Diario La Primera.
El problema planteado por las resistencias de la empresa Telefónica del Perú a pagar una deuda por tributos pendientes de hace una década ha puesto sobre el tapete la necesidad de que haya un trato igualitario con todos aquellos que, según las normas tributarias, tienen obligaciones que deben honrar, en plazos perentorios y bajo amenaza de clausura y otras drásticas medidas.
En el tema que nos compete, destacados parlamentarios y expertos tributaristas han señalado que tal proceder implacable, adoptado desde la perspectiva de un país que requiere del aporte de ciudadanos y empresas para su desarrollo y para dar mejores servicios, Educación, salud y seguridad al país, es detenido por empresas poderosas que apelan a los tribunales para postergar por largo tiempo y acaso dejar sin efecto el cobro.
Lamentablemente, no siempre los jueces actúan con plena eficiencia y justicia y, lejos de aplicar la ley con frialdad y sin titubeos, permiten interpretaciones convenientes para los morosos y subterfugios de abogados diestros en estos menesteres, para eludir la obligación establecida.
En tales vericuetos hay siempre sospechas de corrupción, un mal que afecta a virtualmente todas las instituciones y del que de ninguna manera está exento el Poder Judicial, en el que son recurrentes los casos de fallos escandalosos, muchas veces reñidos con el sentido común y sobre todo con la justicia.
Todo indica que el estado peruano y sobre todo la Sunat han defendido con celo y decisión los intereses del país en esta controversia, que debe resolverse, sobre todo, con respeto y sometimiento a las leyes nacionales.
Tal solución debe darse, como saludablemente ha dicho la empresa, mediante la conciliación, planteamiento que perdería fuerza de ser cierto que Telefónica ha demandado internacionalmente al estado peruano ante la máxima instancia arbitral internacional para inversiones.
La empresa ha negado la demanda, aunque difícilmente esta podría prosperar, habida cuenta que los arbitrajes se caracterizan por respetar las leyes tributarias y rara vez aceptan que estas sean cuestionadas por los inversionistas.
La superación del conflicto debe prescindir también de maniobras mediáticas y, muy especialmente, de intromisiones diplomáticas en lo que debe mantenerse como una controversia entre el estado peruano y una empresa privada extranjera.
Ha sido impertinente la no desmentida presión del embajador de España a favor de Telefónica, que ha sido respondida por el presidente de la República, según un informe periodístico, con el firme señalamiento de que esa empresa debe pagar sus impuestos, como todos.
De lo contrario, afirman parlamentarios entendidos en el tema, el Estado no debería renovar las concesiones que permiten a la citada compañía obtener grandes utilidades, a las que tiene derecho en virtud de las reglas de juego fijadas por gobiernos anteriores, justas o no, pero por las que debe pagar los tributos establecidos por las leyes nacionales
En el tema que nos compete, destacados parlamentarios y expertos tributaristas han señalado que tal proceder implacable, adoptado desde la perspectiva de un país que requiere del aporte de ciudadanos y empresas para su desarrollo y para dar mejores servicios, Educación, salud y seguridad al país, es detenido por empresas poderosas que apelan a los tribunales para postergar por largo tiempo y acaso dejar sin efecto el cobro.
Lamentablemente, no siempre los jueces actúan con plena eficiencia y justicia y, lejos de aplicar la ley con frialdad y sin titubeos, permiten interpretaciones convenientes para los morosos y subterfugios de abogados diestros en estos menesteres, para eludir la obligación establecida.
En tales vericuetos hay siempre sospechas de corrupción, un mal que afecta a virtualmente todas las instituciones y del que de ninguna manera está exento el Poder Judicial, en el que son recurrentes los casos de fallos escandalosos, muchas veces reñidos con el sentido común y sobre todo con la justicia.
Todo indica que el estado peruano y sobre todo la Sunat han defendido con celo y decisión los intereses del país en esta controversia, que debe resolverse, sobre todo, con respeto y sometimiento a las leyes nacionales.
Tal solución debe darse, como saludablemente ha dicho la empresa, mediante la conciliación, planteamiento que perdería fuerza de ser cierto que Telefónica ha demandado internacionalmente al estado peruano ante la máxima instancia arbitral internacional para inversiones.
La empresa ha negado la demanda, aunque difícilmente esta podría prosperar, habida cuenta que los arbitrajes se caracterizan por respetar las leyes tributarias y rara vez aceptan que estas sean cuestionadas por los inversionistas.
La superación del conflicto debe prescindir también de maniobras mediáticas y, muy especialmente, de intromisiones diplomáticas en lo que debe mantenerse como una controversia entre el estado peruano y una empresa privada extranjera.
Ha sido impertinente la no desmentida presión del embajador de España a favor de Telefónica, que ha sido respondida por el presidente de la República, según un informe periodístico, con el firme señalamiento de que esa empresa debe pagar sus impuestos, como todos.
De lo contrario, afirman parlamentarios entendidos en el tema, el Estado no debería renovar las concesiones que permiten a la citada compañía obtener grandes utilidades, a las que tiene derecho en virtud de las reglas de juego fijadas por gobiernos anteriores, justas o no, pero por las que debe pagar los tributos establecidos por las leyes nacionales
1 comentario:
La transnacional Telefònica pretende usar su poder econòmico y diplomàtico para burlarse delos peruanos y dejar de pagarlos impuestos que debe durante muchos años, esta actitud prepotentenodebemos permitir y todos desde diferentes àngulos debemos presionar al gobierno y a las autoridades pertinentes a fin de que efectivisen justiciera y soberanamente. Mientras Telefònica sancionaa sus usuarios cuando incumplen sus compromisos, èsta no sabecumplir con su compromiso que paradoja.
En el Perù y alosperuanos demenos recursos, la SUNAT lo cierra y lo multa a pequeñas bodeguitas, pero conlos grandazos porquè no actùaigual, si la ley es igual paratodos.
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