LA CORRUPCIÓN: PROBLEMA CENTRAL PARA LA DEMOCRACIA

LA CORRUPCIÓN: PROBLEMA CENTRAL PARA LA DEMOCRACIA

Categoría: Noticias

Por: Rosa Mavila

En la V Conferencia Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC- Manila, febrero 2013) participaron 512 congresistas de 78 países, de los cuales 12 eran Presidentes del Congreso. La Organización Mundial de Parlamentarios contra la corrupción cumplió 10 años de funcionamiento tratando de precisar un plan de acción común en el orbe.

Es impresionante el cálculo realizado de lo que cuesta la corrupción; 1.26 billones al año a nivel mundial afectando aproximadamente a 14.000 millones de personas, a través de adquisiciones fraudulentas, tráfico de influencias para la toma de decisiones de gobierno o legislativas, mal uso y defraudación del dinero del Estado, crimen organizado interno y transnacional, lavado de activos, corrupción vinculada con terrorismo. En los sectores vinculados a la defensa, bancario, telecomunicaciones, construcción e infraestructura hay más corrupción y en el 30% de los procedimientos de adquisiciones, compra y subasta se habría institucionalizado el soborno.

Se analizó la corrupción desde la perspectiva de su impacto en el campo del desarrollo porque esta se mide no solo en los millones que se malgastan sino en cuanto destruye oportunidades, frena el desarrollo económico, bloquea el mercado y neutraliza los esfuerzos de las democracias para fortalecerse.

Se trató sobre la magnitud de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para hacer sistemática la vigencia nacional de sus dispositivos, en tanto quienes tienen el privilegio de gobernar tienen también la máxima responsabilidad en el servir, por lo cual deben evaluarse las medidas concretas emanadas del Poder Ejecutivo a través de políticas públicas específicas para la lucha eficaz contra la corrupción.

Primó una visión realista que era consciente de la deslegitimación de los parlamentarios en nuestras sociedades conviniéndose en que las funciones de fiscalización correctamente ejercidas contra los corruptos podían ser un mecanismo de recuperación de la confianza cívica. Se vio la necesidad de que el Poder Ejecutivo informe al Parlamento sobre la corrupción como paso previo al envío del informe del Estado a la ONU y que este debía contener cuáles son los sectores más vulnerables del sistema, los mecanismos más difundidos de corrupción y las medidas asumidas.

El derecho a la información, la transparencia y la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción fueron planteados afirmándose que los regímenes autoritarios limitan el acceso a la información, por lo cual la presunción legal se realiza contra el secreto y a favor de la divulgación. En tanto vivimos en un contexto de globalización, el acceso a la información no es un obsequio a la población sino un derecho humano.

La necesidad de campañas para difundir cuándo y cuánto del presupuesto se ha asignado, a quién y para qué y si dichos objetivos se han cumplido, la investigación de las "huellas legislativas" para identificar qué intereses subyacen detrás de algunas leyes, la divulgación de activos y de bienes que permitan la regulación y fiscalización a políticos y funcionarios de alta jerarquía, una robusta Unidad de Inteligencia Financiera y la actuación adecuada del sistema de justicia porque es la instancia a través de la cual se debe evitar la impunidad, fueron temas de preocupación general.

La función de fiscalización debe apoyar la recuperación de bienes mal adquiridos asegurándose que no sean apropiados nuevamente por actores corruptos. La rendición de cuentas y la integridad deben ser consustanciales a una cultura ética. El dinero mal habido oculto en "paraísos fiscales" debe ser congelado inmediatamente impidiéndose transacciones futuras con este para que los bancos cómplices con el tráfico de capitales corruptos no trabajen con este patrimonio y haya condiciones de retorno a su país de origen. El gobierno electrónico y el uso de Internet pueden facilitar el flujo de dinero ilícito pero también pueden ser un mecanismo de seguimiento de dinero mal habido.

Internamente deben crearse condiciones equitativas de control del uso del dinero en las campañas electorales y medirse el impacto de los poderes fácticos.

La aplicación de Códigos de Ética a los congresistas, cuando no se convierte en una modalidad de lucha política, debería producir un mecanismo de veto a los parlamentarios corruptos para que sus partidos les impidan ser futuros candidatos. Los corruptos no deben volver, ni al gobierno, ni al Congreso. La necesidad de un Auditor que supervise el presupuesto y gastos parlamentarios sin depender de las autoridades legislativas debe caracterizar a un Congreso donde se apliquen los principios de integridad, objetividad y rendición de cuentas.

Fuente: Diario La República