecto, el fiscal superior Tony García Cano ya presentó su dictamen y ha ratificado la acusación de tres delitos contra los presuntos ‘chuponeadores’, consistentes en interceptación telefónica, violación del secreto de la correspondencia y asociación ilícita para delinquir.
6. Del Castillo
En el 2008, Jorge del Castillo impulsó un proyecto de ley para favorecer a la empresa Petrolera Monterrico, administrada por Julio César Vera Gutiérrez. Dicha compañía tuvo un aumento en su producción gracias a la ley 28109 de regalías petroleras de 2003 y necesitaba que dicha norma se ampliara para no perder tal beneficio. El caso fue descubierto gracias a un audio en que Químper le comentaba a Daniel Saba, presidente de la misma entidad, sobre una conversación con Del Castillo para “apurar un asunto pendiente” a favor del empresario Vera Gutiérrez. La ley fue vista el 18 de enero de ese mismo año y, diez días después, Vera y Del Castillo participaron en una particular transacción inmobiliaria. Del Castillo intercambió su departamento de Surco (213 metros cuadrados), por el de Vera en San Isidro (300 metros cuadrados).
7. CofopriEn abril de 2010, Omar Quesada renunció al cargo de director de Cofopri, ante la denuncia de venta irregular de un terreno de 300 mil metros cuadrados en una de las zonas de mayor desarrollo y valor inmobiliario del sur de Lima. A pesar de que el terreno está valorizado en US$ 12 millones, la transacción se realizó por una cifra muy inferior: S/.4.908 (US$1.750 al cambio de hoy). Minutos antes de que se acepte su renuncia, Quesada, quien también era secretario general del APRA, dispuso la separación de seis de sus funcionarios involucrados en este bochornoso caso.
8. El exviceministro de JusticiaEl exviceministro de Justicia, Gerardo Castro, fue detenido por la Fiscalía cuando pretendía sobornar, con 10 mil dólares, a un funcionario del Ministerio de la Producción para acceder a unos permisos de pesca de anchoveta a favor de las embarcaciones de Antonio Custodio, Martín Palma y Alberto Palma Lumbres.
9. Estadio Nacional.En el 2009, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció la remodelación y ampliación del Estadio Nacional, a un costo de 20 millones de soles; pero, hasta hoy, se gastaron casi 200 millones de soles. La obra fue excluida del requisito de licitación, al ser declarada como ‘institución emblemática’, como si fuera uno los grandes colegios nacionales.
Javier SotoRedacción
El presidente García deberá responder ante comisión.
La Comisión Investigadora Multipartidaria de los presuntos actos de corrupción registrados durante el segundo gobierno de Alan García diseñará la próxima semana el plan de trabajo y el calendario de presentaciones de los funcionarios de la segunda gestión de García a fin de iniciar ya la investigación del pesado expediente de posibles actos de corrupción de la era aprista.Así lo adelantó a LA PRIMERA el integrante de la referida comisión de trabajo Yonhy Lescano, legislador de Alianza Parlamentaria, quien indicó que los casos que se investigarán son complejos y de diversa magnitud (ver cuadro) y por lo cual, dijo, realizarán un trabajo serio al tiempo de confirmar que una de las primeras tareas de su grupo de trabajo será el levantamiento del secreto bancario y tributario de los implicados, en este caso, el expresidente Alan García y sus exministros de Estado que resulten corresponsables.
“La idea es desarrollar una labor eminentemente técnica y profesional, alejada de cualquier sesgo partidarista. El combate a la corrupción es una tarea a la que estamos obligados todos los peruanos”, puntualizó.
La Comisión Investigadora deberá abordar, al menos, una decena de casos emblemáticos de corrupción, algunos incluidos en un reciente informe de la Contraloría que involucra a más de 10 mil funcionarios implicados en presuntos actos ilícitos.
Entre las múltiples denuncias sobre irregularidades o supuestos hechos delictivos perpetrados por la segunda gestión de García están las concesiones del Terminal Norte del Puerto del Callao, de la del Terminal Portuario de Paita (Piura), en las que se habrían cometido una serie de irregularidades, en una secuencia que va desde la formulación de las bases hasta la entrega de ambas infraestructuras a los operadores.
Asimismo, se incluyen los hechos irregulares en la ejecución de la Carretera Interoceánica (tanto en sus ramas del sur como del norte), así como en la concesión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada.
El flamante miembro de la Comisión, Javier Diez Canseco, consideró recientemente la existencia de una serie de elementos conexos a esos casos que implicarían al mismo exjefe de Estado, Alan García, tal como se desprende de las declaraciones brindadas a nuestro diario por Alberto Químper.
Otra obra que presenta irregularidades que la relacionaría directamente con el expresidente García, es la ejecución del Tren Eléctrico, en cuyo enrevesado contrato y ejecución hubo una serie de extrañas medidas como modificaciones presupuestales, millonarios endeudamientos (con ampliaciones incluidas), exoneraciones de normas de control, así como asignación de las obras a contratistas como Odebrecht y Cesel S.A. que a pesar de tener experiencia en obras de ingeniería civil, no la tenían en sistemas ferroviarios eléctricos.
Estos casos serán investigados
1. Decretos de Urgencia
El mayor festín que planeó realizar el gobierno de Alan García se gestó con la expedición de los decretos de urgencia 001 y 002 (y otros 372 dispuestos en su administración 2006-2011), con los que se buscaba entregar en concesión más de 30 megaproyectos de inversión a favor de empresas foráneas, fundamentalmente Chilenas. Al margen de haber sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, lo único que queda claro es que el exmandatario utilizó este mecanismo legal para “gobernar” sin contar con la aprobación del Congreso.
2. MiVivienda
Fue en 2007, cuando el entonces viceministro de Vivienda Guillermo Vivanco Dueñas y su secretario general José Luis Castañeda Neyra estuvieron implicados en un escándalo de tráfico de influencias y licitaciones amañadas. Vivanco y Castañeda utilizaron sus cargos para favorecer con jugosos contratos a la Constructora Kapala S.A., de la que eran nada menos que director y presidente del directorio, respectivamente.
3. SIS apristaEl médico aprista Julio Espinoza, exjefe del Seguro Integral de salud (SIS), fue hallado responsable del robo de S/. 19 millones, bajo el pretexto de la compra de raciones alimenticias para los damnificados del terremoto del 15 de agosto de 2007. Sin embargo, el 14 de junio de 2008, García lo indultó por sufrir de una supuesta enfermedad neoplásica, permitiéndole abandonar la prisión de San Jorge.
4. Petroaudios
Estalló el 5 de octubre de 2008, cuando un programa de televisión difundió una grabación de audio en el que el exdirectivo de Perupetro Alberto Químper y al exministro Rómulo León discuten sobre unos “faenones” que planeaban realizar. En la grabación ambos discuten sobre unos pagos mensuales de $10,000 a favor de Químper, León y Ernesto Arias-Schreiber, representante legal de Discover Petroleum de Noruega en el Perú, por ayudar al intercambio de contratos petrolíferos de exploración en bloques submarinos de petróleo y campos de gas. Unos 20 meses después de la divulgación de los primeros audios aparecieron nuevas grabaciones que involucraban al entonces premier Jorge del Castillo y al empresario dominicano Fortunato Canaán.
5. Interceptación telefónica
El caso Business Track (BTR) surgió a raíz de los “Petroaudios”, cuando se denunció a BTR que se encargó del “chuponeo” de las conversaciones telefónicas entre los involucrados. Al respecto, el fiscal superior Tony García Cano ya presentó su dictamen y ha ratificado la acusación de tres delitos contra los presuntos ‘chuponeadores’, consistentes en interceptación telefónica, violación del secreto de la correspondencia y asociación ilícita para delinquir.
6. Del Castillo
En el 2008, Jorge del Castillo impulsó un proyecto de ley para favorecer a la empresa Petrolera Monterrico, administrada por Julio César Vera Gutiérrez. Dicha compañía tuvo un aumento en su producción gracias a la ley 28109 de regalías petroleras de 2003 y necesitaba que dicha norma se ampliara para no perder tal beneficio. El caso fue descubierto gracias a un audio en que Químper le comentaba a Daniel Saba, presidente de la misma entidad, sobre una conversación con Del Castillo para “apurar un asunto pendiente” a favor del empresario Vera Gutiérrez. La ley fue vista el 18 de enero de ese mismo año y, diez días después, Vera y Del Castillo participaron en una particular transacción inmobiliaria. Del Castillo intercambió su departamento de Surco (213 metros cuadrados), por el de Vera en San Isidro (300 metros cuadrados).
7. CofopriEn abril de 2010, Omar Quesada renunció al cargo de director de Cofopri, ante la denuncia de venta irregular de un terreno de 300 mil metros cuadrados en una de las zonas de mayor desarrollo y valor inmobiliario del sur de Lima. A pesar de que el terreno está valorizado en US$ 12 millones, la transacción se realizó por una cifra muy inferior: S/.4.908 (US$1.750 al cambio de hoy). Minutos antes de que se acepte su renuncia, Quesada, quien también era secretario general del APRA, dispuso la separación de seis de sus funcionarios involucrados en este bochornoso caso.
8. El exviceministro de JusticiaEl exviceministro de Justicia, Gerardo Castro, fue detenido por la Fiscalía cuando pretendía sobornar, con 10 mil dólares, a un funcionario del Ministerio de la Producción para acceder a unos permisos de pesca de anchoveta a favor de las embarcaciones de Antonio Custodio, Martín Palma y Alberto Palma Lumbres.
9. Estadio Nacional.En el 2009, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció la remodelación y ampliación del Estadio Nacional, a un costo de 20 millones de soles; pero, hasta hoy, se gastaron casi 200 millones de soles. La obra fue excluida del requisito de licitación, al ser declarada como ‘institución emblemática’, como si fuera uno los grandes colegios nacionales.
Javier SotoRedacción
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