A dos años del "Baguazo": Aportes para una cronología creíble

Revista ideele. 

• Marco Huaco

Ó sobre cómo responder a la “gran pregunta” de la Comisión Álvarez Lobo

 El pasado 9 de junio, el Pleno del Congreso de la República aprobó el informe de la Comisión Moyano sobre los luctuosos hechos del 5 de junio del 2009 en Bagua, que, de manera previsible, “solo” encontró responsabilidades políticas en los ex ministros Yehude Simon, Mercedes Aráoz y Mercedes Cabanillas. Lo que en una democracia sólida e institucionalizada hubiera sido suficiente para que estos personajes públicos vean arruinadas para siempre sus carreras políticas, en nuestro país, lamentablemente, “solo” les acarrea el alivio político de haber escapado al hallazgo de responsabilidades criminales (y esto, gracias a sus aliados).

Pero el Informe Moyano no fue el primero en intentar salvar de carga penal a los responsables del trágico “Baguazo”. Ya el reporte de su predecesora, la llamada “Comisión Investigadora sobre los Hechos de Bagua” (dirigida por el sacerdote Ricardo Álvarez Lobo) y rebautizada por el ex vicepresidente del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas, Bartolomé Clavero, como “comisión de la falsedad y la ignominia”, había intentado efectuar la misma operación de limpieza en el año 2010 bajo el mismo discurso: luego de culpar a las ONG, a un sector de la jerarquía católica y a conspiraciones externas del eje “bolivariano” de manipular a las “ignorantes” masas indígenas para lanzarlas en insurrección contra nuestro “envidiable modelo económico”, el Informe de la Comisión Álvarez Lobo admitía su propia ineptitud al plantear que —después de todo— subsistía una “gran pregunta” (página 78):

 ¿Porqué [sic] si la protesta fue en toda la Amazonía solo generaron sucesos luctuosos [sic] de la magnitud [sic] de los de Bagua? O, dicho de otro modo [sic] ¿qué particularidades se dieron en Bagua que originaron la muerte de 23 policías, 10 civiles (5 nativos 5 mestizos); [sic] y un desaparecido?”.

 Para responderse esta “gran pregunta” (pertinente, por lo demás), la Comisión Álvarez Lobo elaboró una “Cronología nacional y regional” dirigida a culpar a los opositores del Gobierno de provocar la confrontación del 5 de junio. Aparte de incluir en ella hechos francamente irrelevantes (como por ejemplo la publicación de un libro del propio Álvarez…) o de insertar acusaciones difamatorias contra dirigentes indígenas (dando por hechos comprobados lo que eran acusaciones gubernamentales), esta tendenciosa cronología evitó deliberadamente incluir ciertos antecedentes particulares y de fondo que precedieron a las masacres del 5 de junio. Así, fueron silenciados importantes acontecimientos locales que afectaban de manera directa y concreta a los pueblos indígenas Awajún y Wampís del departamento de Amazonas y que indudablemente influyeron en el grado y tono de conflictividad de la protesta en la zona y contribuyó a consolidar la masiva, decidida e indignada protesta social e indígena.

A pesar de que han transcurrido dos años desde que ocurrieron  los hechos, aún no es muy conocido el contexto político local que precedió y acompañó el fatal desenlace de la protesta indígena del 2009. A continuación aportamos con una cronología en nuestra opinión más creíble.

Cronología regional sobre los sucesos de Bagua

1996: El Estado peruano acepta oficialmente la importancia ecológica de la Cordillera del Cóndor, territorio indígena: Una extensa porción de la Cordillera del Cóndor (territorio tradicional Awajún/Wampís) es identificada como “zona prioritaria para la conservación de la diversidad biológica nacional” en el documento “Diversidad biológica del Perú: Zonas prioritarias para su conservación (1996).

Debido al no reconocimiento legal de su territorio, y conocedores de la ambición minera sobre él y de que el Convenio 169 no se respetaba, los Awajún y Wampís del Cenepa adoptan la estrategia jurídica de solicitar al Estado que la parte de su territorio contigua e inclusa en la Cordillera del Cóndor sea categorizada como un Área Natural Protegida.

1999: Los Estados peruano y ecuatoriano oficializan legalmente la enorme importancia ecológica de ambos lados de la Cordillera del Cóndor: En aplicación del Acuerdo de Paz entre el Perú y Ecuador, este último crea varias zonas de protección ecológica. Por su parte, el Estado peruano caracteriza su lado de la cordillera como “área representativa de la ecorregión del bosque montano de la Cordillera Real Oriental de los Andes” y la incluye, para su protección prioritaria, en la “Estrategia Nacional para las Áreas Naturales Protegidas-Plan Director (1999)”. Entonces, crea la “Zona Reservada Santiago-Comaina” con una extensión de 1’642.567 hectáreas y con miras a instalar definitivamente un área intangible. Lo establece dentro de territorio indígena, pero sin consultarles…

2000: Se inicia el diálogo directo entre el INRENA y los indígenas para delimitar el área definitiva de protección ecológica ubicada dentro del territorio ancestral: El estatal Instituto de Recursos Naturales (INRENA) inicia la ejecución de un proyecto que involucra un amplio proceso participativo desarrollado a través de talleres con organizaciones conservacionistas, autoridades locales y nacionales, ONG y numerosas comunidades indígenas aledañas. El objetivo es fundamentar científicamente la intangibilidad ecológica de la zona y su extensión para la categorización definitiva. El proceso dura 30 meses de largas y numerosas reuniones. No parece cierto...

2000: Empresarios mineros solicitan numerosas concesiones dentro de la Zona Reservada Santiago-Comaina: Apenas establecida la Zona Reservada, se presenta ante el Ministerio de Energía y Minas un considerable número de petitorios mineros cuyos titulares son personas naturales y jurídicas vinculadas a Compañía Minera Afrodita, los canadienses Dorato Resources Inc. y el Grupo Corporativo Cardero. Pero estas concesiones requieren de la opinión previa favorable del INRENA…

2001-2007: El INRENA desaprueba de manera sistemática tales concesiones mineras: Declara que: “[…] los impactos que se pudieran generar como producto de la actividad de exploración y explotación minera afectarían directamente los objetivos de conservación de la Zona Reservada Santiago Comaina”, y porque “[…] para la población aguaruna asentada en las partes bajas de la Cordillera es necesario e indispensable a fin de mantener su calidad de vida y sus valores culturales mantener con carácter de intangibilidad las partes altas de la cordillera, por la que vienen apoyando el establecimiento del Parque Nacional Ichigkat Muja Cordillera del Cóndor” (énfasis nuestro). El Ministerio de Energía y Minas decide mientras tanto, solo “suspender” los procesos de solicitud hasta que se defina la categorización final de la zona reservada. Ahora, varias espadas de Damocles penden sobre territorio indígena en el caso de que no se apruebe el Parque Nacional…

30 de marzo del 2004: Los Awajún/Wampís pactan con el Estado un Parque Nacional (área de protección) que los proteja de la gran minería: Las organizaciones indígenas ODECOFROC y ODECOAC pactan con INRENA un Parque Nacional cuyos límites correspondieran a los límites de las comunidades ya tituladas, a los de las áreas solicitadas en ampliación y a los de las nuevas comunidades por titularse, “respetándose los derechos ancestrales de las comunidades”; y, de paso insta, nuevamente al Estado a que cumpla con titular sus demás tierras.

18 de noviembre del 2004: El estatal INRENA propone oficialmente el “Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor”, con un área de 152.873,76 Ha, asimilando la posición indígena: Como resultado del amplio proceso participativo, INRENA propone este Parque para —según él— permitir “al Estado Peruano cumplir con el mandato constitucional de garantizar derechos fundamentales de la persona tales como el derecho de toda persona a su libre desarrollo y bienestar y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida […] así como cumplir con su obligación de promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas”. El sueño ya parece realidad.

En la propuesta INRENA admite que “la Cordillera del Cóndor en sus dos vertientes, la peruana y ecuatoriana, es territorio ancestral de la nación Jíbara, representada por los grupos étnicos awajún, wampis y shuar”, y que “antes de la guerra del año 1941 los pobladores nativos de ambos lados de la frontera formaban familias o clanes extensos a quienes les pertenecían estos territorios” (énfasis nuestro). Es el reconocimiento estatal de que estamos ante espacios bajo el estatus de territorio indígena según el Convenio 169 de la OIT. Por tanto, debe consultárseles todo lo que se discuta respecto de ellos.

En la propuesta INRENA también menciona el carácter ancestralmente guerrero de los pueblos Awajún y Wampís:“Supieron defender fieramente sus tierras de los invasores: Incas, españoles, exploradores y colonos. Poseen una fuerte identidad y se sienten orgullosos de ella […]. Los awajún y wampís tienen una gran capacidad para establecer alianzas y unirse como pueblo en la defensa de su territorio. […] Una de las características de la cultura jíbara, con predominio en los hombres, es su actitud guerrera” (énfasis nuestros). ¿Se jugará a sabiendas con fuego, entonces?

8 de noviembre del 2005: Se firma un pacto infame: INRENA es forzado a retractarse de su rechazo a la minería en territorio indígena: En una reunión llevada a cabo en el Ministerio de Defensa, con asistencia de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Energía y Minas, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, e incluso de la interesada —Compañía Minera Afrodita, titular de concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor desde 1995—, fuerzan a INRENA a que se retracte y declare la compatibilidad de la minería con la zona protegida. Éste sería el paso previo para recortar drásticamente el área propuesta del Parque Nacional. INRENA, supuestamente un organismo imparcial en sus atribuciones, ¡firma un acuerdo!]con Afrodita y dichos Ministerios, por el que se compromete a dar visto bueno a la minería. Ahora sí quedan “libres” las hectáreas para las concesiones mineras de oro de la compañía Afrodita y sus socios (Carlos Ballón, amigo del presidente García, y la canadiense Dorato Resources Inc.).

18 de enero del 2006: Relaciones Exteriores prefiere el oro antes que los derechos indígenas y la defensa del medio ambiente: El Ministerio de Relaciones Exteriores da opinión desfavorable (sin que se la hayan pedido) sobre la propuesta de Parque Nacional del INRENA pactada con los indígenas. Dice que los planteamientos ambientales y ecológicos de la propuesta son irrefutables pero que deben preferirse los “futuros” (¡!) denuncios mineros de oro en la zona.

28 de julio del 2006, nuevo Gobierno: Asume la Presidencia de la República el señor Alan García Pérez con encendidos discursos contra la minería y contra el TLC con los Estados Unidos.

22 de marzo del 2007: INRENA emite una segunda “propuesta” a la medida de los intereses mineros: Lo hacesin mediar consulta alguna con las comunidades indígenas, sin retirar ningún argumento científico previo y sin aportar argumento jurídico alguno nuevo que justifique la modificación de su primera propuesta. Ahora plantea un parque reducido a 88.477 Ha, dejando una extensa área del territorio Awajún y Wampís a disponibilidad de la minería. Por arte de magia, de un documento al otro, una extensa área territorial calificada internacionalmente como hotspot deja de ser ecológicamente vulnerable…

Febrero y abril del 2007: Los perpetradores retornan a la escena del crimen: En febrero, el Ministerio de Energía y Minas “saluda” que en la nueva “propuesta” de INRENA “ya no se encuentran superpuestos ningún tipo de derechos [mineros] otorgados a terceros por este sector”, lo que“propiciará que el Perú establezca una frontera viva, con oportunidades para diversas actividades económicas como la minera en el marco de la responsabilidad ambiental”. Olvida la Vice Ministra de Minas que dicha “frontera viva” ya existía con la ancestral presencia indígena Awajún/Wampís… En abril, el Ministro de de Relaciones Exteriores también aplaude la nueva “propuesta” de INRENA, pero —eso sí— dice que ella “debería” consultarse con los pueblos indígenas en respeto del artículo 15.° del Convenio 169 de la OIT...

16 de abril del 2007: La Defensoría del Pueblo afirma que el Estado es incapaz de prevenir la contaminación ambiental: Según el Informe Extraordinario “Los conflictos socioambientales por actividades extractivas en el Perú” de la Defensoría del Pueblo, “a lo largo de su historia, el Estado peruano no ha podido prevenir la contaminación y sus efectos adversos sobre la salud y calidad de vida de las personas. Tanto los niveles de contaminación de las ciudades, los ríos, lagos y el mar, y de los más de 800 pasivos ambientales mineros existentes, así como la gestión de recursos naturales renovables y no renovables, dan cuenta de esta grave limitación”. A similares conclusiones había llegado ya en el 2005 el Banco Mundial.

9 de agosto del 2007: Se consuma la burla al pacto con los indígenas: El recorte del Parque Ichigkat Muja se oficializa mediante decreto supremo 023-2007-AG. Como consecuencia, se deja el camino libre para que el INRENA pueda dar su opinión favorable a los petitorios mineros “suspendidos” por Energía y Minas. La Dirección de Concesiones Mineras comienza la aprobación de las concesiones mineras suspendidas del amigo del presidente García (Carlos Ballón). Se viola la Constitución, pues las concesiones están dentro de los 50 km de la frontera, y se otorgan a favor de testaferros peruanos de una compañía extranjera (la canadiense Dorato Resources), sin que medie ningún decreto supremo aprobándolo.

13 de septiembre del 2007: La diplomacia peruana logra su objetivo y se aprueba la Declaración ONU sobre derechos de los pueblos indígenas: La misión diplomática peruana culmina con éxito su eficaz estrategia internacional desarrollada desde 1996 para que sea aprobada la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; es más: ella es la encargada de presentar el proyecto de Declaración ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Allí se reconoce el derecho “a la libre autodeterminación” de los pueblos indígenas, entre otros derechos ya contenidos en otros textos internacionales.

28 de octubre del 2007: La política oficial del Gobierno expresada en el racista y pomposo discurso del “perro del hortelano”: El diario El Comercio es el escenario consentido para que el presidente García publicite su discurso antiindígena: “Contra el petróleo, han creado la figura del nativo selvático ‘no conectado’; es decir, desconocido pero presumible, por lo que millones de hectáreas no deben ser exploradas, y el petróleo peruano debe quedarse bajo tierra mientras se paga en el mundo US$90 por cada barril. Es preferible para ellos que el Perú siga importando y empobreciéndose”.

25 de noviembre del 2007: Continúa el delirio del “hortelano”: García dixit: “Cada año, al reducirse los ríos de la selva, aparecen las playas o restingas, una tierra de nadie pero con humedad y fertilizantes traídos por los ríos desde los Andes”.

2008: Se consuman nuevas y más burlas a los derechos indígenas: el INRENA ahora da su opinión favorable a numerosas concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor: Luego de haber reconocido sistemáticamente que “los petitorios mineros se encuentran superpuestos a un enmarañado sistema de quebradas, que forman parte de las cabeceras del río Cenepa, las cuales podrían verse afectadas por la actividad y afectar a las comunidades nativas y población que de ellos se abastecen si sus aguas se ven contaminadas con los residuos de la actividad”, INRENA ahora cambia y da su opinión favorable a numerosos petitorios mineros (Lahaina 13, Halcón 1, Cenepa 4, Maravilla 6, Vicmarama 10, Pamina, Maravilla 18, Apu, Campana 1, Vicmarama 11, Oro Grande 1, Lahaina 1, etcétera, etcétera), sin modificar ninguno de sus considerandos negativos previos y recomendando ahora que la minería debe “tener un especial cuidado y realizarse estrictamente bajo la normatividad aplicable”.

27 de mayo del 2008: Burla legal del Ministerio de Energía y Minas al Convenio 169: Dicho Ministerio publica el “Reglamento de Participación Ciudadana en el Sub Sector Minero”, acerca del cual afirma cínicamente que es un “cumplimiento del Convenio 169 de la OIT”. Pero el Reglamento solo establece un procedimiento de “participación ciudadana” y limitado al momento posterior al otorgamiento de las concesiones mineras (curiosa manera de entender la consulta “previa” del Convenio 169).

12 de junio del 2008: El Estado pide dinero a los indígenas para titular sus tierras: El organismo estatal encargado de entregar títulos de propiedad (COFOPRI), al que 9 comunidades nativas han solicitado la ampliación, demarcación y titulación legal de sus propias tierras ancestrales, indica mediante oficio que deben procurarle aproximadamente USD$128.000 (¡!); monto sobrevaluado y prohibitivo que debería ser sufragado por los propios programas sociales del Estado… COFOPRI tampoco incluye estos fondos en su planificación financiera… Las solicitudes indígenas datan de la década de 1970…

Agosto de 2008: Primera protesta indígena nacional contra los decretos legislativos de García.

21 de agosto del 2008: Agresiones de la prensa racista: Portada de la revista Caretas titulada “Chunchos bamba” en el que se utiliza el término despectivo “chuncho” y afirmaciones desestimatorias para denigrar la protesta indígena amazónica.

Noviembre del 2008: Los indígenas Awajún y Wampís siguen exigiendo consulta previa: Deciden enviar una delegación de indígenas al campamento minero de Afrodita y, luego de constatar daños a los recursos forestales del lugar, exigen a esa compañía una reunión que finalmente no se realiza. Ante el diálogo frustrado, los indígenas demandan a la empresa que retire su base de exploración minera ubicada dentro de la base militar fronteriza y exigen al Gobierno —por enésima vez— que respete el derecho a la consulta antes de otorgar concesiones mineras en su territorio. Los dirigentes indígenas acusan al Gobierno y al Ejército de complicidad con la empresa minera y de asegurarles resguardo militar, lo que el Ministerio de Energía y Minas niega rotundamente.

8 de noviembre del 2008: Más agresiones de la prensa racista: Artículo en el diario Correo titulado “¡Pobrecitos chunchos! y otras torpezas”, en el que un columnista insulta a los indígenas peruanos y a sus símbolos culturales.

25 de diciembre del 2008: Cumplimiento de ultimátum indígena: Una segunda comitiva de indígenas Awajúns no identificados llega al campamento de Afrodita y desmantela esa base ante la mirada de la guarnición militar fronteriza. Ante esta peligrosa escalada de acontecimientos, la organización indígena ODECOFROC insiste en cursar cartas a la Presidencia del Consejo de Ministros y a diversos ministerios del Poder Ejecutivo (Agricultura, Ambiente, Relaciones Exteriores, Energía y Minas, etcétera), solicitando la presencia de una comitiva gubernamental para una reunión de diálogo el 28 de enero del 2009. La dirigencia indígena reitera sus acusaciones sobre un pacto entre el Ejército y la empresa Afrodita, para extraer ilegalmente oro de la cordillera a cambio de prebendas. 

14 de enero del 2009: Peligrosísima provocación minera: Una comitiva de seis personas de Afrodita-Dorato Resources ingresa de manera unilateral y sin consulta previa (artículo 18.° del Convenio OIT) en la comunidad indígena de Huampami (El Cenepa), lo que provoca su retención y la exigencia de los comuneros indígenas de liberarlos a condición de tener un diálogo inmediato con una Comisión de Alto Nivel del Estado. Ello origina una muy difícil crisis cubierta por medios nacionales e internacionales. Afortunadamente, después de seis días de arduas negociaciones, los retenidos son liberados por las comunidades previa aceptación escrita del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, de enviar una comisión gubernamental a la comunidad de Huampami. La promesa, finalmente, no se cumplió.

El viceministro de Minas, Felipe Isasi, “asegura” a los dirigentes indígenas que es totalmente falso que Dorato Resources tenga concesiones en la frontera y pide a los indígenas que lo ayuden a encontrar las pruebas.
 

Febrero del 2009: Visita de congresistas nacionalistas al Cenepa: Un grupo de congresistas de oposición visita —previa coordinación con los Apus indígenas— la comunidad de Huampami, y, en diálogo con los comuneros, éstos les manifiestan que los pueblos Awajún y Wampís se encuentran en “alerta máxima” contra la presencia de actividades mineras y en fase previa a una “declaratoria de guerra”.

Febrero de 2009: La OIT reprende y alerta al Gobierno peruano: La Organización Internacional del Trabajo, mediante su Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, observa en distintos párrafos de su informe el permanente y grave incumplimiento del Estado peruano del Convenio 169 de la OIT:

La Comisión expresa su preocupación por los alegatos recibidos y la falta de comentarios del Gobierno sobre los mismos. La Comisión insta al Gobierno que, con la participación y consulta de los pueblos indígenas, adopte sin demora las medidas necesarias para garantizar: […] 2) la identificación de situaciones urgentes relacionadas con la explotación de recursos naturales que pongan en riesgo las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados y la aplicación rápida de las medidas especiales que se precisen para salvaguardarlos” (énfasis nuestros)

4 de marzo del 2009: “A admisión de parte relevo de prueba”: La oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas admite en un oficio que: “[…] conforme a la Ley General de Minería y su respectivo reglamento, el proceso de consulta o participación de organizaciones indígenas… no se encuentra regulado en el procedimiento de titulación de concesiones mineras” (Informe 010-2009-INGEMMET-OAJ/AI; énfasis nuestro).

19 de marzo del 2009: Nueva provocación mediante intrusión inconsulta en territorio indígena: Confirmando que el artículo 18.° del Convenio de la OIT es letra muerta para ellos, los funcionarios del Gobierno (uno del Ministerio de Energía y Minas y otro del Ministerio de Agricultura, acompañados del sociólogo y sacerdote Víctor Nomberto —quien adujo, convenientemente, estar en misión “evangelizadora”— ingresan nuevamente en la comunidad de Huampami sin consulta ni coordinación previa con las comunidades ni sus Apus. Sorprendidos por los comuneros indígenas, señalan que iban a realizar un “seminario de capacitación sobre minería, hidrocarburos y medio ambiente” dirigido a líderes de una organización indígena inexistente. Son retenidos brevemente, pero por fortuna la comunidad les permite retirarse del lugar.

25 de marzo del 2009: Prosiguen los peligrosos desvaríos racistas del presidente García:

Una sociedad [la peruana] que tiene elementos psicológicos de derrotismo un poco mayores que los que puedan tener los señores brasileños que tienen más sol, más componente negro y más alegría que nosotros los andinos […] somos un país andino, es decir un país esencialmente triste […] no somos como los colombianos que son hiperactivos, tienen mezcla de español del norte vascongado y catalán más mayor componente negro y un poco de antropófago primitivo […] nosotros somos tristes y aquí todo está mal siempre.

13 de abril del 2009: Denuncias indígenas contra Dorato Resources: El líder indígena Zebelio Kayap presenta tres denuncias administrativas que cuestionan las concesiones mineras entregadas a mineros peruanos en la Cordillera del Cóndor por violación del artículo 71.° de la Constitución Política, que prohíbe a extranjeros tener minas en zona de frontera. Las denuncias son más tarde declaradas infundadas por el Ministerio de Energía y Minas. Una de dichas resoluciones admite la existencia de la situación denunciada pero sostiene que fue —formalmente— transitoria…

22 de abril del 2009: Arrecian las agresiones racistas de la prensa: Portada “¡Qué nivel! Urge ‘Coquito’ para Congresista Supa” (diarioCorreo), en el que se denigra a una congresista indígena andina por sus faltas de ortografía al escribir en idioma castellano, siendo su idioma materno el quechua.

19 de mayo del 2009: Afrodita y Dorato insisten: Mediante carta 018-2009/CMA, la empresa Afrodita anuncia su voluntad de continuar con sus labores de exploración al amparo de la legislación minera, que desconoce y minimiza el derecho a la consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT. En diversas notas de prensa, la empresa canadiense Dorato Resources Inc. manifiesta la misma intención.

Abril del 2009: Dirigentes indígenas criminalizados e inicio de protesta indígena en Bagua y a nivel nacional: Diversos líderes indígenas Awajún son perseguidos penalmente por los delitos de “secuestro agravado” por los sucesos en Huampami. Se inicia la segunda protesta nacional de los pueblos indígenas amazónicos contra los decretos legislativos aprobados por el Gobierno de García Pérez y su discurso racista del “perro del hortelano”.

5 de junio del 2009: El presidente García sobre masacre en Bagua:“Ya está bueno, estas personas[los indígenas amazónicos en protesta] no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase que puedan decirnos 400 mil nativos a 28 millones de peruanos tú no tienes derecho de venir por aquí, de ninguna manera, eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo”.

Aquí la cronología hasta el 5 de junio del 2009, fecha del “Baguazo” y que incluye hechos que pueden contribuir a entender por qué las señoras Mazetti, Pinilla y los demás miembros de la Comisión Álvarez Lobo no los incluyeron en su tendenciosa “Cronología nacional y regional”, a pesar de conocerlos perfectamente, ya que sabían de la “Acción Urgente” presentada por ODECOFROC, la organización representativa de los Awajún y Wampís del Cenepa, ante el Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas el 3 de agosto del 2009; Acción cuyo contenido está publicado en Internet y que fue mencionada en el informe de la comisión sobre los hechos de Bagua.

El congresista Güido Lombardi, autor de un valiente informe en minoría sobre los hechos, señaló hace poco: “Nada impedirá que el nuevo Congreso pueda investigar otra vez el ‘Baguazo’”. El derecho a la verdad de las comunidades Awajún y Wampís, y del país entero, así lo exige.