sábado, 2 de julio de 2011

¿Un retorno a lo nacional, lo social, o una política neokeynesiana?


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En un país como el Perú, hablar de nacionalismo es anacrónico: las Ciencias Sociales plantean desde hace ya varias décadas la existencia de una realidad peruana plurinacional o multiétnica; por ello, exacerbar un discurso etnonacionalista o etnocacerista resulta ser lo más contrario a una política de integración de un país fragmentado como el nuestro. Durante la época republicana los peruanos hemos vivido entre el olvido y la marginación de la mayoría de los habitantes del país, ya que quienes asumieron el papel de representantes políticos fueron sectores ligados a los núcleos terratenientes y a la oligarquía exportadora.
El escenario que se presenta como nuevo realmente no lo es, ya que desde la década de 1980 el país vive modelos desordenados de participación: los sectores populares toman parte en varios niveles de la política nacional, sea como microempresarios, empresarios informales, artistas chichas o líderes obreros, campesinos, etcétera. Lo popular convive en todas partes con nosotros, pero las élites económicas no lo quieren ver: se limitan a comprar en Gamarra o en Polvos Azules, en El Hueco o Las Malvinas; o bailan tecnocumbia y ven Al fondo hay sitio; o sencillamente reconocen la necesidad de mejorar la educación técnica de la mano de obra para la construcción o la industria ligada a la exportación, es decir, Senati, Sencico, Tecsup.
Algunos limeños se dieron cuenta de la fuerza de la protesta popular y campesina apenas en la histórica Marcha de los Cuatro Suyos, pero aun así siguen observando a los sectores necesitados como una plebe sin derechos, sin capacidad de decisión y sin posibilidad de elegir a sus legítimos representantes políticos. Lo que se presenta como nuevo ahora no lo es: esta fuerza que lidera el Presidente electo es parte de la misma clase política que se recicla de una izquierda marxista, de la socialdemocracia, del centro progresista o de algunos efímeros liderazgos populares o sociales. Líderes cuyo discurso también es múltiple y diverso, ya que algunos, anclados aún en el marxismo-leninismo, presentan el lado más extremo del abanico humalista, en tanto otros plantean una revisión del liberalismo al estilo neokeynesiano, que busca dar un nuevo significado al papel del Estado.
Con este abanico multicolor, parecido a la bandera del Tahuantinsuyo, el humalismo no podrá consolidar una política que le permita cumplir sus promesas de cambio social, tan esperado por la inmensa mayoría que ahora tendrá que ser visibilizada por la política y la cultura oficial, es decir, por aquella élite limeña que no quiere dejar su papel histórico de ser la que definía el significado de Estado y política en el Perú.
En estos días los neokeynesianos parecen ser los voceros del recién electo Presidente: nos hablan de concertación y de frente social, de una diversidad de conceptos que justifican su falta de ideología y exceso de ofrecimientos o planes de gobierno. Lo que nos queda claro es que el formato Ollanta .3 (o .4) es un intento de conciliación con todo lo existente, incluido el orden establecido de los empresarios mercantilistas agrupados en gremios, sociedades, confederaciones, pero que deja de lado algunas cosas básicas que llevaron al ex comandante a las segundas vueltas del 2006 y 2011, y a la presidencia en este año. Ahora parece que se ha olvidado de los sectores populares.
Sus nuevos voceros, reciclados de Perú Posible o de las cátedras universitarias, hablan en el viejo lenguaje macroeconómico propio de empresarios e inversionistas, pero se alejan del lenguaje cotidiano, tan común en la propaganda electoral. Ahora nos acercamos a Brasil, hablamos de las bondades del modelo brasileño, de su industria, de su educación, de su progreso, etcétera. Pero se olvida que la gran mayoría de los peruanos estamos cansados del populismo, de las dádivas y de que nos traten de manera paternalista, como hacen nuestros vecinos amazónicos desde hace casi una década. Y también olvidamos o no queremos ver que ese modelo político de Estado tiene a más de cien millones de sus habitantes en pobreza extrema, que millones de brasileños no cuentan con propiedades rurales o urbanas, que el gobierno socialista de Lula es considerado como el que más agresivamente depredó y destruyó la tan apreciada Amazonía.

Algunos limeños se dieron cuenta de la fuerza de la protesta popular y campesina apenas en la histórica Marcha de los Cuatro Suyos, pero aun así siguen observando a los sectores necesitados como una plebe sin derechos, sin capacidad de decisión y sin posibilidad de elegir a sus legítimos representantes políticos.

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No obstante esa realidad, el modelo brasileño parece el único punto en común entre los miembros del abanico político humalista: a los extremistas les gusta el discurso paternalista de izquierda, ya que quieren su sociedad de bienestar, imitando a sus camaradas europeos antes de su actual crisis. También a los neokeynesianos les gusta este modelo, porque lo consideran apropiado, un Estado grande, promotor e inversor, aliado del gran capital internacional, con bajo nivel de protesta social, con pobres satisfechos por la ayuda estatal y bien entretenidos, como los brasileños con su fútbol. Este modelo agrada asimismo a los empresarios mercantilistas acostumbrados a recibir exoneraciones, devoluciones, protecciones, etcétera, ya que con él pueden recibir inversión estatal, dinero fresco que no pondría en riesgo sus capitales. Además, los empresarios empujan el carro de ese modelo por ser el que no defiende los derechos de los trabajadores, ya que se beneficia de la informalidad, ni, menos, los derechos de las minorías y los más vulnerables, como los niños y niñas, explotados y esclavizados en nuestro vecino amazónico en varios trabajos considerados inhumanos.
Otra de las ventajas que los empresarios ven en este modelo es que con él ya no tendrán que preocuparse del medio ambiente, la contaminación y la destrucción de hábitats y especies en peligro de extinción: el modelo brasileño, que destruye 500 hectáreas de bosque tropical amazónico al año, exime de responsabilidades a los empresarios y no pide permiso a comunidades indígenas: lo importante es el progreso, la industrialización y el crecimiento del PBI, y no los costos a futuro; y así se deja de lado cualquier tipo de análisis basado en el Índice de Desarrollo Humano, en el que la calidad de vida y la educación son partes de la ecuación del desarrollo de un país y no solo el crecimiento económico que tanto nos entusiasma. En este índice medido por el PNUD el Perú se encuentra en el puesto número 63 y Brasil en el 73, es decir, estamos en mejores condiciones que nuestro gran vecino.
Esperemos que esto no pase, que los miembros del abanico humalista tengan claro que el Perú presenta un alto grado de conflictividad social, que el 50% de los conflictos se originan por problemas ambientales, y que lo que en estos días vemos en Puno y ya vimos en Bagua, Moquegua, Tacna, Cusco, Áncash, etcétera, no debe repetirse.

Humala y el rumor del indulto

Humala y el rumor del indulto

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No cabe la menor duda, para quienes venimos siguiendo el posible indulto humanitario a favor del ex Presidente Alberto Fujimori, que el Presidente Alan García pretende concederlo antes de dejar el poder. Más que un rumor, una certeza.
El pacto bajo la mesa entre el APRA y el fujimorismo no sólo se ha dejado traslucir los últimos cinco años, sino que se ha vuelto a manifestar recientemente en el Parlamento, en el que el fujimorismo ha vuelto a salvar al APRA: aprobación del “Informe Bagua”, la exculpación del ex Presidente de Essalud, la ley que favorece a los acusados de corrupción, entre otros.
Pero hay además una razón más poderosa que impulsa a Alan García a indultar a Alberto Fujimori: el primero necesita una bancada parlamentaria que le cubra las espaldas en el próximo Congreso. Con la bancada aprista reducida a su mínima expresión, García ve en la nada despreciable bancada fujimorista su tabla de salvación a partir de la cual puede comenzar a ensayar la aritmética parlamentaria: 37 fujimoristas, 4 del APRA y, muy probablemente, 9 de Solidaridad Nacional = 50 congresistas que, ellos sí, pueden intentar la defensa de García frente a un oficialismo previsiblemente hostil (nacionalistas y peruposibilistas).
Entonces, que Alan García –antes de dejar el poder- pretende indultar a Alberto Fujimori es una certeza y si no lo ha hecho hasta ahora es, por un lado, porque estuvo esperando el desenlace del hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional (vía que, todo indica, ya se enfrío con los resultados de la segunda vuelta) y, por otro lado, porque sigue evaluando los costos y beneficios de tal decisión que, obviamente, generaría un gran rechazo nacional e internacional. En otras palabras, quiere pero no termina de decidirse.
La expectativa, por ende, se centra en la actitud que asumiría el Presidente electo Ollanta Humala ante un eventual indulto humanitario concedido por un García de salida y a favor de Alberto Fujimori. Todo parecería indicar que debería ser de rotundo rechazo, pero ha surgido el rumor que, por el contrario y sorprendentemente, se pondría de perfil. Insistimos que es tan sólo un rumor, pero que se viene escuchando crecientemente.
Frente a esta posibilidad –aún difícil de creer-, consideramos que sería un gravísimo error por las razones siguientes:
1. Sería un error creer que con dicha actitud el fujimorismo y el aprismo se quedarían tranquilos y le darían al nuevo Gobierno una tregua, una “luna de miel”. Por el contrario, resuelto el principal problema para los fujimoristas –tener a buen recaudo al jefe, en Perú o en Japón-, se encargarían de desarrollar una oposición frontal en alianza con el APRA, la prensa afín a este sector (Correo, La Razón, Expreso, Peru.21, Canal 2) y sus aliados de siempre (Rafael Rey, Monseñor Cipriani, Luis Giampietri, entre otros). Además, le haría un inmenso favor a García pues éste se aseguraría la gratitud fujimorista durante los próximos cinco años.
2. Supondría perder la confianza de sectores importantes que apoyaron a Ollanta Humala en la segunda vuelta: el Nobel Mario Vargas Llosa, el movimiento de derechos humanos, el movimiento de mujeres, el movimiento sindical, diversos colectivos de jóvenes, intelectuales y artistas, entre otros; muchos de los cuales votaron por Humala, precisamente, para evitar que la hija del ex dictador llegue al poder para indultar a su padre. Lo absurdo sería que, finalmente, Alberto Fujimori salga libre.
3. Ciertamente estamos de acuerdo que ninguna persona merece morir en la cárcel. Pero ese no es el caso de Alberto Fujimori según ya han determinado los médicos del Hospital del cáncer. Si bien es cierto sufre de una dolencia en la lengua, esta no es terminal ni grave y, por ende, lo que corresponde es que siga con su tratamiento médico, como cualquier interno. Por lo demás, tiene condiciones privilegiadas en su cárcel especial de la Diroes; si está deprimido es porque él era el verdadero candidato y no su hija y perdió en forma ajustada.
4. La comunidad internacional –en especial, el sistema interamericano de derechos humanos- condenaría esta medida porque sería vista como un favorecimiento de la impunidad en materia de derechos humanos y un incumplimiento a compromisos internacionales y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Barrios Altos y La Cantuta). Recordemos una vez más que en crímenes de derechos humanos no es válido el indulto ni cualquier otra medida similar y que la condena de Fujimori es un caso emblemático a nivel nacional e internacional.
En consecuencia, confiamos que tan sólo sea un rumor y que, de llegar el momento, el Presidente electo alce su voz de protesta en contra lo que sería,  sin duda alguna, un escándalo nacional e internacional. Lo contrario, sería un gravísimo error y un pésimo augurio.