Pisando tierra
¿Es realista la propuesta del Presidente electo de conjugar la plena vigencia de las inversiones y la estabilidad jurídica con el respeto por los derechos de las comunidades?
Antonio Pérez: La falta de representatividad y representación de los intereses de los nativos respecto de las inversiones extranjeras es un problema del que va se va a tener que encargar Ollanta. Ahora lo que se hace es lo contrario, impedir que aparezca una voz autorizada con la que se pueda discutir directamente. Si a esto se suma que los que la tienen están perseguidos, entonces no hay ninguna vía legal para la consulta. Las consultas no son vinculantes. Lo que está pasando en Puno, por ejemplo, es un momento de ruptura, y eso es lo que le va a esperar a Humala.
Gonzalo Gamio: No existe ninguna contradicción entre promover la inversión privada y extranjera y, por ejemplo, crear un impuesto a las sobreganancias mineras. Así como no hay tampoco contradicción entre promover la inversión y la Ley de Consulta Previa a las comunidades. Cualquier contrato con industrias transnacionales extractivas tiene que pasar por que los involucrados estén de acuerdo. Las sociedades democráticas lo hacen. Suena contradictorio, porque los gobiernos anteriores han hecho caso omiso a las necesidades de las comunidades y simplemente han pactado desde arriba con las empresas. Que no será fácil la negociación y la forja de consenso en ese plano, sin duda.
Eduardo Adrianzén: En la práctica se hace un poco difícil. Lo fundamental es llegar a acuerdos que satisfagan a las dos partes. Pero que no todo funcione bajo la lógica de que yo mando porque tengo más plata. Negociar es un paso sensato.
Cuando existe un conflicto social, se tiene que solucionar así se tomen medidas que no sean del agrado de los grupos de poder. De esta manera, el que el Gobierno de su predecesor, Alan García, haya otorgado permisos a las empresas bajo las firma de contratos “que son cualquier cosa”, no significa que el nuevo Gobierno tenga que aceptarlos. Esto se puede cambiar mediante un acto jurídico que se llama vicio de origen.
De ahí que sea necesario escuchar a las comunidades y hacer prevalecer ante todo la Ley de Consulta, así como revisar los contratos ya firmados. Este hecho servirá para garantizar que se haya hecho un correcto estudio de impacto ambiental. Los apocalípticos pueden saltar con las revisiones, pero lo justo es que todos salgan beneficiados.
Jorge Bruce: En el papel, ciertamente. Más aun: es la única vía para garantizar el desarrollo a largo plazo de la sociedad peruana, en un entorno equitativo y con la menor conflictividad posible. Pero ese ideal sería más realista si no existiesen tantos antecedentes y situaciones difíciles en el territorio donde no se está cumpliendo con esas premisas democráticas.
En otras palabras, el gobierno de Gana Perú desembarcará en un escenario en el que existen muchas condiciones asimétricas de facto, en el que el desconocimiento de la idiosincrasia local, por un lado, y una atávica desconfianza frente a lo que se percibe como una invasión, por el otro, con una notoria ausencia del Estado para terminar de complicar las cosas, plantea desafíos considerables para el régimen entrante.
Habría, sin embargo, que distinguir entre el statu quo, vale decir, las operaciones y conflictos en marcha, de los proyectos aún no iniciados y, por último, los contratos que se vencen y deben ser renovados.
Sea como fuere, es obligación de Ollanta Humala restablecer unas condiciones equitativas y de diálogo que en muchos casos han sido aniquiladas por diversos factores que ya son conocidos. Y, cuando haga falta, restablecer el imperio de la ley, sin retroceder ante unos ni ante otros.
Ollanta Humala parece ahora jaloneado por dos extremos. ¿A qué lado se inclinará?
Antonio Pérez: Es cierto que los intereses que se juegan en el Perú son muy grandes: medioambientales, petroleros, cocaleros, narcotráfico. Eso le genera al país una posición geopolítica importante y, ahora, más expectante que nunca.
Tampoco es imposible negociar con las empresas mineras sobre ciertos derechos bien específicos, como salud, educación, entre otros. Lo que pasa es que nadie sabe negociar. El Estado negocia a nombre de nadie, nadie negocia a nombre de la gente. Es el Estado el que debe ser el mediador efectivo para que las mejoras lleguen a la gente y ésta se vea claramente beneficiada.
Gonzalo Gamio: Tomando en cuenta a las personas que ahora están con Humala y a las que Humala pareciera estar dando confianza, creo y espero que será un gobierno de centro. Que reconozca el valor de la inversión privada pero que, al mismo, tiempo tenga presentes las exigencias de justicia social. En el Perú de hoy esto suena a una especie de malabarismo, pero es el tipo de trabajo que las sociedades que han tenido una experiencia social democrática realizan permanentemente. No solo en el plano económico, sino también en el político y el religioso.
Eduardo Adrianzén: Para la resolución de estos problemas, Gana Perú va a tener que jugar en equilibrio permanente. Tendrá que ser cuidadoso, porque es evidente que no podrá complacer a todos.
Es el interior del país el que está requiriendo más consensos y cambios: ya están hartos de esperar. No hacerlo significaría defraudar expectativas de la gente que votó en contra de la soberbia de Lima. Y ahí sí que ardería el Perú.
Por eso, lo peor que puede hacer Humala es dejarse extorsionar por los que realmente encarnan el modelo del perro del hortelano. Los que tienen dinero se acomodan con Dios y con el diablo, pero las poblaciones postergadas, que se sienten maltratadas, no se contentarán y reaccionarán con mucha más cólera.
Sería un grave error que se vaya al otro extremo, aunque esta opción no existe en su programa de gobierno.
Jorge Bruce: Su intención parece ser la de constituirse en una función arbitral, pero eso necesariamente traerá complicaciones diversas.
En primer lugar, porque será un contraste marcado con la política del Gobierno actual, que consistió en estar siempre del lado de las grandes empresas, salvo cuando la intensidad de las protestas lo obligaba a retroceder: el peor método de todos, porque combina injusticia con fomento de la violencia y el caos.
En el choque entre la ideología de las ganancias y las mitologías instaladas por un pasado depredador, se requiere de un conjunto de medidas gubernamentales que implica empoderar a las autoridades locales, hoy impotentes frente a los liderazgos comunitarios o políticos, así como armar equipos de prevención e intervención estatales que sean verdaderamente eficaces.
La Defensoría podría dar mucha ayuda gracias a su experiencia: esa institución ha estado supliendo en parte la irresponsable actitud del Gobierno de García.
¿Cómo se debe entender el término “gobierno de concertación nacional”?
Antonio Pérez: Quiere decir que necesita una base más amplia para poder sostenerse. Ollanta tiene una línea clara de izquierda que, espero, mantenga. No es una izquierda trasnochada, sino una que ve que el Perú puede beneficiarse en la situación actual porque nosotros tenemos los recursos, nosotros los estamos sacando (y después ya no los vamos a poder recuperar), y que, por lo tanto, tenemos que conseguir también algo a cambio: infraestructuras, salud, educación, todos los problemas postergados.
Gonzalo Gamio Se refiere a un gobierno en el que se convoque a diversas fuerzas políticas y a técnicos y académicos de diferentes perspectivas ideológicas pero que compartan una visión democrática de país. Una visión según la cual se debe preservar el Estado de derecho, la plena vigencia de los derechos humanos, una economía social de mercado. Y el límite es quiénes están fuera de esta convocatoria: las fuerzas que consideran que esos puntos son negociables. La convocatoria es un gesto de racionalidad.
Eduardo Adrianzén: Me parece lógica, saludable y necesaria la idea de concertar. Esto no implica presionar, ni traicionar una propuesta inicial. En sus discursos, Humala ha dicho que se debe combatir el modelo económico excluyente, que no es más que concentración del dinero en manos de poca gente. Ésa es su premisa básica. Y sobre ella tendrá que gobernar.
Ahora, no será fácil concertar, porque tenemos a la derecha más retrógrada y recalcitrante de América Latina. Ojalá tuviéramos una derecha más moderna, que se dé cuenta de que cuanto más se distribuya la riqueza mejor será para el mercado. Pero todavía tenemos una con una mentalidad feudal.
Si se divide en dos bandos, la derecha inteligente se dará cuenta de que tiene que cambiar y se adaptará. La recalcitrante le hará la guerra, con todos los poderes mediáticos con los que pueda contar.
Ante esta situación, no me sorprendería que Humala tenga una baja aprobación presidencial, que será tramada desde el stablishment político, mas no a nivel popular.
Jorge Bruce: Las palabras son significantes vacíos hasta que las decisiones políticas las habiten y les den vida. “Concertación” y “ancha base” pueden querer decir muchas cosas. Pero es claro que se trata de cambiar la asimetría descarada del actual Gobierno.
Por ahora me limito a decir que sería importante reemplazar la teoría discriminatoria del perro del hortelano por una integradora y respetuosa de los derechos del otro, así como de los deberes de todos.
Esperemos que signifique cosas concretas, como mejorar la descentralización, apoyar la conformación de autoridades regionales con capacidad de gestión, resolver los conflictos previniéndolos y no dejándolos podrirse, sobre todo atendiendo las gravísimas necesidades en materia de educación, seguridad, salud, medio ambiente, etcétera.
En una palabra, gobernando para todos y no teniendo como único programa de gobierno atraer a la inversión a cualquier precio, especialmente al del cholo barato.
Eso supondría un cambio de modelo, sin tener que ser radical: en comparación con lo actual, a decir verdad, lo democrático es radical.
¿Cuál debe ser la actitud del nuevo Gobierno frente a los conflictos sociales más allá de las frases cliché?
Antonio Pérez: Ése es uno de los grandes peligros de asumir posiciones de tan alta responsabilidad: que a uno las cosas le explotan en la cara. Se puede terminar en una situación de desestabilización tal, que el que está muy expuesto a las demandas, más que llegar a canalizarlas, puede terminar sobrepasado por ellas al punto que se genere un desconcierto total. Las demandas juegan un papel fundamental, y hay que institucionalizarlas.
Gonzalo Gamio: Es necesario escuchar a las partes; no siempre han sido escuchadas, y cuando lo han sido fue porque hubo medidas de fuerza de por medio. No existe medida mágica alguna, que no pase por el diálogo. El nuevo Gobierno tendrá que enviar a las personas adecuadas, a los expertos en el tema, a hacer que las partes dialoguen. Y ver qué hay realmente detrás de todo esto. No someterse a presión, pero sí escuchar a las partes. Nunca el diálogo puede ser considerado un síntoma de debilidad.
Eduardo Adrianzén: Es importante tratar estos problemas desde la perspectiva cultural. Y aquí hay un choque fuerte. No estamos hablando de personas de Miraflores, que venden y compran una casa. Y el actual Gobierno está actuando como si de eso se tratara.
Las comunidades entienden las cosas de otra forma, porque tienen un tipo de relación con la tierra muy diferente de la que tenemos los que vivimos en la ciudad. Es difícil transar con conceptos diferentes de desarrollo y bienestar.
Es eso precisamente lo que molesta a los grupos de poder y a este Gobierno. Y aunque les friegue y quieran dar un patadón, no es la mejor manera de resolverlo. Es necesario que se opte por otra vía; dirán que va a demandar tiempo y va a ser más costoso, pero ¿acaso para obtener un título universitario no necesitas estudiar cinco años?
Tenemos que aprender de las lecciones, para no actuar de manera errónea. En el peor de los casos, las regiones son autónomas. Y si no quieren, no habrá mina. Y si la ponen, después llegan las consecuencias y se suscitan hechos como los de Puno.
Jorge Bruce: Lo que no se puede repetir es la inacción frívola y letal del régimen actual.
En los conflictos mineros, la consulta parece ser el punto central. Necesitamos procesos aceptados y concertados que permitan realizar estudios de impacto ambiental en condiciones confiables, no como ahora, y no entrar como ejércitos invasores, destruyendo no solo el medio ambiente sino hasta el tejido mismo de las relaciones sociales.
Las compañías mineras tampoco son el enemigo, aunque a menudo sean vistas de esa manera. Creo que la mayoría coincidimos en que la inversión es indispensable, pero en condiciones que no vulneren los derechos de quienes ya vivían ahí.
Me atrevería a decir que sería menester asesorar a las propias mineras acerca de procesos de intervención para que los resultados no sean los de tantos conflictos como los que vemos ahora.
Estas empresas deberían ser las principales interesadas en un modelo de equidad social por el que todos salgan ganando.
Todo eso no es solo producto de una ideología codiciosa, sino de una ceguera histórica según la cual los habitantes de las comunidades son de segunda categoría, como dijo el autor del perro peruano del hortelano.
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