lunes, 31 de octubre de 2011

El efecto del caso Chehade


El efecto del caso Chehade


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Catorce días después de que IDL-Reporteros lo hiciera público, el caso del vicepresidente Omar Chehade, denunciado por presunto tráfico de influencias a favor del Grupo Wong en la empresa azucarera Andahuasi, sigue siendo un dolor de cabeza para el gobierno de Ollanta Humala. Ayer, el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, lo reconoció ante los periodistas.
“Es un caso lamentable, específicamente para un gobierno en el que una de las banderas ha sido la lucha contra la corrupción, y esto puede ser interpretado como que no se va a seguir esa ruta”, declaró el premier a la prensa. A Lerner se le notó, en un momento, fastidiado por la insistencia de los reporteros que lo esperaban fuera de la cabina de una radio para que condenara al segundo vicepresidente de la República.
¿Hasta cuándo soportará el gobierno la presión política y mediática que existe para dar paso a la renuncia de Chehade? Es la pregunta que está planteada. Lo concreto es que la denuncia sobre el vicepresidente afecta el mensaje central que llevó a Humala a Palacio de Gobierno. Y ello al margen de que sea cierta o no la acusación de que hubo una intención de su parte de favorecer a Andahuasi. La situación de OCH se ha agravado con el testimonio brindado por el director de la Policía, general Raúl Salazar, al ministro del Interior. Salazar fue uno de los asistentes a la hoy famosa cena de Las Brujas de Cachiche.
Salazar ha dicho que Chehade le pidió convocar a la reunión a los generales PNP Guillermo Arteta y Abel Gamarra y que el tema del desalojo de Andahuasi sí estuvo presente en la conversación. ¿Por qué el vicepresidente tenía que reunirse, al margen de sus comandos (léase director de la Policía, en ese momento, y ministro del Interior), con tres altos oficiales de la Policía? Las respuestas que hasta el momento ha dado Chehade no han aclarado la pregunta.
Su afirmación de que convocó la reunión para abordar el problema de la seguridad ciudadana no suena convincente. Y no lo es porque es un asunto demasiado serio para ser tratado en una cena, sin la participación de especialistas y, además, con la presencia de dos personajes totalmente ajenos, como su hermano y un amigo personal de ambos. Es verdad también que por el lado del general Arteta, el oficial que reveló a IDL-Reporteros lo tratado en la cena, hay algunos aspectos que generan dudas. Primero, habló después de ser sacado de la Policía. ¿Si no le daban de baja habría hablado?
Evidentemente, no. Seguiría callado y contento. Luego, ¿por qué no se quedó con la resolución fraudulenta del desalojo que, según asegura, le llevaron a El Potao el hermano y el amigo de Chehade?
Más aún si en un programa de TV declaró que sintió que algo olía mal cuando la entregaron la orden del desalojo en papel blanco y sin la firma del juez. Le bastó con guardar una copia para el momento de su acusación. El testigo que llevó a la televisión para avalar la denuncia de lo ocurrido en El Potao es su hombre de confianza, su asesor. No lo dijo. Y ello es malo si habla de honestidad y transparencia.
Al margen de estos hechos, Chehade ha quedado disminuido políticamente. Ha pasado del protagonismo en este gobierno y de uno de los abanderados de la lucha anticorrupción a un estado groggy, a un paso del nocaut. El miércoles dará su pelea en la Comisión de Ética y luego hará lo mismo en las comisiones de Fiscalización y de Acusaciones Constitucionales y en la Fiscalía de la Nación. Por ahora la campana lo está salvando. Pero puede ocurrir que un día de estos Palacio de Gobierno lance la toalla y no vaya más en la vicepresidencia

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