Entre lo deseable y lo posible
Así, las metas que el Gobierno de Ollanta Humala se ha trazado de aquí al 2016 son ambiciosas: crecimiento continuo del PBI de al menos 6% anual; mantener bajas tasas de inflación; preservar el equilibrio fiscal y un bajo nivel de endeudamiento; reducir la incidencia de la pobreza total a menos del 20% y la de la pobreza extrema a menos del 5%; aminorar la desnutrición crónica infantil a menos del 10%; duplicar el número de hogares rurales con electricidad, entre otras. En verdad, cumplir con la mitad de estas metas debería bastar y sobrar para que el de Ollanta figure como uno de los mejores gobiernos que el Perú ha tenido. Lógicamente, cabe preguntarse cuánto de estos objetivos será posible alcanzar en este quinquenio, considerando las enormes expectativas creadas entre la población, particularmente en las regiones del interior.
En ese sentido, un factor crítico que no se debe descuidar es el preocupante contexto externo, pues con cada día que pasa se hace más patente la desaceleración global, que, combinada con la turbulencia en los mercados financieros internacionales, ya está impactándonos y, sin duda, nos impactara aun más en lo que queda del 2011 y en el 2012. Dada nuestra situación de país exportador de materias primas, está claro que la caída en la demanda y en los precios de nuestras exportaciones va a ser un golpe que no va a ser fácil esquivar o absorber.
De modo que el margen con que cuenta el Gobierno para actuar es relativamente reducido si lo comparamos con la situación con la que se encontró Alan García en el 2006: una economía boyante y una inmejorable posición para realizar las reformas que había prometido en la campaña electoral. Y sin embargo, García renegó de su palabra y optó por el continuismo. Hoy en día, con una crisis mundial en ciernes, no son pocas las voces que instan a Humala a “no hacer olas”, a mantener el statu quo y a patear las reformas para “más adelante”. Ojalá esas voces que apuestan por el conformismo no sean oídas, pues si algo urge en el Perú es la realización de cambios de fondo en áreas clave como la política tributaria, el régimen laboral, la descentralización fiscal o la lucha contra la corrupción, por citar solo algunos casos.
El acuerdo recientemente alcanzado entre el Gobierno y el sector minero para establecer un tributo sobre las sobreganancias es en esa línea un logro importante, que debería permitir acceder a recursos suficientes para financiar algunos —no todos— de los compromisos asumidos en materia social, en el campo del desarrollo productivo, en metas de expansión de los servicios públicos, etcétera. Y es que si bien hay, hermanos, muchísimo por hacer, también es cierto que en este momento no abundan los recursos para hacer mucho.
Hoy en día, con una crisis mundial en ciernes, no son pocas las voces que instan a Humala a “no hacer olas”, a mantener el statu quo y a patear las reformas para “más adelante”. Ojalá esas voces que apuestan por el conformismo no sean oídas, pues si algo urge en el Perú es la realización de cambios de fondo.
A modo de referencia, puede mencionarse que los ingresos que se recaudarán de las sobreganancias mineras deberían ascender a aproximadamente US$1.000 millones de dólares anuales; es decir, el equivalente a poco más del 0,5% del PBI. Sin embargo, el cumplimiento de las demandas de sectores claves rebasan largamente esas cifras. Por ejemplo, solo para cumplir con el compromiso mínimo de financiamiento de la educación que se estableció en el Acuerdo Nacional, debería dotarse a este sector con recursos adicionales equivalentes a 3% del PBI, en tanto que la inversión en ciencia y tecnología podría demandar otro 2% del PBI. En otras palabras, solo para atender adecuadamente a esos dos sectores claves para nuestro desarrollo, requerimos diez veces lo que se espera obtener de la tributación proveniente de las sobreganancias mineras.
Este desfase entre las metas propuestas y los recursos que van a exigir se agrava si consideramos otras demandas pendientes: el déficit de inversión en infraestructura (transporte, comunicaciones, electricidad, agua potable, etcétera) se estimó en el 2008 en no menos de US$37 mil millones de dólares. Incluso si asumimos que parte de esa enorme demanda será cubierta a través de proyectos privados, la realidad es que el Estado deberá hacer enormes desembolsos en este rubro en los próximos años. ¿De dónde saldrá el cuero para tantas correas?
La respuesta a esa pregunta dependerá de la política tributaria que aplique el Gobierno: si es constante y decidida, habrá recursos; si es tímida y estática, no los habrá. Considerando que el MEF oficialmente ha propuesto elevar la presión tributaria de los actuales niveles (que oscilan entre 14% y 15% del PBI) a un mínimo del 18% del PBI para el 2016, se puede decir que la apuesta es por una política tributaria decidida. Sin embargo, para que ello se cristalice será necesaria una profunda reforma del sistema impositivo, lo que debería incluir la eliminación de indebidas exoneraciones, revitalizar la lucha contra la informalidad, ampliar el universo de contribuyentes, y la revisión integral de las tasas de pago de impuestos de los sectores más acomodados.
Sin duda, la oposición de los sectores afectados por una mayor tributación y fiscalización será muy fuerte, y en algunos casos el Gobierno tendrá que proceder con prudencia en el desmontaje de algunas exoneraciones al pago de impuestos, que si bien desde un punto de vista técnico no se justifican, tienen, sin embargo, un trasfondo político complejo. Ejemplo de lo anterior son las exoneraciones al IGV e ISC sobre los combustibles en la Amazonía o al acondicionamiento de vehículos importados usados en la Zona Franca de Tacna. Es pues evidente que el tributario será uno de los campos de batalla en los que se decidirá el destino de la política económica del Gobierno.
De igual forma, la reforma del régimen laboral, incluyendo la mejora de las condiciones de trabajo y la revisión de las remuneraciones, así como el incremento de la productividad, es un tema que no se puede dejar de lado si pretendemos pasar a un esquema de crecimiento y desarrollo basado menos en los vaivenes de los mercados internacionales y más en el fortalecimiento de la demanda interna, a partir de las mejoras de los ingresos y las condiciones de vida de millones de trabajadores peruanos.
En suma, al cumplir su primer mes al frente del Estado, el balance en lo económico para el Gobierno de Ollanta es, para qué, bastante bueno: los iniciales temores e incertidumbres de determinados sectores del empresariado se están calmando; se han logrado algunos acuerdos importantes con la minería y otros sectores económicos relevantes, y se ha creado una expectativa favorable entre la ciudadanía. Si en lo que queda de este año y el próximo se consigue preservar el crecimiento, al mismo tiempo que se establece una dinámica de reformas reales, asegurando el necesario financiamiento para ello, entonces estaremos bien encaminados por una senda de crecimiento más racional e inclusivo, y con buenas perspectivas de que lo deseable sea posible, y que las metas al 2016 se alcancen. Pero eso, solo el tiempo lo dirá.
Este desfase entre las metas propuestas y los recursos que van a exigir se agrava si consideramos otras demandas pendientes: el déficit de inversión en infraestructura (transporte, comunicaciones, electricidad, agua potable, etcétera) se estimó en el 2008 en no menos de US$37 mil millones de dólares. Incluso si asumimos que parte de esa enorme demanda será cubierta a través de proyectos privados, la realidad es que el Estado deberá hacer enormes desembolsos en este rubro en los próximos años. ¿De dónde saldrá el cuero para tantas correas?
La respuesta a esa pregunta dependerá de la política tributaria que aplique el Gobierno: si es constante y decidida, habrá recursos; si es tímida y estática, no los habrá. Considerando que el MEF oficialmente ha propuesto elevar la presión tributaria de los actuales niveles (que oscilan entre 14% y 15% del PBI) a un mínimo del 18% del PBI para el 2016, se puede decir que la apuesta es por una política tributaria decidida. Sin embargo, para que ello se cristalice será necesaria una profunda reforma del sistema impositivo, lo que debería incluir la eliminación de indebidas exoneraciones, revitalizar la lucha contra la informalidad, ampliar el universo de contribuyentes, y la revisión integral de las tasas de pago de impuestos de los sectores más acomodados.
Sin duda, la oposición de los sectores afectados por una mayor tributación y fiscalización será muy fuerte, y en algunos casos el Gobierno tendrá que proceder con prudencia en el desmontaje de algunas exoneraciones al pago de impuestos, que si bien desde un punto de vista técnico no se justifican, tienen, sin embargo, un trasfondo político complejo. Ejemplo de lo anterior son las exoneraciones al IGV e ISC sobre los combustibles en la Amazonía o al acondicionamiento de vehículos importados usados en la Zona Franca de Tacna. Es pues evidente que el tributario será uno de los campos de batalla en los que se decidirá el destino de la política económica del Gobierno.
De igual forma, la reforma del régimen laboral, incluyendo la mejora de las condiciones de trabajo y la revisión de las remuneraciones, así como el incremento de la productividad, es un tema que no se puede dejar de lado si pretendemos pasar a un esquema de crecimiento y desarrollo basado menos en los vaivenes de los mercados internacionales y más en el fortalecimiento de la demanda interna, a partir de las mejoras de los ingresos y las condiciones de vida de millones de trabajadores peruanos.
En suma, al cumplir su primer mes al frente del Estado, el balance en lo económico para el Gobierno de Ollanta es, para qué, bastante bueno: los iniciales temores e incertidumbres de determinados sectores del empresariado se están calmando; se han logrado algunos acuerdos importantes con la minería y otros sectores económicos relevantes, y se ha creado una expectativa favorable entre la ciudadanía. Si en lo que queda de este año y el próximo se consigue preservar el crecimiento, al mismo tiempo que se establece una dinámica de reformas reales, asegurando el necesario financiamiento para ello, entonces estaremos bien encaminados por una senda de crecimiento más racional e inclusivo, y con buenas perspectivas de que lo deseable sea posible, y que las metas al 2016 se alcancen. Pero eso, solo el tiempo lo dirá.
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