Procuradores anticorrupción

Publicado: Domingo 23 de octubre del 2011 | Columnistas y Colaboradores | Imprimir | Compartir | 384 Lecturas

Diario La Primera

Raúl Wiener
POLITIKA Analista

Tuve alguna vez la oportunidad de pedirle al Dr. César Azabache, brillante argumentador legal, que me explique su doble papel de miembro de la procuraduría anticorrupción que perseguía los delitos de Fujimori y Montesinos y de abogado de los involucrados en el caso AeroPerú, que derivó en el cese de vuelos de la antigua línea de bandera bajo administración privada.

Lo que me contestó fue que no encontraba incompatibilidad y que había defendido la privatización y la administración de la línea aérea porque consideraba que no habían sido corruptas.

Recuerdo que esa noche volvía a revisar toda la documentación que tenía sobre el asunto y volví a coincidir con Alejandro Toledo en un solo punto: lo de AeroPerú no solo fue corrupto, sino lo más corrupto de las privatizaciones, lo que es decir demasiado.

Pero el Dr. Azabache defiende lo que fue un regalo no solo de una empresa y activos, sino de rutas y derechos aéreos nacionales, que ha puesto al Perú en condición de país sin alas, sin capacidad para transportar a sus propios ciudadanos.

Ha justificado además ante tribunales el saqueo sistemático de la empresa a favor de AeroMéxico, el proceso de liquidación fraudulento y la fabricación de deuda en Indecopi para permitir que el mismo grupo que destruyó AeroPerú represente a sus acreedores.

Pero el caso Azabache-AeroPerú, no es distinto al de LAP y los exprocuradores José Ugaz y Luis Vargas Valdivia. He contado decenas de veces los vicios insalvables del contrato de concesión del aeropuerto Jorge Chávez.

Me he referido al oscuro proceso de transferencia de la gestión de un grupo a otro y los graves problemas de operación y seguridad, entre ellos el control del narcotráfico y el retraso deliberado en la construcción de la nueva pista de aterrizaje.

A todas mis observaciones se ha contestado con un montón de juicios recomendados por los abogados de la empresa, cuya mayor fortaleza profesional parece hallarse en sus relaciones con jueces a diversos niveles.

Esos jueces han sido capaces de producir tan estrambóticas sentencias como la que emitió el Tribunal Constitucional ordenando que se dé curso a un hábeas corpus que pedía el decomiso de un libro mío y que los jueces habían rechazado de plano y todo porque un consejero estaba conectado con el Dr. Ugaz y lo ayudó para que no perdiera ignominiosamente su demanda.

Pero la cosa no acaba allí, pues Ugaz y Vargas Valdivia son abogados de Hayduck, JJC Contratistas (Camet), Scotiabank (exWiese), Repsol, Hunt Oil, LNG, SiderPerú, etc., casi todos ellos con un pasado con serias marcas de corrupción, que se proyectan hasta el presente a través de investigaciones parlamentarias y judiciales.

Alguien dirá que son abogados y pueden defender a quien consideren. Es verdad; pero debería haber una ética de los que vienen de las tareas anticorrupción y que siguen opinando sobre el tema mientras cubren el otro lado de la moneda que es el de las empresas que se beneficiaron de los corruptos.

Eso de que yo he luchado contra la corrupción, que después se convierte en lobby a favor de intereses que se encubren con el prestigio y las relaciones de la anticorrupción, es corrupción pura y dura.

La última decepción sobre este campo es la conducta del todavía vicepresidente Omar Chehade, que seguramente dirá que es abogado y con un pasado en procuraduría y que persiguió y extraditó a Fujimori. Es verdad. Por eso mismo debió haber tenido mucha más conciencia sobre lo que hacía