Actualidad | Octubre 23, 2011
Diario 16
El tema de las instituciones educativas privadas en el Perú tiene varias aristas. Por un lado, está el reclamo de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES) frente a la intención del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de derogar la Ley 29766, que los obligaría a pagar en forma retroactiva el 30% de crédito tributario establecido desde 1999.
De otro lado, el MEF alega que la exoneración tributaria culminó ese año y que la Ley 29766, aprobada antes de culminar el gobierno anterior, es inconstitucional porque es retroactiva y viola el Código Tributario.
En medio de la disputa, la última edición de la revista ‘Semana Económica’ reveló un aspecto interesante que caracteriza a las Instituciones Educativas Privadas (IEP): su vinculación con el poder político. El artículo ‘Los zares de la educación’ señala que, según cifras del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu), que depende de la Asamblea Nacional de Rectores, por lo menos el 30% de las universidades con permiso definitivo han sido fundadas por políticos.
El artículo analiza dos grandes grupos de empresarios educativos vinculados a la política: Uno, integrado por los empresarios que tras posicionarse en el sector educativo deciden incursionar en la política, y el otro, de políticos que deciden invertir su dinero en la creación de universidades.
En el primer grupo se menciona a César Acuña, fundador del Consorcio Universitario César Vallejo-Señor de Sipán, y a Roger Amuruz, creador del grupo IDAT y UTP. En el segundo, señalan a José Luna Gálvez, ex congresista de Solidaridad Nacional y fundador de la Universidad Telesup, y a José Luis Elías Ávalos, congresista fujimorista dueño de la Universidad San Juan Bautista.
Sin embargo, el planteamiento principal es qué les motiva a estos empresarios a dedicarse a la política. Según el vicepresidente del Consejo Nacional de Educación (CNE), Hugo Díaz, los empresarios se encontrarían reacios a que se modernice la Ley Universitaria “porque no se quiere un sistema más riguroso de exigencia de calidad”.
En este sentido, mediante su participación política buscarían protegerse de eventuales iniciativas de cambio en las reglas de juego en el tema de calidad, y también en materia de propiedad y rentabilidad.
INVERSIÓN
De otro lado, el artículo plantea las motivaciones para invertir en Educación Superior. En primer lugar, debido al desarrollo tecnológico dado a partir de 1980, que permitió que los altos costos administrativos se reduzcan sustancialmente. Pone como ejemplo a la Universidad San Martín de Porres, que desde 2004 registró un crecimiento anual promedio de 8%.
Sin embargo, el incentivo mayor es el crédito tributario de 30% al que acceden las empresas que reinvierten sus utilidades en educación y “que actualmente está en el ojo de la tormenta en el Congreso”, tal como informó a Diario16, ayer, el presidente de FIPES, Luis Bustamante Belaunde.
Para la Presidenta del Conafu, Martha Tapia, hay políticos y empresarios solos que entran al tema universitario, pero se debe dar fuerza al tema de la acreditación para que sobrevivan solo las instituciones con calidad educativa.
Finalmente, lo importante sería que las oportunidades empresariales en el sector educativo logren buenas rentas, como han demostrado en los últimos años y, a la vez, se eleve la calidad educativa.
De otro lado, el MEF alega que la exoneración tributaria culminó ese año y que la Ley 29766, aprobada antes de culminar el gobierno anterior, es inconstitucional porque es retroactiva y viola el Código Tributario.
En medio de la disputa, la última edición de la revista ‘Semana Económica’ reveló un aspecto interesante que caracteriza a las Instituciones Educativas Privadas (IEP): su vinculación con el poder político. El artículo ‘Los zares de la educación’ señala que, según cifras del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu), que depende de la Asamblea Nacional de Rectores, por lo menos el 30% de las universidades con permiso definitivo han sido fundadas por políticos.
El artículo analiza dos grandes grupos de empresarios educativos vinculados a la política: Uno, integrado por los empresarios que tras posicionarse en el sector educativo deciden incursionar en la política, y el otro, de políticos que deciden invertir su dinero en la creación de universidades.
En el primer grupo se menciona a César Acuña, fundador del Consorcio Universitario César Vallejo-Señor de Sipán, y a Roger Amuruz, creador del grupo IDAT y UTP. En el segundo, señalan a José Luna Gálvez, ex congresista de Solidaridad Nacional y fundador de la Universidad Telesup, y a José Luis Elías Ávalos, congresista fujimorista dueño de la Universidad San Juan Bautista.
Sin embargo, el planteamiento principal es qué les motiva a estos empresarios a dedicarse a la política. Según el vicepresidente del Consejo Nacional de Educación (CNE), Hugo Díaz, los empresarios se encontrarían reacios a que se modernice la Ley Universitaria “porque no se quiere un sistema más riguroso de exigencia de calidad”.
En este sentido, mediante su participación política buscarían protegerse de eventuales iniciativas de cambio en las reglas de juego en el tema de calidad, y también en materia de propiedad y rentabilidad.
INVERSIÓN
De otro lado, el artículo plantea las motivaciones para invertir en Educación Superior. En primer lugar, debido al desarrollo tecnológico dado a partir de 1980, que permitió que los altos costos administrativos se reduzcan sustancialmente. Pone como ejemplo a la Universidad San Martín de Porres, que desde 2004 registró un crecimiento anual promedio de 8%.
Sin embargo, el incentivo mayor es el crédito tributario de 30% al que acceden las empresas que reinvierten sus utilidades en educación y “que actualmente está en el ojo de la tormenta en el Congreso”, tal como informó a Diario16, ayer, el presidente de FIPES, Luis Bustamante Belaunde.
Para la Presidenta del Conafu, Martha Tapia, hay políticos y empresarios solos que entran al tema universitario, pero se debe dar fuerza al tema de la acreditación para que sobrevivan solo las instituciones con calidad educativa.
Finalmente, lo importante sería que las oportunidades empresariales en el sector educativo logren buenas rentas, como han demostrado en los últimos años y, a la vez, se eleve la calidad educativa.
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