OTRA DEUDA PENDIENTE DEL FUJIMORISMO

José Godoy - Diario 16

Columnistas | Enero 20, 2011 OTRA DEUDA PENDIENTE DEL FUJIMORISMO

El fujimorismo tiene derecho a participar en las elecciones, como cualquier agrupación. Y hay que reconocer - nunca justificar – las razones por qué sigue teniendo aceptación en un sector de la población. Pero los ciudadanos también tenemos derecho a hacer preguntas pertinentes.



Keiko Fujimori dijo que su agrupación tiene “una deuda pendiente” en lucha contra la corrupción y por ello han incluido – tímidamente – este punto en su plan de gobierno. Pero otra deuda está en las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el gobierno de su padre, algunas de las cuales le han costado 25 años de cárcel.



Confirmando que esta será una acreencia que no pretende saldar, el fujimorismo lleva en su lista parlamentaria a dos personajes poco comprometidos con la defensa de los derechos humanos.



Uno de ellos es el abogado Sergio Tapia Tapia, ex patrocinante de Álvaro Artaza ‘Comandante Camión’, sindicado como presunto responsable de violaciones a los derechos humanos ocurridas en Huanta, en 1984. De acuerdo con un reportaje de Marco Antonio Vásquez en 2007, tenía un poder del cuestionado militar para abrir y cerrar cuentas bancarias.



Durante el fujimorato, Tapia fue abogado del Estado ante el sistema interamericano de derechos humanos, en los casos El Frontón – ahora defiende a marinos procesados por este suceso -, Ivcher y Rodolfo Robles. Imaginarán sus argumentos.



Durante este gobierno, Tapia fue contratado como asesor del primer vicepresidente, Luis Giampietri, único congresista que votó en contra de la derogatoria del Decreto Legislativo 1097. Según IDL-Reporteros, Tapia participó en reuniones en el Ministerio de Defensa para impulsar el decreto en cuestión, durante la gestión de Rafael Rey en este sector.



Precisamente, el segundo personaje tiene mucho que ver con el ex ministro. Se trata de Víctor Robles Sosa, columnista de La Razón y quien, de acuerdo con la periodista Paola Ugaz, al mismo tiempo que asesoraba al Ministerio de Defensa en tiempos de Rey, dictaba charlas en locales fujimoristas sobre la “inocencia” del ex autócrata en los casos Barrios Altos y La Cantuta.



En sus columnas y programas de radio, Robles Sosa también ha abogado por la inocencia de Julio Salazar Monroe en los casos vinculados al grupo Colina y defendió el polémico decreto antes mencionado.



Como dije la semana pasada, el fujimorismo intenta confundir a violadores de derechos humanos con militares que cumplieron su deber sin vulnerarlos. Esta es una nueva y triste demostración.

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