China de risa

China de risa
Carlos Rivera
Revista Ideele
Corro el riesgo de escribir sobre un asunto aparentemente trillado en los últimos meses y semanas: el financiamiento de los estudios de la candidata presidencial por Fuerza 2011 Keiko Fujimori en los Estados Unidos. Pero quiero correr ese riesgo: la existencia de múltiples evidencias criminales que señalan de manera directa una responsabilidad en el aprovechamiento de fondos públicos para beneficio personal por parte de alguien que postula conducir los destinos de una nación no es poca cosa. A estas alturas, tener que seguir hablando de este asunto más bien puede ser una muestra muy grave de algo que no está funcionando como corresponde a un Estado de derecho.

Además, el caso Keiko Fujimori pareciera seguir mostrándonos la forma de actuar de una organización que definió su relación con el Estado a partir de la sustracción sistemática de los recursos púbicos y de la instrumentalización de las instituciones llamadas a investigar como parte central de las estrategias para ocultar los delitos. No en vano se ganaron el apelativo de mafia.

Yo estudio con tu plata
El expediente abierto por el Ministerio Público da cuenta de la investigación sobre los recursos económicos con los que —desde 1993 hasta 1997— se financiaron los estudios de Administración de Negocios de Keiko Fujimori en la Universidad de Boston, y los de sus hermanos Hiro, Sachi y Kenyi Fujimori Higuchi en las universidades de Nueva York, Columbia y Boston respectivamente. La tesis de la investigación del Ministerio Público señala que los estudios de los hijos del condenado Alberto Fujimori fueron financiados con recursos públicos del Estado peruano, y que el origen ilegal de los fondos era conocido por la señora Keiko Fujimori, designada Primera Dama de la Nación a partir de 1994, cargo que desempeñó hasta el día que su papá renunció a la Presidencia vía fax.

Las pruebas
Una de las primeras evidencias que ha recibido el Ministerio Público es la referida a la remuneración de Alberto Fujimori como Presidente de la República. Con ella no habría podido, ni de lejos, financiar los estudios de sus hijos en universidades extranjeras y costosas como la Universidad de Boston. Al respecto, la propia Keiko ha declarado en el 2001 ante la Comisión Waisman que sus estudios costaron 120 mil dólares, los de su hermano Hiro otros 120 mil, y los de Kenji y Sachi, 110 mil dólares por cada uno. Entonces, los estudios de todos ellos habrían costado 460 mil dólares. Sin embargo, el informe elaborado por los peritos de la Contraloría General de la República señala que el costo de la educación de los cuatro hijos del ex mandatario ascendió a 1’225.000 dólares.

Ahora: la pregunta clave del caso es de dónde provino el dinero. Al respecto, las propias declaraciones de Keiko Fujimori confirman las razones de la investigación. Ella ha señalado que sus estudios, y los de sus hermanos, los pagó su padre con los 660 mil dólares que obtuvo por la venta de un terreno ubicado en la calle Pinerollo, distrito de Surco, Lima. El hecho es que la venta de ese terreno se produjo a fines de 1998, cuando la señora Fujimori ya había culminado sus estudios universitarios. Entonces, ¿cómo lo hizo?
Sobre lo mismo, existe una segunda versión de la candidata de Fuerza 2011: el 10 de enero del 2001 afirmó ante la Comisión Waisman que su papá le daba dinero en efectivo en Palacio de Gobierno cada vez que ella retornaba de los Estados Unidos. Allí mismo agregó que ese dinero lo depositaba en una cuenta bancaria estudiantil en Boston y que ella pagaba la universidad personalmente.

El asunto es que la propia Keiko Fujimori presentó a la Fiscalía una tercera versión del origen del dinero: afirmó que sus padres tenían ahorrados 400 mil dólares que usaron para financiar los costos de su educación universitaria y la de sus hermanos.

A todo esto, ¿qué ha dicho la madre de la candidata? Susana Higuchi ha declarado que ni ella ni su padre, Koshiro Higuchi, financiaron los estudios de los hermanos Fujimori Higuchi. Entonces, ¿cómo lo hizo?

Además, el informe de la Contraloría General de la República señala que del total de dinero que recibió Alberto Fujimori por la venta del terreno de la calle Pinerollo, solo remitió a Keiko Fujimori, mediante dos cheques de gerencia, un total de 167.347 dólares. Agrega el informe que el 8 de abril de 1999 las hermanas Keiko y Sachi Fujimori abrieron una cuenta en el Citibank (número 5408704105) y al día siguiente Keiko depositó 80 mil dólares más el monto de los dos cheques de gerencia que le giró su papá, lo que hacía un total de 247.375 dólares. La cuenta era a plazo fijo y tenía vigencia hasta marzo del año 2001.

En suma, ninguna de las explicaciones brindadas por Keiko Fujimori puede ser considerada siquiera como una versión coherente de los hechos; no solo las que se refieren al origen del dinero, sino también las que conciernen a la fecha de las transacciones bancarias.

En el curso de una investigación preliminar, esta circunstancia determina la existencia de una causa probable para la continuación de las investigaciones y para la presentación de una denuncia ante el Poder Judicial, pues hay claros indicios de la ilicitud del origen del dinero y de la comisión de un delito.

Pero la cosa no queda allí. A todo esto se agregan las declaraciones de Vladimiro Montesinos, quien ha dicho a la justicia no solo que él entregaba personalmente dinero en efectivo al condenado Alberto Fujimori con fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), sino también que los estudios de los hijos del entonces presidente se pagaron con dinero que él mismo le entregó y que la venta de la casa de Pinerollo fue una operación simulada. Montesinos asegura que fue el ex ministro Domingo Palermo quien le presentó a Fujimori a unos supuestos compradores, pero que el dinero de la compra lo proporcionó él. Posteriormente esta versión fue corroborada con peritajes judiciales que determinaron que la compra-venta de la casa era un contrato ficticio.

Por lo demás, en ningún momento los hermanos Fujimori-Higuchi han acreditado haber trabajado en el exterior para solventar sus gastos y los pagos de la pensión universitaria.

¿Y no pasa nada…?
Es claro que las investigaciones aportan pruebas suficientes de dos asuntos fundamentales: a) la ilicitud del dinero con el que Keiko Fujimori y sus hermanos financiaron sus estudios universitarios en los Estados Unidos; y, b) que el dinero salió de los fondos del Estado peruano, lo que era bien conocido por la ahora candidata como directa involucrada en las entregas de ese dinero en efectivo, de modo que tuvo una especial participación en el hecho delictivo.

A pesar de ello, el 31 de mayo del 2010 el fiscal anticorrupción Jaime Schwartz Azpur dispuso que se archive la investigación, y el 2 de julio de ese año el fiscal Jorge Luis Cortez Pineda declaró infundado el recurso de queja que la Procuraduría Anticorrupción había presentado contra la primera decisión. Conclusión: el caso quedó archivado. Y si bien al poco tiempo la Fiscal de la Nación reabrió la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito contra Keiko Fujimori, el hecho concreto es que la existencia de una investigación preliminar que continúa abierta y con todas las evidencias posibles es, por decir lo menos, un saludo a la bandera.

Raffo y Chacón
Pero Keiko Fujimori no está sola en esta lista de investigados por la justicia que han encontrado en su ingreso en la política una fórmula perfecta para conseguir impunidad. Ahí están los casos de Carlos Raffo y Cecilia Chacón, ambos congresistas del fujimorismo que en los últimos cinco años han hecho gala de su mejor performance política logrando evitar que la justicia los siente en el banquillo de los acusados.

A Raffo se le acusa de haber recibido de Vladimiro Montesinos varias decenas de miles de dólares provenientes del SIN para pagar gastos de publicidad y de la campaña reeleccionista de Alberto Fujimori en el año 2000. A Chacón, de haberse favorecido de dineros que su padre, el general EP (r) Walter Chacón Málaga, sustrajo del presupuesto de instituciones militares que comandó y del Ministerio del Interior al final del régimen fujimorista. En ambos casos el Ministerio Público ha sostenido con múltiples evidencias que conocían perfectamente la procedencia ilícita de los recursos, a pesar de lo cual se aprovecharon de ellos.

En todos estos casos, es un dato digno de resaltar que el problema probatorio ha sido ampliamente superado: el Ministerio Público ha tenido la capacidad de aportar diversas pruebas que demuestran de manera convincente que el delito se cometió y que los tres personajes tuvieron un rol protagónico en su ejecución.

No es pues ése el problema. Sobre todo en los casos de Raffo y Chacón, el problema es que desde el inicio del juicio oral ambos personajes se han resistido sistemáticamente a presentarse a las sesiones del juicio para ser, como corresponde, interrogados y juzgados. Si bien al inicio la ausencia de uno y otro fue anecdótica, el asunto terminó por convertirse en una de las principales muestras de resistencia a la autoridad y de abuso del cargo, todo ello sazonado por actos del Congreso —principalmente de la bancada aprista— que deben ser calificados como de encubrimiento.

En un determinado momento ambos congresistas optaron por manejar la misma estrategia legal y política: respondieron sistemáticamente a las salas anticorrupción que los juzgaban que no asistían porque tenían mucho trabajo. Más allá de que los peruanos deberíamos suponer que efectivamente están trabajando, bajo ninguna circunstancia ésta puede ser una excusa para no asistir a una citación judicial.

Cuando, ante la resistencia y rebeldía, los jueces pidieron el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de ambos, ¿cuál fue la respuesta de este Congreso? Que no procedía. ¿Bajo qué fundamento? En realidad, resulta difícil entender cuál es la interpretación para negar este pedido, porque, además, es cierto que, de acuerdo con la Constitución Política, los congresistas tienen inmunidad, pero para delitos cometidos durante su desempeño como congresistas, no para aquéllos perpetrados antes de ganar un escaño en el Parlamento (en el caso que nos ocupa, a fines de la década de 1990). Pero ese dato poco importó.

El hecho es que esa respuesta del Congreso fue el portazo en la cara del Poder Judicial para garantizar impunidad a dos personas que, como cualquier otra, deberían rendir cuentas ante la justicia por los delitos que ayudaron a cometer.