miércoles, 30 de noviembre de 2011
martes, 29 de noviembre de 2011
lunes, 28 de noviembre de 2011
Docentes universitarios de USA, Conga No Va
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Docentes universitarios de USA, Conga No Va
Señor Presidente
Ollanta Humala
25 de Noviembre, 2011
Los suscritos, estudiosos de la historia, cultura y problemática social, política y ambiental del Perú y América Latina, respetuosamente le escribimos para manifestarle nuestra seria preocupación por las graves consecuencias ambientales, sociales y sanitarias del proyecto minero Conga del consorcio Minera Yanacocha-Newmont Mining Corporation. Por su localización en la cabecera de por lo menos cinco sistemas hidrográficos, la mina de tajo abierto en cuestión constituye un serio peligro para la salud humana, el medio ambiente, la actividad agropecuaria y empresarial tanto de las poblaciones aledañas como de los asentamientos urbanos y rurales beneficiarios de este frágil y complejo sistema acuífero. Con mas de mil pasivos ambientales mineros, la población y el medio ambiente de Cajamarca son uno de los mas castigados de todo el país por esta actividad extractiva. Considerando este historial, la vital importancia del agua para el desarrollo sostenible y la soberanía alimenticia del país, los firmantes le solicitamos la suspensión inmediata del mencionado proyecto.
Autoridades regionales y municipales de la región de Cajamarca, así como especialistas en el estudio del medio ambiente, comunidades campesinas potencialmente afectadas, organizaciones sociales, colegios profesionales, centros de investigación tanto locales como nacionales e internacionales han manifestado sus serias reservas a un proyecto de esta naturaleza. Desafortunadamente los reiterados pedidos de estos diversos sectores de un estudio de impacto ambiental serio e imparcial que tome en consideración factores hidro-ecológicos, las preocupaciones locales y regionales, no han sido tomados en cuenta.
La suspensión del proyecto Conga, Sr. Presidente, se ajusta con su compromiso de transformar el país de manera inclusiva y respetuosa de las decisiones y pareceres de todos sus ciudadanos y ciudadanas, sobre todo de aquellos y aquellas históricamente excluidos y marginalizados. A medida que la crisis ambiental y el calentamiento global reducen críticamente las fuentes de agua, su protección y preservación son además cruciales para la defensa de la soberanía nacional. Al desplazar a las comunidades campesinas originarias el proyecto Conga amenaza tambien las tecnologías y conocimientos agropecuarios y de manejo ambiental ancestrales cruciales para la formulación de las estrategias de desarrollo autónomo y sustentable que permitan al país confrontar los efectos del cambio climático, superar la dependencia económica y cultural asociada al modelo exportador-extractivista. Por estas razones señor presidente los suscritos respetuosamente le solicitamos la suspensión del proyecto Conga por su incompatibilidad con los intereses nacionales.
Atentamente,
Gerardo Renique
Profesor de Historia
City College of the City
University of New York
Deborah Poole
Profesora de Antropología
Johns Hopkins University
Marisol de La Cadena
Profesora de Antropología
University of California, Davis
Steve Boucher
Profesor de Economia Agrícola y
Recursos Naturales
University of California, Davis
Fredy Roncalla
Escritor
Isaias Rojas-Perez
Profesor de Antropologia
Rutgers University-Newark
Miguel Carter
School of International Service
American University
Marc Becker
Profesor de Historia
Truman State University
Jorge Yeshayahu Gonzales-Lara
Sociologo
Substance Abuse Counselor, State of New York
George Katsiaficas
Wentworth Institute of Technology
Emiko Saldivar
Profesora de Antropologia
University of California, Santa Barbara
Linda J. Seligmann
Profesora de Antropología
George Mason University
Richard Kernaghan
Profesor de Antropología
University of Florida
Victoria Sanford
Center for Human Rights & Peace Studies
Lehman College, City University of
New York
domingo, 27 de noviembre de 2011
sábado, 26 de noviembre de 2011
De lagunas a desmontes
Exclusivo - IDL - REPORTEROS
De lagunas a desmontes
En la tarde de ayer, jueves 24, el ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, entregó al premier Salomón Lerner las observaciones de su ministerio respecto del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga.
Miércoles 2 de noviembre. Los ministros del Ambiente, Ricardo Giescke; de Agricultura, Miguel Caillaux y Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, visitan las lagunas El Perol y Azul que serían afectadas por el proyecto minero Conga (Foto: Andina).
Por Gustavo Gorriti.-
El informe, de once páginas acompañadas por un resumen de página y media, contiene graves objeciones ambientales al EIA del proyecto Conga, y contradice en forma contundente al ministerio de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, que declaró el 21 de noviembre que el EIA “es correcto y tiene el visto bueno del ministerio del Ambiente”.
Algunos de los más importantes comentarios y objeciones ambientales expresadas en el informe del ministro Giesecke – al que IDL-Reporteros tuvo acceso – son las siguientes:
• En el “tema del agua y la utilización de cuatro lagunas”, que “genera polémica y rechazo al proyecto en Cajamarca”, el informe subraya que el Proyecto Conga “transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios ecosistemas y fragmentando los restantes, de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible”.
• El informe revela que de las cuatro lagunas que se proyecta desaparecer, solo dos, Perol y Mala serán vaciadas para extraer el oro. Las otras dos, Azul y Chica, “serán vaciadas y utilizadas como depósitos de desmontes” [sic]. Es decir, que se secará dos lagunas para acumular desmonte sobre sus lechos.
• También indica el informe que “la evaluación de los humedales (lagunas altoandinas, bofedales) no se ha desarrollado en función a la fragilidad del ecosistema que se pretende intervenir”. En su visita a las lagunas el 2 de noviembre pasado, el ministro Giesecke dijo, según un despacho de Andina, que “los bofedales y las lagunas cumplen casi exactamente el mismo papel que los glaciares: son reguladores del agua… deshacernos de las lagunas y los bofedales es como meterle dinamita a los glaciares”. Ahora, el informe subraya que el EIA no consideró el efecto de ese dinamitazo ambiental.
• Según el informe del Ministerio del Ambiente, el EIA de Newmont/Yanacocha no considera “las microcuencas de manera integral”. Por eso, “el criterio y análisis de afectación a los caseríos y centros poblados debiera realizarse por cada microcuenca hidrográfica”.
• Según fuentes del Ministerio del Ambiente, el EIA identificó solo 32 caseríos como área de influencia del proyecto. Pero el Minan sostiene que son mucho más caseríos en tanto la cuenca es mayor.
• A la vez, el Informe sostiene que “la vulnerabilidad de la zona de emplazamiento del proyecto por ser una cabecera de cuenca requiere un análisis hidrológico e hidrogeológico detallado”. De hecho, añade, “no se han realizado estudios que de manera fehaciente demuestren que los depósitos de relaves no producirán filtraciones (…) riesgo potencial, toda vez que en el EIA se confirma la existencia de flujos hídricos subterráneos (…). Por ello, el EIA debió haber contemplado estudios complementarios que aclaren estos aspectos”.
• En cuanto a la valoración económica del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha, el informe presentado por el ministro Giesecke indica entre otras cosas que “la estimación del valor económico de la biodiversidad es insuficiente… una gran variedad de especies de flora y fauna que se han identificado en la zona …no ha sido valorada”. Según fuentes del MinAm, el EIA de Yanacocha solo valoró el impacto en la agricultura y ganadería y no el ambiental.
• El informe Giesecke indica también que “los US$86’000,000 de valor de reposición estimados en el EIA están subestimados; así, al eliminarse las lagunas y construirse un reservorio en su reemplazo no se está mitigando el impacto sino compensando solo el servicio de provisión hídrico, dejando de lado la compensación de los otros servicios ambientales perdidos”.
En las recomendaciones, el informe Giesecke sugiere que, en lugar de vaciar las lagunas Azul y Chica, para utilizar sus lechos como depósito de desmonte, “se evalúe la reubicación de dichos depósitos en zonas distintas a las ocupadas por dichas lagunas”.
En lo económico, recomienda que “los costos ambientales y sociales asociados al Proyecto Conga” sean “adecuadamente valorados en función a los impactos que éste generará en sus etapas de construcción, operación y cierre”.
A la vez, luego de puntualizar que “la Ley de Recursos Hídricos en su artículo 75º, reconoce las cabeceras de cuenca como zonas ambientalmente vulnerables, pudiendo inclusive declararse su intangibilidad”, y dado que “el Proyecto se desarrollará sobre una cabecera de cuenca que abastece a 5 microcuencas, se recomienda una mayor evaluación a través de un experto reconocido en la materia”.
Varias fuentes consultadas en el ministerio del Ambiente coincidieron en que el mejor calificado para esa misión sería el reconocido experto Axel Dourojeanni.
La intervención del ministerio del Ambiente en la evaluación del EIA del Proyecto Conga cambia en forma sustantiva los términos de la controversia sobre el Proyecto Conga. Las observaciones del ministerio encargado de la protección del medio ambiente obligan al Estado en su conjunto a demandar que las observaciones del Informe sean respondidas a cabalidad antes que el Proyecto pueda continuar.
El efecto más importante que debiera tener este Informe en lo inmediato sería bajar considerablemente la tensión social en Cajamarca y disminuir o terminar la confrontación. A la vez, ofrece al Gobierno, especialmente al presidente Humala, una vía racional para encaminar la regulación del Proyecto, promoviendo la inversión en tanto no signifique mutilación ambiental ni daños a la larga mayores que los beneficios de la explotación.
El informe, de once páginas acompañadas por un resumen de página y media, contiene graves objeciones ambientales al EIA del proyecto Conga, y contradice en forma contundente al ministerio de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, que declaró el 21 de noviembre que el EIA “es correcto y tiene el visto bueno del ministerio del Ambiente”.
Algunos de los más importantes comentarios y objeciones ambientales expresadas en el informe del ministro Giesecke – al que IDL-Reporteros tuvo acceso – son las siguientes:
• En el “tema del agua y la utilización de cuatro lagunas”, que “genera polémica y rechazo al proyecto en Cajamarca”, el informe subraya que el Proyecto Conga “transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios ecosistemas y fragmentando los restantes, de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible”.
• El informe revela que de las cuatro lagunas que se proyecta desaparecer, solo dos, Perol y Mala serán vaciadas para extraer el oro. Las otras dos, Azul y Chica, “serán vaciadas y utilizadas como depósitos de desmontes” [sic]. Es decir, que se secará dos lagunas para acumular desmonte sobre sus lechos.
• También indica el informe que “la evaluación de los humedales (lagunas altoandinas, bofedales) no se ha desarrollado en función a la fragilidad del ecosistema que se pretende intervenir”. En su visita a las lagunas el 2 de noviembre pasado, el ministro Giesecke dijo, según un despacho de Andina, que “los bofedales y las lagunas cumplen casi exactamente el mismo papel que los glaciares: son reguladores del agua… deshacernos de las lagunas y los bofedales es como meterle dinamita a los glaciares”. Ahora, el informe subraya que el EIA no consideró el efecto de ese dinamitazo ambiental.
• Según el informe del Ministerio del Ambiente, el EIA de Newmont/Yanacocha no considera “las microcuencas de manera integral”. Por eso, “el criterio y análisis de afectación a los caseríos y centros poblados debiera realizarse por cada microcuenca hidrográfica”.
• Según fuentes del Ministerio del Ambiente, el EIA identificó solo 32 caseríos como área de influencia del proyecto. Pero el Minan sostiene que son mucho más caseríos en tanto la cuenca es mayor.
• A la vez, el Informe sostiene que “la vulnerabilidad de la zona de emplazamiento del proyecto por ser una cabecera de cuenca requiere un análisis hidrológico e hidrogeológico detallado”. De hecho, añade, “no se han realizado estudios que de manera fehaciente demuestren que los depósitos de relaves no producirán filtraciones (…) riesgo potencial, toda vez que en el EIA se confirma la existencia de flujos hídricos subterráneos (…). Por ello, el EIA debió haber contemplado estudios complementarios que aclaren estos aspectos”.
• En cuanto a la valoración económica del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha, el informe presentado por el ministro Giesecke indica entre otras cosas que “la estimación del valor económico de la biodiversidad es insuficiente… una gran variedad de especies de flora y fauna que se han identificado en la zona …no ha sido valorada”. Según fuentes del MinAm, el EIA de Yanacocha solo valoró el impacto en la agricultura y ganadería y no el ambiental.
• El informe Giesecke indica también que “los US$86’000,000 de valor de reposición estimados en el EIA están subestimados; así, al eliminarse las lagunas y construirse un reservorio en su reemplazo no se está mitigando el impacto sino compensando solo el servicio de provisión hídrico, dejando de lado la compensación de los otros servicios ambientales perdidos”.
En las recomendaciones, el informe Giesecke sugiere que, en lugar de vaciar las lagunas Azul y Chica, para utilizar sus lechos como depósito de desmonte, “se evalúe la reubicación de dichos depósitos en zonas distintas a las ocupadas por dichas lagunas”.
En lo económico, recomienda que “los costos ambientales y sociales asociados al Proyecto Conga” sean “adecuadamente valorados en función a los impactos que éste generará en sus etapas de construcción, operación y cierre”.
A la vez, luego de puntualizar que “la Ley de Recursos Hídricos en su artículo 75º, reconoce las cabeceras de cuenca como zonas ambientalmente vulnerables, pudiendo inclusive declararse su intangibilidad”, y dado que “el Proyecto se desarrollará sobre una cabecera de cuenca que abastece a 5 microcuencas, se recomienda una mayor evaluación a través de un experto reconocido en la materia”.
Varias fuentes consultadas en el ministerio del Ambiente coincidieron en que el mejor calificado para esa misión sería el reconocido experto Axel Dourojeanni.
La intervención del ministerio del Ambiente en la evaluación del EIA del Proyecto Conga cambia en forma sustantiva los términos de la controversia sobre el Proyecto Conga. Las observaciones del ministerio encargado de la protección del medio ambiente obligan al Estado en su conjunto a demandar que las observaciones del Informe sean respondidas a cabalidad antes que el Proyecto pueda continuar.
El efecto más importante que debiera tener este Informe en lo inmediato sería bajar considerablemente la tensión social en Cajamarca y disminuir o terminar la confrontación. A la vez, ofrece al Gobierno, especialmente al presidente Humala, una vía racional para encaminar la regulación del Proyecto, promoviendo la inversión en tanto no signifique mutilación ambiental ni daños a la larga mayores que los beneficios de la explotación.
Publicado el Viernes 25 de noviembre, 2011 a las 21:01 | RSS 2.0.
Última actualización el Viernes 25 de noviembre, 2011 a las 23:38
Última actualización el Viernes 25 de noviembre, 2011 a las 23:38
viernes, 25 de noviembre de 2011
domingo, 20 de noviembre de 2011
20 de noviembre de 2011 - Diario La Repùblica.
Las lecciones valiosas de don Luis Bedoya Reyes.
Luis Bedoya Reyes, el fundador del PPC y uno de los políticos más importantes de la historia reciente del país, fue condecorado el viernes por el presidente Ollanta Humala con la Orden del Sol, y pronunció un discurso con mensajes y lecciones que, de ser seguidos, ayudarían mucho a que este lustro sea un período notable para el Perú.
La del viernes en Palacio fue una ceremonia magnífica. Primero, por la concurrencia plural en un contexto en el que el país necesita tender puentes entre sectores que piensan distinto. Segundo, sin duda, por el homenaje merecido a quien, como señaló el presidente Humala, el país le reconoce decencia, honestidad y defensa de la democracia. Tercero, porque el homenaje también habla bien del que le otorga la condecoración, el presidente Humala, pues proyecta espíritu de apertura.
“Es usted una caja de sorpresas, pero de sorpresas gratas, cada vez más firme y sereno”, le dijo Bedoya a Humala en un discurso notable en el que elogió su capacidad de lograr el aterrizaje de candidato a presidente: “Allí está la expresión más nítida de lo que es serenidad, ponderación y equilibrio; ojalá la siga luciendo por todos los años que le esperan”.
En un momento en el que el presidente Humala está en medio de definiciones cruciales sobre la estrategia a seguir en su gobierno con el fin de armonizar la inversión con la gente para concretar el ansiado crecimiento con inclusión social, y en el que el riesgo principal son las amenazas de los extremistas de ambos lados del tablero, el discurso de Bedoya es valioso pues transmite mensajes muy relevantes para varios destinatarios.
Primero, al país, al coincidir con el camino que Humala está escogiendo. Segundo, a Humala, al recomendarle que persevere en el camino de combinar “el progreso y la asimilación de los marginados”. Tercero, a su partido, el PPC, cuyo resultado electoral de ayer transmite su invicta vocación de perseverar en el error. Y, cuarto, a lo que Diario 16 llamó ayer, con acierto, “la derecha bruta”, es decir, esos sectores que se manifiestan a través de algunos medios que se niegan a reconocer el “reajuste” de Humala al que alude Bedoya y continúan con la misma guerra sucia y mentirosa que desarrollaron durante la campaña electoral. Ojalá que el mensaje llegue y sea bien entendido.
Volviendo al homenajeado, su discurso del viernes me produjo un sentimiento encontrado pues, siendo tan gratificante escucharlo, por comparación con la mayoría de políticos actuales, recuerda cuán bajo ha caído nuestra política.
Tengo la sensación de que Bedoya fue el gran presidente que el Perú se perdió en el siglo pasado y que su gobierno pudo habernos ahorrado el colapso que produjo la primera administración de Alan García, o ser el fujimorismo sin Fujimori, es decir, sin autocracia, corrupción ni violación de derechos humanos.
Caja de sorpresas
Por: Augusto Álvarez Rodrich
Las lecciones valiosas de don Luis Bedoya Reyes.
Luis Bedoya Reyes, el fundador del PPC y uno de los políticos más importantes de la historia reciente del país, fue condecorado el viernes por el presidente Ollanta Humala con la Orden del Sol, y pronunció un discurso con mensajes y lecciones que, de ser seguidos, ayudarían mucho a que este lustro sea un período notable para el Perú.
La del viernes en Palacio fue una ceremonia magnífica. Primero, por la concurrencia plural en un contexto en el que el país necesita tender puentes entre sectores que piensan distinto. Segundo, sin duda, por el homenaje merecido a quien, como señaló el presidente Humala, el país le reconoce decencia, honestidad y defensa de la democracia. Tercero, porque el homenaje también habla bien del que le otorga la condecoración, el presidente Humala, pues proyecta espíritu de apertura.
“Es usted una caja de sorpresas, pero de sorpresas gratas, cada vez más firme y sereno”, le dijo Bedoya a Humala en un discurso notable en el que elogió su capacidad de lograr el aterrizaje de candidato a presidente: “Allí está la expresión más nítida de lo que es serenidad, ponderación y equilibrio; ojalá la siga luciendo por todos los años que le esperan”.
En un momento en el que el presidente Humala está en medio de definiciones cruciales sobre la estrategia a seguir en su gobierno con el fin de armonizar la inversión con la gente para concretar el ansiado crecimiento con inclusión social, y en el que el riesgo principal son las amenazas de los extremistas de ambos lados del tablero, el discurso de Bedoya es valioso pues transmite mensajes muy relevantes para varios destinatarios.
Primero, al país, al coincidir con el camino que Humala está escogiendo. Segundo, a Humala, al recomendarle que persevere en el camino de combinar “el progreso y la asimilación de los marginados”. Tercero, a su partido, el PPC, cuyo resultado electoral de ayer transmite su invicta vocación de perseverar en el error. Y, cuarto, a lo que Diario 16 llamó ayer, con acierto, “la derecha bruta”, es decir, esos sectores que se manifiestan a través de algunos medios que se niegan a reconocer el “reajuste” de Humala al que alude Bedoya y continúan con la misma guerra sucia y mentirosa que desarrollaron durante la campaña electoral. Ojalá que el mensaje llegue y sea bien entendido.
Volviendo al homenajeado, su discurso del viernes me produjo un sentimiento encontrado pues, siendo tan gratificante escucharlo, por comparación con la mayoría de políticos actuales, recuerda cuán bajo ha caído nuestra política.
Tengo la sensación de que Bedoya fue el gran presidente que el Perú se perdió en el siglo pasado y que su gobierno pudo habernos ahorrado el colapso que produjo la primera administración de Alan García, o ser el fujimorismo sin Fujimori, es decir, sin autocracia, corrupción ni violación de derechos humanos.
sábado, 19 de noviembre de 2011
viernes, 18 de noviembre de 2011
jueves, 17 de noviembre de 2011
La justicia antes del juicio
La justicia antes del juicio
Buscando el equilibrio entre la impunidad y la inocencia.
Especialistas del Derecho Penal indican que son dos los errores en la administración de justicia que la sociedad repudia con mayor firmeza. El primero, la falta de castigo para el delincuente. Inmersos como estamos en una ola de creciente criminalidad, ejemplos de este rechazo abundan: ante la muerte del fotógrafo Ivo Dutra, el asalto en el que quedó herida la hija del congresista Reggiardo, el escalofriante suceso del hincha Walter Oyarce, e incluso la desaparición de Ciro Castillo, el conjunto de la sociedad clama por justicia; y por justicia debe entenderse sanción ejemplar y cárcel inmediata para los responsables.
Este clamor, justificado y correspondiente con un instinto natural que exige resarcir y castigar el daño, choca sin embargo con la cruda realidad de la carga procesal del sistema de justicia peruano: según cifras del Ministerio de Justicia, en el 2010 el tiempo promedio que debe transcurrir entre que se da inicio a un proceso penal y se obtiene una sentencia de primera instancia (es decir, que se determina judicialmente la culpabilidad o inocencia del imputado), es de 44 meses o casi 4 años para los procesos ordinarios, y 23 meses para los procesos ‘sumarios’. En aquellos distritos judiciales que ya operan según lo dispuesto por el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), norma llamada a reducir considerablemente los tiempos procesales y que viene siendo aplicada paulatinamente, el tiempo promedio para un proceso común es de 14 meses, y el de uno simplificado, 7 meses. La consecuencia de esto es evidente: aun bajo el NCPP, esa sociedad que exige justicia en el acto solo la verá llegar, en la mejor de las situaciones, 210 días después de cometido el delito, cuando la relación causal entre daño y castigo ha desaparecido ya del imaginario comunitario. Se torna imperativo, entonces, recurrir a medidas más inmediatas.
La prisión preventiva: precaución procesal o anticipo de penaCada nuevo delito refuerza el reclamo popular por ‘mano dura’. El NCPP, sin embargo, siguiendo criterios esencialmente iguales a los del Código anterior (y acordes con estándares internacionales), establece que una persona podrá ser enviada a prisión antes de ser sometida a juicio solo si se dan tres condiciones conjuntamente: primero, la existencia de “fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor” (artículo 268.°, 1, a, NCPP); segundo, que la sanción por imponerse sea superior a cuatro años de prisión; y, tercero, que se pueda inferir razonablemente que el imputado intentará evadir a la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad, sea escondiendo evidencia, amenazando testigos u otros. En otras palabras: la prisión preventiva como medida cautelar puede ser impuesta únicamente cuando existe un temor fundado de que el juicio corre peligro de no poder realizarse en condiciones normales, y nunca como castigo anticipado para el malhechor.
Esto no es fácil de interiorizar. En el afán popular de ver que el sistema responde ante la comisión de un crimen, será siempre muy complicado que se acepte la prisión preventiva únicamente como precaución contra un posible riesgo procesal, y desechar su concepción más rudimentaria y a la que recurre el ciudadano común: a la prisión va el culpable; permitir la libertad a esperas del juicio equivale a impunidad. La cuestión consiste en si jueces y fiscales, quienes deben operar con absoluta independencia y únicamente de acuerdo con lo que dice la ley, se muestran conscientes de este clamor popular y actúan o no en concordancia con él. Los primeros acercamientos al tema, en el marco de una investigación en profundidad en curso, proveen de algunas luces en ambos sentidos.
El solo hecho de que una persona esté afrontando un proceso penal en prisión llevará a una mayoría a considerar que sí cometió el delito y, por tanto, merece condena.
Primero: cuestionada una pequeña pero importante selección de actores judiciales sobre los criterios que, en los hechos, utilizan fiscales y jueces para solicitar e imponer (respectivamente) prisión preventiva a imputados, una facción apuntó como elemento predominante a la gravedad del delito cometido y la extensión de la pena para el caso en cuestión (léase, la prisión o libertad se determina según el tipo de delito imputado). El peligro procesal, verdadera raison d’être de la prisión preventiva, sería complementario o, en casos extremos, descartado del todo. También hicieron mención de una dificultad material de parte de los fiscales de probar fehacientemente en la audiencia, para la gran mayoría de sus casos, el peligro de fuga o la posibilidad de que el imputado interfiera en la actividad probatoria, lo que obliga al juez a ser “flexible” en la interpretación del peligro procesal como supuesto y así poder imponer prisión al imputado. En sentido contrario, otro grupo explicó cómo, en su experiencia, la gravedad de la pena sí puede ejercer como un importante motor de fuga, al hacer notar claras diferencias de comportamiento entre imputados enfrentando penas potenciales de pocos o muchos años de cárcel.
Un segundo punto sería la identificación y el grado de influencia de una variedad de factores extralegales que afectan la toma de decisiones sobre la libertad o prisión de un acusado. Aquí, algunos jueces, fiscales y abogados señalaron claramente a la prensa como el “más relevante y de mayor impacto”, un actor “agresivo” de primer orden con el que algunos evitan la confrontación, y cuyos editoriales —constantemente a favor de más ‘mano dura’— ejercerían una gran presión sobre el accionar de actores judiciales. Un efecto intimidatorio similar tendría otros elementos que afectan gravemente las decisiones de jueces y fiscales, tales como la posibilidad de sanción proveniente de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y la interferencia de autoridades de otros poderes del Estado. Otros actores judiciales fueron claros en señalar que, si bien admitían la existencia de dichos factores, no veían que jueces o fiscales se dejaran influenciar por ellos en sus decisiones cotidianas.
Tercero, valdría la pena mencionar, si bien pendientes de confirmación cuantitativa, las expresiones de algunos entrevistados respecto de dos puntos adicionales. Uno, el hecho de que apelar una decisión sobre prisión preventiva sería efectivo mayormente cuando ésta no ha sido concedida por el juez (el juez de apelación “corregirá” y la impondrá en la mayoría de casos), mientras que resultaría menos efectivo apelar cuando sí ha sido impuesta (el juez de apelación difícilmente variará la medida). Dos, la opinión de que las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, las que podrían resultar suficientes para garantizar un juicio con todas las garantías, son consideradas ineficientes, principalmente por una falta de supervisión de su cumplimiento.
La etapa de la inocenciaEl segundo error más repudiado por la sociedad en lo que a administración de justicia se refiere es la encarcelación de un inocente. La libertad, después de la vida, es el bien más universalmente valorado y uno de los derechos humanos fundamentales. Aun así, alrededor del 60% de las personas actualmente recluidas en una cárcel peruana son imputadas en prisión preventiva (según datos del INPE), o, lo que es legalmente equivalente, inocentes hasta que, meses después, se demuestre (o no) lo contrario. Sobre el particular, distintos estudios realizados en otros países reflejan que estas personas, en su condición de presos sin condena, tienen una mucho más alta probabilidad de ser encontrados culpables al final del proceso que aquéllos que, acusados de los mismos delitos y de características similares en todos los demás aspectos, afrontan el proceso en libertad (cf. Rankin 1964).
La explicación es múltiple: primero, la condición de detenido en prisión es un estigma excepcionalmente difícil de ignorar y que influye psicológicamente a jueces y juega siempre en contra del imputado. A través de casos ficticios (con alto control del flujo de información entregada a los encuestados), y utilizando como único dato diferenciador la libertad o prisión del acusado, se ha demostrado que el solo hecho de que una persona esté afrontando un proceso penal en prisión llevará a una mayoría a considerar que sí cometió el delito y, por tanto, merece condena, situación que se invierte cuando los datos señalan (y es ésta la única diferencia en la información entregada) que el imputado afronta el caso en libertad (cf. Koza y Doob 1974).
Segundo, privar a una persona de su libertad tiene también consecuencias prácticas: en cualquier proceso penal será inevitable que una persona en prisión tenga mucho menos tiempo de acceso a su abogado defensor y de preparación de su caso, en comparación con sus pares en libertad. Esta situación se vuelve especialmente crítica en el caso de presos que no cuentan con familiares o una red de apoyo fuera de la cárcel, como se ha podido observar con presas extranjeras que esperan condena en el penal Santa Mónica. ‘Empujar un caso’ desde dentro, con escaso acceso al abogado o ayuda del exterior y sujeto a las restricciones y horarios propios del funcionamiento de una cárcel, es claramente una tarea titánica que pone en clara desventaja al imputado preso frente al sistema de justicia (y a aquellos reos en libertad).
Repudios y deberesLa realidad, entonces, exige del Estado, a través de sus jueces y fiscales, un delicadísimo ejercicio de equilibrio de deberes: por un lado, cumplir con la responsabilidad de perseguir eficazmente el delito, para lo cual podrá recurrirse a la prisión preventiva con el fin de garantizar que el juicio pueda llevarse a cabo en presencia del imputado y con la evidencia intacta; por el otro, cumplir también con el deber primordial de proteger la libertad del ciudadano como derecho fundamental, y, por tanto, solo aplicar la medida cautelar cuando se vuelve estrictamente necesario. El ejercicio es sumamente complejo, pero el mandato es claro: evitar que el rechazo actual a la impunidad del delincuente se convierta en la semilla de un repudio futuro a la encarcelación de inocentes.
martes, 15 de noviembre de 2011
Oro y cenizas
15 de noviembre de 2011 _ Diario La Repùblica
En Chile una empresa angloaustraliana, la Anglo American Sur, decidió hace poco vender sus acciones a la japonesa Mitsubishi pasando por encima del derecho de la estatal chilena Codelco (la mayor productora de cobre del mundo, que entre el 2005 y el 2010 aportó al Estado cerca de 40 mil millones de dls. netos de impuestos y utilidades), que tiene la primera opción para adquirir los activos de la empresa en venta. La respuesta del Estado chileno ha sido contundente: el presidente del Senado, Guido Girardi, dijo que el Parlamento tomará las medidas necesarias para defender el interés nacional y añadió que en su opinión la compañía británica debiera abandonar el país.
Los parlamentarios, por otra parte, no se quedaron atrás: expresaron su solidaridad con Codelco, y “su apoyo a la decisión de defender la opción de compra del 49% de los activos de la filial chilena de Anglo American, Anglo American Sur, que la británica vendió a la japonesa Mitsubishi por US $ 5.390 millones”. Esta posición fue respaldada por el presidente Sebastián Piñera, quien anunció que su gobierno hará “todo lo que sea necesario” para defender los “legítimos intereses” nacionales (Eva Vergara, LR, 13/11/11).
Lo interesante de esta noticia es que ratifica que en Chile la defensa de los intereses nacionales frente a la prepotencia de una empresa multinacional no es una bandera solo de la izquierda sino pertenece a todo el espectro político. Allí la derecha es nacionalista y no se escucha –como aquí– a líderes políticos y periodistas llamando a allanarse incondicionalmente a las exigencias de las corporaciones “para no ahuyentar a la inversión” y a meter bala “para restablecer el principio de autoridad”, en defensa de intereses ajenos a los de las mayorías nacionales. En Chile la inversión extranjera es, por supuesto, bienvenida, pero no incondicionalmente. Se exige, como debe ser, una relación justa, respetuosa y de mutuo beneficio, que cautele los intereses nacionales recurriendo a las medidas necesarias para garantizarlo. La unidad de los chilenos es un capital fundamental cuando de negociar se trata, porque allí la derecha no funciona de quinta columna, poniéndose la camiseta extranjera para jugar contra el propio país.
Este es un ejemplo que debiera tenerse en cuenta cuando en nuestro país se discute la complicada relación entre la explotación minera y el desarrollo, y especialmente cuando entramos a un periodo marcado por el desembalse de los conflictos sociales acumulados y el sector donde los enfrentamientos son más intensos es el minero. Según el último reporte de la Defensoría alrededor de un 60% de los conflictos en curso son de naturaleza medioambiental.
Hace unos años dos amigas antropólogas –norteamericana una, inglesa la otra– viajaron a Cerro de Pasco para conocer el legendario cerro mineral. Regresaron profundamente impresionadas. Conocían otros centros mineros del mundo y nunca habían visto tal desproporción entre la riqueza que la región ha venido aportando al país desde fines del siglo XVII y la miserable vida de sus habitantes, desalojados una y otra vez de sus viviendas a medida que el tajo abierto impone destruir el pueblo y mudarlo a otro emplazamiento, siempre provisional.
A los pésimos precedentes históricos que han jalonado la historia de la relación entre las explotaciones mineras y las poblaciones locales se añade ahora la crisis medioambiental que afecta al mundo. La defensa del agua, por ejemplo, no atañe solo a las poblaciones vecinas a los proyectos mineros que se vienen negociando sino compromete un recurso estratégico que tiene que ser defendido pensando en nuestro porvenir como sociedad.
¿Significa esto proscribir la actividad minera? No. Significa exigir que las empresas se comprometan a hacer la inversión adicional que demanda el cumplimiento de las normativas que aseguren que no se va a realizar una explotación depredadora. Y reprimir la minería informal cuando esta amenace el equilibrio ambiental, como se ha hecho con las dragas de Madre de Dios. Bienvenida la inversión extranjera, pero no a cualquier precio.
Por: Nelson Manrique
En Chile una empresa angloaustraliana, la Anglo American Sur, decidió hace poco vender sus acciones a la japonesa Mitsubishi pasando por encima del derecho de la estatal chilena Codelco (la mayor productora de cobre del mundo, que entre el 2005 y el 2010 aportó al Estado cerca de 40 mil millones de dls. netos de impuestos y utilidades), que tiene la primera opción para adquirir los activos de la empresa en venta. La respuesta del Estado chileno ha sido contundente: el presidente del Senado, Guido Girardi, dijo que el Parlamento tomará las medidas necesarias para defender el interés nacional y añadió que en su opinión la compañía británica debiera abandonar el país.
Los parlamentarios, por otra parte, no se quedaron atrás: expresaron su solidaridad con Codelco, y “su apoyo a la decisión de defender la opción de compra del 49% de los activos de la filial chilena de Anglo American, Anglo American Sur, que la británica vendió a la japonesa Mitsubishi por US $ 5.390 millones”. Esta posición fue respaldada por el presidente Sebastián Piñera, quien anunció que su gobierno hará “todo lo que sea necesario” para defender los “legítimos intereses” nacionales (Eva Vergara, LR, 13/11/11).
Lo interesante de esta noticia es que ratifica que en Chile la defensa de los intereses nacionales frente a la prepotencia de una empresa multinacional no es una bandera solo de la izquierda sino pertenece a todo el espectro político. Allí la derecha es nacionalista y no se escucha –como aquí– a líderes políticos y periodistas llamando a allanarse incondicionalmente a las exigencias de las corporaciones “para no ahuyentar a la inversión” y a meter bala “para restablecer el principio de autoridad”, en defensa de intereses ajenos a los de las mayorías nacionales. En Chile la inversión extranjera es, por supuesto, bienvenida, pero no incondicionalmente. Se exige, como debe ser, una relación justa, respetuosa y de mutuo beneficio, que cautele los intereses nacionales recurriendo a las medidas necesarias para garantizarlo. La unidad de los chilenos es un capital fundamental cuando de negociar se trata, porque allí la derecha no funciona de quinta columna, poniéndose la camiseta extranjera para jugar contra el propio país.
Este es un ejemplo que debiera tenerse en cuenta cuando en nuestro país se discute la complicada relación entre la explotación minera y el desarrollo, y especialmente cuando entramos a un periodo marcado por el desembalse de los conflictos sociales acumulados y el sector donde los enfrentamientos son más intensos es el minero. Según el último reporte de la Defensoría alrededor de un 60% de los conflictos en curso son de naturaleza medioambiental.
Hace unos años dos amigas antropólogas –norteamericana una, inglesa la otra– viajaron a Cerro de Pasco para conocer el legendario cerro mineral. Regresaron profundamente impresionadas. Conocían otros centros mineros del mundo y nunca habían visto tal desproporción entre la riqueza que la región ha venido aportando al país desde fines del siglo XVII y la miserable vida de sus habitantes, desalojados una y otra vez de sus viviendas a medida que el tajo abierto impone destruir el pueblo y mudarlo a otro emplazamiento, siempre provisional.
A los pésimos precedentes históricos que han jalonado la historia de la relación entre las explotaciones mineras y las poblaciones locales se añade ahora la crisis medioambiental que afecta al mundo. La defensa del agua, por ejemplo, no atañe solo a las poblaciones vecinas a los proyectos mineros que se vienen negociando sino compromete un recurso estratégico que tiene que ser defendido pensando en nuestro porvenir como sociedad.
¿Significa esto proscribir la actividad minera? No. Significa exigir que las empresas se comprometan a hacer la inversión adicional que demanda el cumplimiento de las normativas que aseguren que no se va a realizar una explotación depredadora. Y reprimir la minería informal cuando esta amenace el equilibrio ambiental, como se ha hecho con las dragas de Madre de Dios. Bienvenida la inversión extranjera, pero no a cualquier precio.
Ollanta: los días que vienen
06 de noviembre de 2011
El presidente Humala llega a los cien días de su gobierno con la puesta en marcha de Pensión 65, una de las promesas bandera de la campaña que lo llevó a Palacio de Gobierno. Otras ofertas cumplidas son el aumento de la remuneración mínima vital en su primer tramo (el segundo debe salir en enero próximo), el impuesto a las ganancias mineras y la promulgación de la Ley de Consulta Previa que estuvo archivada por cinco años. Lo del gas del lote 88 para el mercado peruano –que debía lanzarse en estos días– sigue en compás de espera. Las negociaciones con el consorcio de Camisea, pese a los esfuerzos del gobierno, aún no arrojan un resultado concreto por la reticencia de uno de los socios del conglomerado empresarial. Es verdad que cien días es un periodo corto para juzgar el gobierno de OH, pero sí, tal vez, el suficiente para hablar de alguno de los desafíos que tiene por delante en los más de 1,500 días que le quedan. Y, claro, también de sus errores.
El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) –Desarrollo Humano 2011– plantea un reto al presidente Humala, mucho más cuando la inclusión social es el eje central de su discurso. El documento revela la enorme desigualdad social que existe en nuestro país, lejos por supuesto de las cifras oficiales que exhibía García a cada momento para decirnos que el “Perú avanza”. Lo concreto es que tenemos un 19,9% de pobres multidimensionales, lo que nos ubica, como país, en el antepenúltimo lugar.
A diferencia de los que nos dicen los defensores del modelo, el estudio del PNUD recuerda que la cobertura de un consumo mínimo –pobreza multidimensional– no es sinónimo de que las personas dejen de ser pobres. Son familias en las que están ausentes la educación, la salud y un adecuado nivel de vida. El Nobel de Economía Amartya Sen propone que los Estados deberían preocuparse por contribuir a establecer una especie de primer piso en el que los niños tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo , y luego en una segunda fase cada uno avance según su capacidad o inteligencia. Hoy en el Perú millones niños no reciben una educación adecuada que los prepare para la universidad o una carrera técnica. La desnutrición y la mortalidad infantil siguen siendo uno de los males de nuestros infantes, y las familias viven en condiciones extremas, con viviendas de estera y sin servicios de agua y electricidad.
Otro desafío son los conflictos sociales que tiene en camino, en su mayoría vinculados al medio ambiente. El más reciente es el proyecto minero Conga que enfrenta a los comuneros de Celendín con la minera Yanacocha. Pero más allá están los de Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua. Cada uno con su propia agenda. Hasta ahora el gobierno ha buscado hallar una solución a través del diálogo, pero aún no sabemos cómo reaccionará cuando veamos a los campesinos tomar las carreteras.
Los puntos débiles de este gobierno están en lo político. Los escándalos de corrupción que afectan a varios de sus congresistas y el caso Chehade han mellado su mensaje de lucha anticorrupción. El Presidente ha preferido responder estos casos con twitters y hablando poco, en un estilo opuesto al de su antecesor, pero, tal vez, sus asesores deberían decirle que hay momentos en los que un líder o un presidente no puede esconderse en el mutismo. El caso Chehade requiere una solución política porque empaña su actividad como gobernante. Tal vez el camino esté en lo que plantea Javier Diez Canseco en licenciar a su segundo vicepresidente hasta que concluyan las investigaciones en el Congreso y la Fiscalía. Lo que no puede hacer es obviar el problema. Hasta el próximo domingo.
Ollanta: los días que vienen
Por: Carlos Castro
El presidente Humala llega a los cien días de su gobierno con la puesta en marcha de Pensión 65, una de las promesas bandera de la campaña que lo llevó a Palacio de Gobierno. Otras ofertas cumplidas son el aumento de la remuneración mínima vital en su primer tramo (el segundo debe salir en enero próximo), el impuesto a las ganancias mineras y la promulgación de la Ley de Consulta Previa que estuvo archivada por cinco años. Lo del gas del lote 88 para el mercado peruano –que debía lanzarse en estos días– sigue en compás de espera. Las negociaciones con el consorcio de Camisea, pese a los esfuerzos del gobierno, aún no arrojan un resultado concreto por la reticencia de uno de los socios del conglomerado empresarial. Es verdad que cien días es un periodo corto para juzgar el gobierno de OH, pero sí, tal vez, el suficiente para hablar de alguno de los desafíos que tiene por delante en los más de 1,500 días que le quedan. Y, claro, también de sus errores.
El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) –Desarrollo Humano 2011– plantea un reto al presidente Humala, mucho más cuando la inclusión social es el eje central de su discurso. El documento revela la enorme desigualdad social que existe en nuestro país, lejos por supuesto de las cifras oficiales que exhibía García a cada momento para decirnos que el “Perú avanza”. Lo concreto es que tenemos un 19,9% de pobres multidimensionales, lo que nos ubica, como país, en el antepenúltimo lugar.
A diferencia de los que nos dicen los defensores del modelo, el estudio del PNUD recuerda que la cobertura de un consumo mínimo –pobreza multidimensional– no es sinónimo de que las personas dejen de ser pobres. Son familias en las que están ausentes la educación, la salud y un adecuado nivel de vida. El Nobel de Economía Amartya Sen propone que los Estados deberían preocuparse por contribuir a establecer una especie de primer piso en el que los niños tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo , y luego en una segunda fase cada uno avance según su capacidad o inteligencia. Hoy en el Perú millones niños no reciben una educación adecuada que los prepare para la universidad o una carrera técnica. La desnutrición y la mortalidad infantil siguen siendo uno de los males de nuestros infantes, y las familias viven en condiciones extremas, con viviendas de estera y sin servicios de agua y electricidad.
Otro desafío son los conflictos sociales que tiene en camino, en su mayoría vinculados al medio ambiente. El más reciente es el proyecto minero Conga que enfrenta a los comuneros de Celendín con la minera Yanacocha. Pero más allá están los de Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua. Cada uno con su propia agenda. Hasta ahora el gobierno ha buscado hallar una solución a través del diálogo, pero aún no sabemos cómo reaccionará cuando veamos a los campesinos tomar las carreteras.
Los puntos débiles de este gobierno están en lo político. Los escándalos de corrupción que afectan a varios de sus congresistas y el caso Chehade han mellado su mensaje de lucha anticorrupción. El Presidente ha preferido responder estos casos con twitters y hablando poco, en un estilo opuesto al de su antecesor, pero, tal vez, sus asesores deberían decirle que hay momentos en los que un líder o un presidente no puede esconderse en el mutismo. El caso Chehade requiere una solución política porque empaña su actividad como gobernante. Tal vez el camino esté en lo que plantea Javier Diez Canseco en licenciar a su segundo vicepresidente hasta que concluyan las investigaciones en el Congreso y la Fiscalía. Lo que no puede hacer es obviar el problema. Hasta el próximo domingo.
Ya estuvo bueno...
15 de noviembre de 2011 - Diario La Repùblica
El presidente debe hablar con energía sobre Chehade.
Desde que se destapó el escándalo de las citas indebidas del aún vicepresidente Omar Chehade, hace casi un mes, no ha habido ninguna información relevante que apuntale su inocencia y, por el contrario, todo lo que se sigue conociendo ratifica su culpabilidad.
Aunque Chehade trate de aferrarse al cargo como sea, creyendo que eso le permitirá una mejor defensa de la cena que organizó en Las Brujas de Cachiche con su hermano, un amigo, y tres generales a los que pretendió comprometer para favorecer los intereses del Grupo Wong, los hechos confirman que el vicepresidente ha mentido.
Ello ha debilitado aún más su frágil situación política y judicial en un contexto en el que han aparecido más indicios de otras acciones indebidas. Además, Chehade ha constituido una ‘portátil’ para apuntalar su estrategia, como la que lo acompaña cuando va al Congreso, o con la que pretende inundar los programas radiales en los que participa la audiencia.
Si el gobierno quiso ayudarlo al inicio, pronto se quebró la confianza cuando Chehade demostró que estaba dispuesto a comprometer al presidente o al premier, entre otros, con el fin de salvarse mediante la táctica de meter más gente a su bote.
Desde entonces, varios del gobierno –el presidente, el premier, la primera dama o la mayoría de la bancada de Gana Perú– han tomado distancia del vicepresidente. Incluso, el jefe del Estado le solicitó directamente que dé un paso al costado, una manera elegante de decirle que se quite.
El presidente de la República no tiene la capacidad de destituir al vicepresidente. Por ello, Ollanta Humala hizo bien al plantear, el domingo antepasado, que Chehade diera un paso al costado voluntario, que naciera de él mismo.
Pero a Chehade no le entran balas, y su terquedad se ha convertido hoy en un factor que desgasta al gobierno, distrae su atención, y mella el liderazgo que el jefe del Estado necesita para afrontar asuntos complejos como la conflictividad social.
Por ello, ya es hora de que el presidente Humala hable con más claridad y energía, que ofrezca al país disculpas por designar a alguien que traicionó su confianza, que le retire todas las gollerías vicepresidenciales, y que le exija al Congreso que actúe con celeridad y rigor en este caso.
A pesar de todo, si algo bueno deja este escándalo frustrante de ver a alguien que estuvo comprometido con que se haga justicia a un corrupto como Alberto Fujimori, es que recuerda que corrupción hay en todos lados, en todos los partidos e ideologías, y que nunca se debe bajar la guardia para combatir a esta inmundicia que depreda los recursos que se necesitan para combatir a la pobreza y para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Ya estuvo bueno...
Por: Augusto Álvarez Rodrich
El presidente debe hablar con energía sobre Chehade.
Desde que se destapó el escándalo de las citas indebidas del aún vicepresidente Omar Chehade, hace casi un mes, no ha habido ninguna información relevante que apuntale su inocencia y, por el contrario, todo lo que se sigue conociendo ratifica su culpabilidad.
Aunque Chehade trate de aferrarse al cargo como sea, creyendo que eso le permitirá una mejor defensa de la cena que organizó en Las Brujas de Cachiche con su hermano, un amigo, y tres generales a los que pretendió comprometer para favorecer los intereses del Grupo Wong, los hechos confirman que el vicepresidente ha mentido.
Ello ha debilitado aún más su frágil situación política y judicial en un contexto en el que han aparecido más indicios de otras acciones indebidas. Además, Chehade ha constituido una ‘portátil’ para apuntalar su estrategia, como la que lo acompaña cuando va al Congreso, o con la que pretende inundar los programas radiales en los que participa la audiencia.
Si el gobierno quiso ayudarlo al inicio, pronto se quebró la confianza cuando Chehade demostró que estaba dispuesto a comprometer al presidente o al premier, entre otros, con el fin de salvarse mediante la táctica de meter más gente a su bote.
Desde entonces, varios del gobierno –el presidente, el premier, la primera dama o la mayoría de la bancada de Gana Perú– han tomado distancia del vicepresidente. Incluso, el jefe del Estado le solicitó directamente que dé un paso al costado, una manera elegante de decirle que se quite.
El presidente de la República no tiene la capacidad de destituir al vicepresidente. Por ello, Ollanta Humala hizo bien al plantear, el domingo antepasado, que Chehade diera un paso al costado voluntario, que naciera de él mismo.
Pero a Chehade no le entran balas, y su terquedad se ha convertido hoy en un factor que desgasta al gobierno, distrae su atención, y mella el liderazgo que el jefe del Estado necesita para afrontar asuntos complejos como la conflictividad social.
Por ello, ya es hora de que el presidente Humala hable con más claridad y energía, que ofrezca al país disculpas por designar a alguien que traicionó su confianza, que le retire todas las gollerías vicepresidenciales, y que le exija al Congreso que actúe con celeridad y rigor en este caso.
A pesar de todo, si algo bueno deja este escándalo frustrante de ver a alguien que estuvo comprometido con que se haga justicia a un corrupto como Alberto Fujimori, es que recuerda que corrupción hay en todos lados, en todos los partidos e ideologías, y que nunca se debe bajar la guardia para combatir a esta inmundicia que depreda los recursos que se necesitan para combatir a la pobreza y para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Chehade 2012
15 de noviembre de 2011 - Diario La Repùblica.
Cuando parecía que ya habíamos escuchado lo último sobre el segundo vicepresidente Omar Chehade, este vaticina su renacimiento político en un programa dominical de TV y captura tres primeras planas el lunes. Chehade se declara inocente y afirma que una quincena de palos en la prensa no es imposible de remontar.
Mientras tanto hay sectores que le reclaman a Ollanta Humala ser mucho más duro con Chehade, y llegan a insinuar que el abogado simplemente está chantajeando a su antiguo cliente. Afirman que haberle sugerido la renuncia no es suficiente. Son palabras fuertes cuyo efecto es colocar, sin argumentos, al presidente entre la espada y la pared.
Una fórmula que han encontrado algunos comentaristas es el ostracismo, es decir que el Ejecutivo desvista a Chehade de todos sus derechos como vicepresidente y lo vuelva un paria presupuestal, sin automóvil, seguridad, ubicación en el protocolo. En la medida que esto último significa acceso a Palacio, debemos pensar que ya lo ha perdido.
Pero algo nos dice que todo eso no va a ser castigo suficiente para los indignados con el tema. Además Chehade parece haberle tomado el gusto a su papel de inculpado desafiante que lucha por establecer su inocencia, una figura que por lo que vamos viendo podría mantenerlo en la noticia por un largo tiempo.
Es cierto que mientras Humala espera, si esa es la palabra, el Congreso va avanzando con un proceso de desafuero que de concretarse desembocaría en el Poder Judicial. Pero con un Chehade dispuesto a dar la pelea, ese proceso puede ser muy largo y confuso, con Humala sometido a críticas por el tema durante todo ese tiempo.
Un tema que merece atención especial es la confianza de Chehade en que el tiempo está jugando a su favor. Quizás esto tiene que ver con la idea de que Humala es el primer interesado en que el caso desaparezca de las pantallas. O con la idea de que la conversación civil-policial en el restaurante es su único predicamento.
El asunto aquí es que el periodismo puesto a hurgar es una máquina impredecible, y si el caso Andahuasi no termina pronto, le pueden empezar a salir hijuelos polémicos por todas partes. Como abogado que es, Chehade tiene que tener claro este asunto, que suele definirse mediante la frase de que siempre es mejor un mal arreglo que un buen juicio.
La mejor salida para Humala es hacerse la idea de que el caso ha dejado de ser una confrontación personal entre él y Chehade. Sin el vínculo con el presidente Chehade simplemente no existe en la política, lo cual ha sido el caso de todo vicepresidente, acusado o no. Quienes buscan ese tipo de sangre en esta temporada siempre pueden dirigirse a la plaza de Acho.
Chehade 2012
Por: Mirko Lauer
Cuando parecía que ya habíamos escuchado lo último sobre el segundo vicepresidente Omar Chehade, este vaticina su renacimiento político en un programa dominical de TV y captura tres primeras planas el lunes. Chehade se declara inocente y afirma que una quincena de palos en la prensa no es imposible de remontar.
Mientras tanto hay sectores que le reclaman a Ollanta Humala ser mucho más duro con Chehade, y llegan a insinuar que el abogado simplemente está chantajeando a su antiguo cliente. Afirman que haberle sugerido la renuncia no es suficiente. Son palabras fuertes cuyo efecto es colocar, sin argumentos, al presidente entre la espada y la pared.
Una fórmula que han encontrado algunos comentaristas es el ostracismo, es decir que el Ejecutivo desvista a Chehade de todos sus derechos como vicepresidente y lo vuelva un paria presupuestal, sin automóvil, seguridad, ubicación en el protocolo. En la medida que esto último significa acceso a Palacio, debemos pensar que ya lo ha perdido.
Pero algo nos dice que todo eso no va a ser castigo suficiente para los indignados con el tema. Además Chehade parece haberle tomado el gusto a su papel de inculpado desafiante que lucha por establecer su inocencia, una figura que por lo que vamos viendo podría mantenerlo en la noticia por un largo tiempo.
Es cierto que mientras Humala espera, si esa es la palabra, el Congreso va avanzando con un proceso de desafuero que de concretarse desembocaría en el Poder Judicial. Pero con un Chehade dispuesto a dar la pelea, ese proceso puede ser muy largo y confuso, con Humala sometido a críticas por el tema durante todo ese tiempo.
Un tema que merece atención especial es la confianza de Chehade en que el tiempo está jugando a su favor. Quizás esto tiene que ver con la idea de que Humala es el primer interesado en que el caso desaparezca de las pantallas. O con la idea de que la conversación civil-policial en el restaurante es su único predicamento.
El asunto aquí es que el periodismo puesto a hurgar es una máquina impredecible, y si el caso Andahuasi no termina pronto, le pueden empezar a salir hijuelos polémicos por todas partes. Como abogado que es, Chehade tiene que tener claro este asunto, que suele definirse mediante la frase de que siempre es mejor un mal arreglo que un buen juicio.
La mejor salida para Humala es hacerse la idea de que el caso ha dejado de ser una confrontación personal entre él y Chehade. Sin el vínculo con el presidente Chehade simplemente no existe en la política, lo cual ha sido el caso de todo vicepresidente, acusado o no. Quienes buscan ese tipo de sangre en esta temporada siempre pueden dirigirse a la plaza de Acho.
lunes, 14 de noviembre de 2011
domingo, 13 de noviembre de 2011
sábado, 12 de noviembre de 2011
Hora de decisiones
Publicado: Sábado 12 de noviembre del 2011 | Columnistas y Colaboradores | Imprimir | Compartir | 191 Lecturas
Arturo Belaunde Guzmán
Opinión
Un segundo vicepresidente que, lejos de asumir el costo de una conducta inadecuada, desafía abiertamente la autoridad y el liderazgo del Jefe de Estado, agravando una crisis que generó con ese comportamiento, y se niega a dar el paso al costado que el mandatario le ha pedido en forma por demás considerada, teniendo en cuenta las circunstancias y el costo político del escándalo desatado, al desacreditar y mellar la credibilidad de la principal bandera y el principal compromiso del gobierno, el de la lucha a muerte contra la corrupción.Opinión
Una bancada oficialista que parece no estar consciente de la gravedad de la situación y parece asumir la misma actitud política de inconducente espíritu de cuerpo, navegando ambiguamente en el límite entre el respaldo a la demanda presidencial, el apego a los principios y la defensa del proyecto político que exige el sentido de responsabilidad histórico, de un lado, y del otro el apoyo eventualmente irreflexivo al correligionario caído en desgracia por su propia responsabilidad.
Un panorama social que tiende a hacerse cada vez más conflictivo, con importantes protestas regionales que tienen a la controvertida actividad minera como denominador común y que deben solucionarse con fórmulas democráticas que concilien los intereses de las comunidades con la necesidad de inversiones para el desarrollo del país, sin procedimientos compulsivos como los que caracterizaron a la gestión gubernativa precedente.
Un bloque opositor a ultranza que trata de aprovechar esos y otros problemas e incrementarlos azuzando donde sea posible, distorsionando donde haya oportunidad o mintiendo donde las circunstancias lo permitan, en una campaña en extremo conservadora que no busca soluciones patrióticas y de consenso, sino que quiere el desgaste del gobierno, para ponerle fin al cambio responsable y en democracia, por resistencias a las transformaciones que el país necesita y la ciudadanía demanda.
Semejante panorama exige tomar decisiones, ajenas a la desesperación pero con la prontitud que la delicada situación exige, para solucionar los problemas mencionados, entre otros que obstaculizan el avance del proceso de cambio responsable y democrático. Deberán ser soluciones basadas en la autoridad que la mayoría nacional ha conferido a quienes nos gobiernan desde el 28 de julio, que solucionen los problemas, soluciones quirúrgicas allí donde parece no haber más remedio, y producto de la negociación y la concertación de intereses, así como de la atención a las demandas populares, en casos como el de los conflictos sociales.
El país necesita soluciones que pongan en evidencia la decisión de seguir adelante con el proceso de cambio en democracia y defenderlo de sus enemigos externos y de sus problemas internos, a tono con lo que exigen la ciudadanía y la historia
Lagunas versus reservorios
PUNTOS A FAVOR Y EN CONTRA "
Cajamarquinos en lucha por el agua.
“¿En qué parte del mundo destruir una laguna para construir un reservorio va a ser una práctica responsable?”, dicen defensores del agua. “El reservorio garantiza agua para todo el año”, indican defensores de reservorios.El antagonismo sin cuartel entre la defensa del agua, vital para la preservación del ecosistema, y la actividad minera que, a su vez, genera divisas al país, ha empezado. Tras cumplirse los primeros cien días de gobierno del presidente Ollanta Humala, su régimen ahora enfrenta cuatro protestas simultáneas en tres regiones del país, todas ellas vinculadas al desarrollo de proyectos mineros.
En todas ellas, sus respectivas poblaciones exigen la anulación de los proyectos mineros que están afectando las mismas fuentes de agua. Y, ante esta situación, las compañías mineras, secundadas por su matriz, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y energía (SNMPE), han propuesto como una pretendida alternativa a la utilización, por la actividad minera, de las lagunas y demás fuentes acuíferas, la construcción de reservorios para, supuestamente, garantizar el abastecimiento del recurso vital.
Así, Yanacocha y su proyecto minero Conga, defiende esta “alternativa” que –a su juicio- paliaría el uso indiscriminado de las cuatro lagunas cajamarquinas amenazadas por sus futuras actividades extractivas.
En su blog “El agua primero, la mina después”, el proyecto Conga resalta las presuntas bondades para las comunidades rurales de Cajamarca y sus principales ciudades, que significaría la construcción de tres reservorios (Perol, Inferior y Chailhuagón), lo mismos que, precisa, son diques.
“¿Qué es un dique? Sobre las quebradas naturales, vamos a construir compuertas con válvulas que permitirán almacenar el agua en época de lluvias. Entonces, el agua se almacena sobre la misma quebrada y las condiciones del lugar se van a mantener básicamente iguales. Lo más importante es que los campesinos van a contar con agua en época seca”, pontifica el blog de Conga.
En la otra orilla, se encuentra la población, autoridades y el conjunto de la sociedad civil de las áreas urbanas y rurales de Cajamarca que defienden la intangibilidad de los recursos acuíferos, principalmente de las zonas de cabecera de las cuencas hídricas. Estos comprenden, específicamente, las lagunas naturales Mala, Chailhuagón (o Chica), Azul y Perol.
Al respecto, Milton Sánchez, secretario de la Plataforma Institucional de Celendín, que agrupa alrededor de 22 organizaciones civiles de la localidad, cuestiona la viabilidad del proyecto de construcción de reservorios, planteado por Yanacocha, al advertir que dicha obra afectará seriamente las cuencas de los ríos Chirimayo, Chugurmayo y Jadibamba, que proveen agua para la agricultura, ganadería y –sobre todo- para su propio consumo humano.
“¿En qué parte del mundo destruir una laguna para construir un reservorio va a ser una práctica responsable?.... No nos engañemos, una laguna natural jamás va a poder ser reemplazada…“No pueden jugar a ser Dios”, remarca.
De similar parecer fue Marco Arana, asesor de la ONG ambientalista ‘Grufides’, quien expresó su escepticismo ante esta “propuesta” faraónica. “Yanacocha no ha venido a cosechar agua, ha venido a sacar oro”, alertó.
Consideró que los ingenieros de la transnacional Yanacocha parten de una idea equivocada: “Ellos creen que una laguna es un balde en el que puedes pasar de un lado para otro… (Pero) una laguna es un ecosistema”, apunta.
Arana se enfocó en una problemática global. “No se pueden destruir las fuentes naturales de agua, justamente cuando el cambio climático exige conservarlas”, remarcó. Tras referir que en estos años en que Cajamarca sufre de sequías recurrentes y las lluvias son escasas, alertó que un proyecto de esta envergadura produciría un impacto ambiental muy grave.
“Dicen que van a trasvasar las lagunas y llevarán sus aguas a cuatro reservorios. En realidad van a destruir las lagunas, deberían decirlo claramente. No pueden garantizar la calidad y cantidad de agua para las poblaciones de las partes bajas. También destruirán humedales, que son zonas de recarga de las lagunas. ¿Cómo las repondrán? Están en peligro las veinte lagunas que existen en la circunscripción del proyecto”, alerta.
Por su parte, el burgomaestre de la Municipalidad Delegada de Huambocancha (Cajamarca), Gómer Cueva, refirió que el problema de fondo en la región es la calidad y cantidad del agua, al indicar que “no es posible que Yanacocha esté utilizando 890 litros por segundo y que para el resto de Cajamarca nos deje 125 a 180 litros por segundo”.
Javier Soto Redacción
Lagunas versus reservorios
PUNTOS A FAVOR Y EN CONTRA "
Cajamarquinos en lucha por el agua.
“¿En qué parte del mundo destruir una laguna para construir un reservorio va a ser una práctica responsable?”, dicen defensores del agua. “El reservorio garantiza agua para todo el año”, indican defensores de reservorios.El antagonismo sin cuartel entre la defensa del agua, vital para la preservación del ecosistema, y la actividad minera que, a su vez, genera divisas al país, ha empezado. Tras cumplirse los primeros cien días de gobierno del presidente Ollanta Humala, su régimen ahora enfrenta cuatro protestas simultáneas en tres regiones del país, todas ellas vinculadas al desarrollo de proyectos mineros.
En todas ellas, sus respectivas poblaciones exigen la anulación de los proyectos mineros que están afectando las mismas fuentes de agua. Y, ante esta situación, las compañías mineras, secundadas por su matriz, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y energía (SNMPE), han propuesto como una pretendida alternativa a la utilización, por la actividad minera, de las lagunas y demás fuentes acuíferas, la construcción de reservorios para, supuestamente, garantizar el abastecimiento del recurso vital.
Así, Yanacocha y su proyecto minero Conga, defiende esta “alternativa” que –a su juicio- paliaría el uso indiscriminado de las cuatro lagunas cajamarquinas amenazadas por sus futuras actividades extractivas.
En su blog “El agua primero, la mina después”, el proyecto Conga resalta las presuntas bondades para las comunidades rurales de Cajamarca y sus principales ciudades, que significaría la construcción de tres reservorios (Perol, Inferior y Chailhuagón), lo mismos que, precisa, son diques.
“¿Qué es un dique? Sobre las quebradas naturales, vamos a construir compuertas con válvulas que permitirán almacenar el agua en época de lluvias. Entonces, el agua se almacena sobre la misma quebrada y las condiciones del lugar se van a mantener básicamente iguales. Lo más importante es que los campesinos van a contar con agua en época seca”, pontifica el blog de Conga.
En la otra orilla, se encuentra la población, autoridades y el conjunto de la sociedad civil de las áreas urbanas y rurales de Cajamarca que defienden la intangibilidad de los recursos acuíferos, principalmente de las zonas de cabecera de las cuencas hídricas. Estos comprenden, específicamente, las lagunas naturales Mala, Chailhuagón (o Chica), Azul y Perol.
Al respecto, Milton Sánchez, secretario de la Plataforma Institucional de Celendín, que agrupa alrededor de 22 organizaciones civiles de la localidad, cuestiona la viabilidad del proyecto de construcción de reservorios, planteado por Yanacocha, al advertir que dicha obra afectará seriamente las cuencas de los ríos Chirimayo, Chugurmayo y Jadibamba, que proveen agua para la agricultura, ganadería y –sobre todo- para su propio consumo humano.
“¿En qué parte del mundo destruir una laguna para construir un reservorio va a ser una práctica responsable?.... No nos engañemos, una laguna natural jamás va a poder ser reemplazada…“No pueden jugar a ser Dios”, remarca.
De similar parecer fue Marco Arana, asesor de la ONG ambientalista ‘Grufides’, quien expresó su escepticismo ante esta “propuesta” faraónica. “Yanacocha no ha venido a cosechar agua, ha venido a sacar oro”, alertó.
Consideró que los ingenieros de la transnacional Yanacocha parten de una idea equivocada: “Ellos creen que una laguna es un balde en el que puedes pasar de un lado para otro… (Pero) una laguna es un ecosistema”, apunta.
Arana se enfocó en una problemática global. “No se pueden destruir las fuentes naturales de agua, justamente cuando el cambio climático exige conservarlas”, remarcó. Tras referir que en estos años en que Cajamarca sufre de sequías recurrentes y las lluvias son escasas, alertó que un proyecto de esta envergadura produciría un impacto ambiental muy grave.
“Dicen que van a trasvasar las lagunas y llevarán sus aguas a cuatro reservorios. En realidad van a destruir las lagunas, deberían decirlo claramente. No pueden garantizar la calidad y cantidad de agua para las poblaciones de las partes bajas. También destruirán humedales, que son zonas de recarga de las lagunas. ¿Cómo las repondrán? Están en peligro las veinte lagunas que existen en la circunscripción del proyecto”, alerta.
Por su parte, el burgomaestre de la Municipalidad Delegada de Huambocancha (Cajamarca), Gómer Cueva, refirió que el problema de fondo en la región es la calidad y cantidad del agua, al indicar que “no es posible que Yanacocha esté utilizando 890 litros por segundo y que para el resto de Cajamarca nos deje 125 a 180 litros por segundo”.
Javier Soto Redacción
Reconocen al presidente Humala como líder de economía emergente
APLAUSOS PARA EL PERÚ
El jefe del Estado presente en cumbre de líderes de APEC.
Durante la presentación peruana en la XIX Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), en Honolulú, Hawái.El presidente Ollanta Humala fue reconocido ayer como nuevo líder del referido foro, durante la presentación peruana como una de las tres economías emergentes de la cuenca Asia Pacífico, en la XIX Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), en la ciudad de Honolulú, Hawái.
Durante el almuerzo del Comité Organizador de la cumbre, el presidente Humala y su homólogo de Vietnam, Truong Tan Sang, recibieron esa distinción. En el evento participaron la esposa del presidente, Nadine Heredia, y los ministros Luis Miguel Castilla de Economía, José Luis Silva Martinot de Comercio Exterior y Turismo, y el embajador del Perú en Estados Unidos, Harold Forsyth.
Poco antes, Humala se reunió con inversionistas estadounidenses integrantes de la Coalición de Negocios US-APEC, ante quienes hizo una presentación sobre el panorama económico del Perú y las oportunidades de negocios en el país.
Esta reunión se realizó en el Waiana’e Room del hotel Sheraton Waikiki, de la ciudad de Honolulú, con la participación del ministro de Economía, Luis Miguel Castilla.
POR TWITTERHumala arribó el jueves a la isla, acompañado de su esposa Nadine Heredia y el canciller Rafael Roncagliolo. El mandatario peruano envió un mensaje a las grandes transnacionales que desean invertir y participar en algún proceso extractivo en el Perú, a través de su cuenta oficial en Twitter. “Buscaremos inversiones comprometidas con el medioambiente que impulsen la inclusión y el desarrollo social”, escribió. Con ello, buscaría prevenir situaciones como las de Cajamarca, Andahuaylas y Huaraz.
El presidente del Consejo Consultivo Empresarial de APEC en Perú, Juan Francisco Raffo, dijo que los empresarios que participan en las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), previas a la Cumbre de Líderes, observan a Perú como un modelo de buen manejo fiscal para contrarrestar la crisis global.
Destacó que los empresarios e inversionistas de APEC felicitaron a Perú luego de conocerse la noticia de que la agencia calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings elevó la calificación de la deuda peruana en moneda extranjera con perspectiva estable.
“Justo en momentos en que se debaten problemas serios en Italia y Grecia, Fitch subió la calificación a Perú y el país es visto como ejemplo de cómo la recesión se puede controlar en los países que manejan bien sus cuentas fiscales y que es posible que las economías sean inmunes a la recesión”, dijo.
Asimismo resaltó la presentación que realizó el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, ante los inversionistas de APEC, en la que efectuó un recuento de las oportunidades de inversión en Perú.
Recordó que Perú es la segunda economía de mayor crecimiento en la Cuenca del Pacífico, es una de las que más crece en recepción de inversión directa extranjera y se presenta con muy buen panorama.
Cumbre extraordinaria de Unasur
Venezuela será sede de una cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), los días 2 y 3 de diciembre, para evaluar la integración regional y las acciones frente a la crisis externa, anunció ayer en Lima la secretaria general, María Emma Mejía
Responsabiliza a Hidalgo por pérdida de USB
YONHY LESCANO ANTE JUEZ
El parlamentario Yonhy Lescano acusó ayer al exjefe de la Dirandro y exministro de Alan García, Miguel Hidalgo, de ser el responsable de la pérdida y manipulación de los cuatro USB de la exejecutiva de Business Track (BTR), Giselle Giannotti, en el juicio oral referido al chuponeo.
“Hidalgo era el jefe de la operación (investigación a los directivos de BTR) y sabía de sus pormenores. Además, según lo que dijeron el jefe de la Policía Mauro Remicio Morales y el exministro Remigio Hernani, le daba cuenta solo al expresidente García”, afirmó Lescano.
Lescano, miembro de la comisión investigadora del anterior Parlamento que investigó la desaparición de los dispositivos electrónicos de Giannotti, ratificó entonces que hubo una sustracción de esos USB, suscitada entre el periodo comprendido del 8 al 23 de enero de 2009, día de la detención de Giannotti y fecha de la entrega de los mismos a la Fiscalía, respectivamente.
“Emitimos un dictamen en minoría de que hubo irregularidades porque se le incautó a Giannotti dos USB Memorex plomo y la Policía entregó a la Fiscalía 2 USB con tapa transparente, y lo mismo con 2 USB Boston Tecnologies, según las pericias hechas en el Poder Judicial”, afirmó.
Sostuvo que en las pérdidas de los USB de Giannotti hubo dolo, cuyo fin habría sido desaparecer audios de conversaciones referidas a presuntos actos de corrupción del gobierno de García. Lescano sustentó su versión con el reporte de llamadas de salida del celular de la fiscal Vanesa Araníbar a la embajada de los Estados Unidos, y que ella se ha resistido a explicar.
“La Policía y la Fiscalía que estuvieron a cargo de la seguridad de los bienes, saben qué paso con los USB que presuntamente tenían las conversaciones de los negociados de los funcionarios del gobierno de García. Esos USB fueron groseramente cambiados y están en poder de alguien”, aseveró.
El juez del caso referido al chuponeo, Iván Sequeiros, criticó las atribuciones que se toma el Congreso en materia de investigación sobre procesos particulares, y sobre la pérdida de los USB de Giannotti, consideró que las conclusiones del informe presentado por Lescano son subjetivas.
“Las investigaciones del Congreso interfieren las labores del Ministerio Público y a veces malogran los procesos judiciales. El Congreso se inmiscuye en investigaciones criminales y sus informes son basados en testimonios ilegalmente recibidos”, le dijo Sequeiros a Lescano.
A lo que Lescano, tras criticar la labor de la Fiscalía de tomar espíritu de cuerpo en este proceso, respondió: “El acto de desaparecer USB es un acto de corrupción. Y sobre esta investigación, usted señor juez, tiene la potestad de valorarlas o no. Pero esta investigación es objetiva, basada en un hecho concreto”.
Al final, Lescano lamentó que el grupo de trabajo del que formó parte no haya podido completar su trabajo debido a la falta de tiempo. “Pero no se preocupe, señor juez, en la megacomisión, en la cual investigaremos diversos temas, vamos a completarla”, sentenció el congresista.
Henry CamposRedacción
El parlamentario Yonhy Lescano acusó ayer al exjefe de la Dirandro y exministro de Alan García, Miguel Hidalgo, de ser el responsable de la pérdida y manipulación de los cuatro USB de la exejecutiva de Business Track (BTR), Giselle Giannotti, en el juicio oral referido al chuponeo.
“Hidalgo era el jefe de la operación (investigación a los directivos de BTR) y sabía de sus pormenores. Además, según lo que dijeron el jefe de la Policía Mauro Remicio Morales y el exministro Remigio Hernani, le daba cuenta solo al expresidente García”, afirmó Lescano.
Lescano, miembro de la comisión investigadora del anterior Parlamento que investigó la desaparición de los dispositivos electrónicos de Giannotti, ratificó entonces que hubo una sustracción de esos USB, suscitada entre el periodo comprendido del 8 al 23 de enero de 2009, día de la detención de Giannotti y fecha de la entrega de los mismos a la Fiscalía, respectivamente.
“Emitimos un dictamen en minoría de que hubo irregularidades porque se le incautó a Giannotti dos USB Memorex plomo y la Policía entregó a la Fiscalía 2 USB con tapa transparente, y lo mismo con 2 USB Boston Tecnologies, según las pericias hechas en el Poder Judicial”, afirmó.
Sostuvo que en las pérdidas de los USB de Giannotti hubo dolo, cuyo fin habría sido desaparecer audios de conversaciones referidas a presuntos actos de corrupción del gobierno de García. Lescano sustentó su versión con el reporte de llamadas de salida del celular de la fiscal Vanesa Araníbar a la embajada de los Estados Unidos, y que ella se ha resistido a explicar.
“La Policía y la Fiscalía que estuvieron a cargo de la seguridad de los bienes, saben qué paso con los USB que presuntamente tenían las conversaciones de los negociados de los funcionarios del gobierno de García. Esos USB fueron groseramente cambiados y están en poder de alguien”, aseveró.
El juez del caso referido al chuponeo, Iván Sequeiros, criticó las atribuciones que se toma el Congreso en materia de investigación sobre procesos particulares, y sobre la pérdida de los USB de Giannotti, consideró que las conclusiones del informe presentado por Lescano son subjetivas.
“Las investigaciones del Congreso interfieren las labores del Ministerio Público y a veces malogran los procesos judiciales. El Congreso se inmiscuye en investigaciones criminales y sus informes son basados en testimonios ilegalmente recibidos”, le dijo Sequeiros a Lescano.
A lo que Lescano, tras criticar la labor de la Fiscalía de tomar espíritu de cuerpo en este proceso, respondió: “El acto de desaparecer USB es un acto de corrupción. Y sobre esta investigación, usted señor juez, tiene la potestad de valorarlas o no. Pero esta investigación es objetiva, basada en un hecho concreto”.
Al final, Lescano lamentó que el grupo de trabajo del que formó parte no haya podido completar su trabajo debido a la falta de tiempo. “Pero no se preocupe, señor juez, en la megacomisión, en la cual investigaremos diversos temas, vamos a completarla”, sentenció el congresista.
Henry CamposRedacción
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