Entre lo deseable y lo posible

• Armando Mendoza

Tras la reciente presentación del Gabinete Lerner ante el Congreso, ha quedado la sensación de que éste puede ser un gobierno que cumplirá —o al menos intentará cumplir— sus promesas electorales. Y es que aunque resulta aún demasiado temprano como para exigir resultados definitivos, algunas medidas preliminares que se han dado o anunciado, tales como el logro de un acuerdo para gravar las sobreganancias mineras, el incremento del salario mínimo vital, o la aprobación de la consulta previa como requisito para el desarrollo de proyectos mineros, indican que hay una real intención de emprender una serie de reformas económicas y sociales que se han venido reclamando desde hace muchos años.
Así, las metas que el Gobierno de Ollanta Humala se ha trazado de aquí al 2016 son ambiciosas: crecimiento continuo del PBI de al menos 6% anual; mantener bajas tasas de inflación; preservar el equilibrio fiscal y un bajo nivel de endeudamiento; reducir la incidencia de la pobreza total a menos del 20% y la de la pobreza extrema a menos del 5%; aminorar la desnutrición crónica infantil a menos del 10%; duplicar el número de hogares rurales con electricidad, entre otras. En verdad, cumplir con la mitad de estas metas debería bastar y sobrar para que el de Ollanta figure como uno de los mejores gobiernos que el Perú ha tenido. Lógicamente, cabe preguntarse cuánto de estos objetivos será posible alcanzar en este quinquenio, considerando las enormes expectativas creadas entre la población, particularmente en las regiones del interior.
En ese sentido, un factor crítico que no se debe descuidar es el preocupante contexto externo, pues con cada día que pasa se hace más patente la desaceleración global, que, combinada con la turbulencia en los mercados financieros internacionales, ya está impactándonos y, sin duda, nos impactara aun más en lo que queda del 2011 y en el 2012. Dada nuestra situación de país exportador de materias primas, está claro que la caída en la demanda y en los precios de nuestras exportaciones va a ser un golpe que no va a ser fácil esquivar o absorber.
De modo que el margen con que cuenta el Gobierno para actuar es relativamente reducido si lo comparamos con la situación con la que se encontró Alan García en el 2006: una economía boyante y una inmejorable posición para realizar las reformas que había prometido en la campaña electoral. Y sin embargo, García renegó de su palabra y optó por el continuismo. Hoy en día, con una crisis mundial en ciernes, no son pocas las voces que instan a Humala a “no hacer olas”, a mantener el statu quo y a patear las reformas para “más adelante”. Ojalá esas voces que apuestan por el conformismo no sean oídas, pues si algo urge en el Perú es la realización de cambios de fondo en áreas clave como la política tributaria, el régimen laboral, la descentralización fiscal o la lucha contra la corrupción, por citar solo algunos casos.
El acuerdo recientemente alcanzado entre el Gobierno y el sector minero para establecer un tributo sobre las sobreganancias es en esa línea un logro importante, que debería permitir acceder a recursos suficientes para financiar algunos —no todos— de los compromisos asumidos en materia social, en el campo del desarrollo productivo, en metas de expansión de los servicios públicos, etcétera. Y es que si bien hay, hermanos, muchísimo por hacer, también es cierto que en este momento no abundan los recursos para hacer mucho.

Hoy en día, con una crisis mundial en ciernes, no son pocas las voces que instan a Humala a “no hacer olas”, a mantener el statu quo y a patear las reformas para “más adelante”. Ojalá esas voces que apuestan por el conformismo no sean oídas, pues si algo urge en el Perú es la realización de cambios de fondo.

A modo de referencia, puede mencionarse que los ingresos que se recaudarán de las sobreganancias mineras deberían ascender a aproximadamente US$1.000 millones de dólares anuales; es decir, el equivalente a poco más del 0,5% del PBI. Sin embargo, el cumplimiento de las demandas de sectores claves rebasan largamente esas cifras. Por ejemplo, solo para cumplir con el compromiso mínimo de financiamiento de la educación que se estableció en el Acuerdo Nacional, debería dotarse a este sector con recursos adicionales equivalentes a 3% del PBI, en tanto que la inversión en ciencia y tecnología podría demandar otro 2% del PBI. En otras palabras, solo para atender adecuadamente a esos dos sectores claves para nuestro desarrollo, requerimos diez veces lo que se espera obtener de la tributación proveniente de las sobreganancias mineras.
Este desfase entre las metas propuestas y los recursos que van a exigir se agrava si consideramos otras demandas pendientes: el déficit de inversión en infraestructura (transporte, comunicaciones, electricidad, agua potable, etcétera) se estimó en el 2008 en no menos de US$37 mil millones de dólares. Incluso si asumimos que parte de esa enorme demanda será cubierta a través de proyectos privados, la realidad es que el Estado deberá hacer enormes desembolsos en este rubro en los próximos años. ¿De dónde saldrá el cuero para tantas correas?
La respuesta a esa pregunta dependerá de la política tributaria que aplique el Gobierno: si es constante y decidida, habrá recursos; si es tímida y estática, no los habrá. Considerando que el MEF oficialmente ha propuesto elevar la presión tributaria de los actuales niveles (que oscilan entre 14% y 15% del PBI) a un mínimo del 18% del PBI para el 2016, se puede decir que la apuesta es por una política tributaria decidida. Sin embargo, para que ello se cristalice será necesaria una profunda reforma del sistema impositivo, lo que debería incluir la eliminación de indebidas exoneraciones, revitalizar la lucha contra la informalidad, ampliar el universo de contribuyentes, y la revisión integral de las tasas de pago de impuestos de los sectores más acomodados.
Sin duda, la oposición de los sectores afectados por una mayor tributación y fiscalización será muy fuerte, y en algunos casos el Gobierno tendrá que proceder con prudencia en el desmontaje de algunas exoneraciones al pago de impuestos, que si bien desde un punto de vista técnico no se justifican, tienen, sin embargo, un trasfondo político complejo. Ejemplo de lo anterior son las exoneraciones al IGV e ISC sobre los combustibles en la Amazonía o al acondicionamiento de vehículos importados usados en la Zona Franca de Tacna. Es pues evidente que el tributario será uno de los campos de batalla en los que se decidirá el destino de la política económica del Gobierno.
De igual forma, la reforma del régimen laboral, incluyendo la mejora de las condiciones de trabajo y la revisión de las remuneraciones, así como el incremento de la productividad, es un tema que no se puede dejar de lado si pretendemos pasar a un esquema de crecimiento y desarrollo basado menos en los vaivenes de los mercados internacionales y más en el fortalecimiento de la demanda interna, a partir de las mejoras de los ingresos y las condiciones de vida de millones de trabajadores peruanos.
En suma, al cumplir su primer mes al frente del Estado, el balance en lo económico para el Gobierno de Ollanta es, para qué, bastante bueno: los iniciales temores e incertidumbres de determinados sectores del empresariado se están calmando; se han logrado algunos acuerdos importantes con la minería y otros sectores económicos relevantes, y se ha creado una expectativa favorable entre la ciudadanía. Si en lo que queda de este año y el próximo se consigue preservar el crecimiento, al mismo tiempo que se establece una dinámica de reformas reales, asegurando el necesario financiamiento para ello, entonces estaremos bien encaminados por una senda de crecimiento más racional e inclusivo, y con buenas perspectivas de que lo deseable sea posible, y que las metas al 2016 se alcancen. Pero eso, solo el tiempo lo dirá.

Un Gobierno sin “partido de gobierno”

Revista ideele

• Carlo Magno Salcedo

Junto con Keiko Fujimori, el “extremista” Ollanta Humala fue uno de los candidatos que más temores despertaba y resistencias generaba en la mayor parte del electorado, ya que era considerado un riesgo para la democracia y para la continuidad del crecimiento económico sustentado en el libre mercado. No obstante, paradojas de la política peruana, fue él quien se alzó con el triunfo electoral.

Para poder ganar las elecciones, entre la primera y la segunda vuelta Humala se desplazó desde el extremo izquierdo del espectro político, que a juicio de muchos era lo que amenazaba la estabilidad democrática y el crecimiento económico, hacia la centro-izquierda, espacio desde el cual, en teoría, se pueden hacer ajustes a la política económica, en aras de lograr una mayor inclusión social sin arriesgar la estabilidad económica ni amenazar la democracia política. Con tal fin, presentó un nuevo plan de gobierno y reforzó su equipo con técnicos provenientes de canteras liberales o socialdemócratas.

La nueva ubicación de Humala, sin embargo, no es por sí misma garantía suficiente para lograr la consolidación de un gobierno de centro-izquierda, inclusivo y democrático. Era y es de prever que su Gobierno se encontrará sometido a una doble presión, desde ambos lados del espectro social y político. Los sectores más a la izquierda intentarán que Humala retome su agenda radical, sobre todo cuando su Gobierno se enfrente a las crecientes demandas sociales que se han gestado en estos años, y que los anteriores gobiernos no han tenido capacidad de atender. Seguramente, no faltarán desde este lado acusaciones de “traición”, de que su Gobierno es “más de lo mismo”, de que “una vez más el pueblo ha sido engañado”; y no pocos conflictos sociales podrían generarse.

Por otro lado, los sectores más conservadores y de la derecha más recalcitrante no descansarán en su intento de que Humala abandone su agenda de inclusión social (cuya ejecución implica cortar ciertos privilegios a los que determinados grupos empresariales se habían acostumbrado) y termine gobernando con el mismo programa ortodoxo de las últimas décadas, como antes pasó con Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García, quienes fueron elegidos como candidatos alternativos a los de la derecha, no obstante lo cual gobernaron con y para la derecha. Desde este lado, surgirán no pocas campañas tendientes a socavar la legitimidad del régimen y traérselo abajo, aprovechando sus flancos más débiles (un botón de muestra ha sido la campaña contra el jefe de Devida, Ricardo Soberón, sacando provecho de algunos errores de comunicación sobre la nueva política antidrogas).Por tanto, que Ollanta Humala logre realizar un verdadero gobierno de centro-izquierda, sin radicalizarse ni convertirlo en un régimen populista por las presiones que vengan desde la izquierda o de los movimientos de protesta social, ni derechizarse haciendo más de lo mismo por la presión de los grupos de poder, constituye un gran desafío de cuyo logro depende que alcance el prometido crecimiento económico con inclusión social y de que el país avance en la consolidación de su democracia y no sufra más bien un retroceso.

Soy de los que creen firmemente que, para lograrlo, ayudaría mucho si el Gobierno fuera respaldado por un partido bien organizado y por una sociedad civil vigorosa. Para ello, Gana Perú debería convertirse en un verdadero partido político, que sirva de soporte al Gobierno y, eventualmente, logre atraer y articular a sectores de izquierda, de centro, socialdemócratas o de izquierda liberal. Una especie de versión peruana del Partido de los Trabajadores brasileño o del Frente Amplio en Uruguay.

Para que Gana Perú pueda convertirse en un verdadero partido político (ahora solo es una más de las tantas membresías inscritas en el Registro de Organizaciones Políticas), deberían darse cuando menos dos condiciones: que Ollanta Humala, o su entorno más cercano, alienten dicho proceso (y no conspiren contra él); y que los diversos grupos que conformaron la confluencia Gana Perú (el Partido Nacionalista Peruano-PNP, los colectivos de izquierda, los intelectuales y profesionales de izquierda articulados en Ciudadanos por el Cambio, los movimientos regionales) tengan la capacidad de deponer sus diferencias y disputas, y se pongan a trabajar juntos en la construcción de un único proyecto.

Los sectores más conservadores y de la derecha más recalcitrante no descansarán en su intento de que Humala abandone su agenda de inclusión social termine gobernando con el mismo programa ortodoxo de las últimas décadas, como antes pasó con Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García.

Precisemos que Gana Perú, formalmente hablando, es solo el original PNP con otra denominación. En tal sentido, su carácter de “frente” que articula diversos grupos o colectivos fue más de hecho que de derecho.

Aunque, en términos generales, estos casi dos primeros meses han sido básicamente positivos para el Gobierno de Humala, parece que en lo que respecta a la construcción partidaria es muy poco lo avanzado. Más allá de la voluntad que han demostrado algunos sectores integrantes de la confluencia Gana Perú, especialmente Ciudadanos por el Cambio, por avanzar en la consolidación de una articulación de todos los grupos, colectivos o movimientos que apoyaron orgánicamente para el triunfo de Humala, parece que por el lado del PNP las cosas apuntan en otra dirección y, más bien, habría la intención de romper definitivamente la alianza y “bajar del coche a los advenedizos”.

Una de las razones de la falta de entendimiento sería la disputa por los cargos públicos, en un contexto en el que muchos de los cuadros políticos y técnicos de Ciudadanos por el Cambio, que en promedio están mucho mejor calificados que los del PNP, han pasado a ocupar las más importantes ubicaciones en el Gobierno (Primer Ministro, ministros, viceministros, directores, asesores de alto nivel), frente a lo obtenido por el promedio de militantes del PNP, que han conseguido puestos menos destacados.

Lo cierto del caso es que las relaciones entre quienes integraron el frente Gana Perú no están en su mejor momento. Un hecho que nos puede ilustrar sobre el particular es lo ocurrido el fin de la primera semana de septiembre. Al mismo tiempo que Ciudadanos por el Cambio celebraba un encuentro nacional para definir sus futuras acciones y apuntalar el proceso de fortalecimiento de Gana Perú (entendido como una mesa de cuatro patas: PNP, Ciudadanos por el Cambio, colectivos de izquierda y movimientos regionales), la Comisión Política Nacional del PNP aprobaba una directiva por la cual, de hecho, disuelve dicha confluencia política. En la directiva, tras señalar que Gana Perú se formó para apoyar la candidatura de Ollanta Humala y que para ello utilizó la estructura legal y orgánica del PNP, dispone que a partir de la fecha (la resolución es del 1 de septiembre) se restablece y consolida el funcionamiento de los locales del PNP, los que deben funcionar únicamente con ese nombre, y que solo serán reconocidos por los órganos del partido los locales que cumplan dicha disposición.

Queda por saber si a Ollanta Humala o a su entorno más cercano les interesa facilitar la conversión de Gana Perú en un partido de verdad. Cierto que en un contexto de desinstitucionalización de la política como el que vivimos, no hay muchos estímulos para hacer esa apuesta, ya que cuanto más institucionalizado y democrático es un partido, menos poder relativo tienen sus cúpulas (y es muy difícil que quienes detentan el poder se resignen a verlo menguado). Pero lo que ahora está en juego es la viabilidad misma de un Gobierno que se ha planteado retos muy difíciles de cumplir. Por el bien de la democracia, esperemos que a quienes corresponde decidir, tomen las decisiones más adecuadas para el país, y no las que dicta el corto plazo.

¿De un presidente de todos los sustos a uno de todos los gustos?

Revista ideele

Se dijo que no iba a tener luna de miel, que una vez que llegase al Gobierno iba a mandar mudar a sus asesores, que su primera medida iba a ser cambiar la Constitución. ¿Pasamos de un presidente de todos los sustos a un presidente de todos los gustos? Tres destacados analistas examinan los primeros pasos presidenciales.

Cuando Humala ganó las elecciones venció, también, una inmensa campaña en su contra.  Ahora, en cambio, se ataca a su círculo cercano, y la figura del Presidente luce casi intangible. ¿Dónde está la oposición?

Eduardo Adrianzén
El Gobierno actual es menos personalista que otros; no se expone. Se ha tratado de diluirlo en muchos sectores e instancias. La gente tiene agendas diferentes y no ve una política totalmente monolítica.

Eso hace que los problemas vayan más por el lado de los individuos —y por cuestiones específicas— que por el ataque a Humala. Esto es una ventaja, porque cuando se tienen crisis muy grandes la imagen de él se deteriora y puede solucionar cambiando a los que están al frente de los diversos sectores. Es una estrategia acertada. Da la sensación de que hay más personas que “son el Gobierno”.

La oposición no es un bloque sólido de ideas; son individuos que se juntan por intereses. Una oposición así está atomizada y va a funcionar de acuerdo con la agenda del día; no tiene una agenda programática.

En este mismo momento, aunque se hayan quedado furiosos por la derrota electoral —hablo del ciudadano común—, sí creo que le están dando una luna de miel al Gobierno, una tregua. No están siendo hostiles, como se hubiera podido esperar, sobre todo en vista de los resultados electorales.

Santiago AlfaroEn una democracia sin partidos la oposición se ubica normalmente fuera del Congreso, en movimientos sociales, en grupos de presión fáctica que ejercen su influencia a través de lobbies y los medios de comunicación. Es lo que hemos visto en estos dos meses.

En el Congreso, los partidos que vendrían a representar la oposición se han concentrado en cuestionar nombramientos sin plantear alternativas. Eso lo hemos visto en el caso de la política antidrogas con los cuestionamientos a Ricardo Soberón, en la pedida de renuncia de Susana Baca a la cartera de Cultura, y ahora con Aída García Naranjo en el Ministerio de la Mujer.

En todos esos casos básicamente se ha cuestionado a los elegidos para dirigir esas áreas del Estado, pero no se han establecido lineamientos alternativos para cada una de ellas. Hay hasta ahora una oposición bastante débil, protagonizada más por los columnistas de periódicos que por los líderes políticos elegidos.

Todavía es pronto para ver el protagonismo que podrían llegar a tener los movimientos sociales y regionales, pero es muy probable que, conforme pase el tiempo, su presencia crezca.

Jacqueline FowksHa habido dos amortiguadores fuertes. Uno fue el Ministro de Economía, que viene del gobierno anterior, en el que tuvo un cargo importante cuando Mercedes Aráoz era ministra. La designación de Castilla en Economía generó muchas noticias favorables. El mensaje era: ‘las cosas van a seguir tal como las han conocido” en materia de política económica. Eso le vino bien al empresariado, ese empresariado tan ligado a medios que tenían cierta manera de ver las cosas.

Y el segundo momento que alivió a muchos fue la presentación del Premier en el Congreso. Allí impuso calma, porque llevó además la buena noticia de que iban a conseguir una importante cantidad de dinero de las empresas mineras tras una buena negociación.

Creo que es la economía la que ha tranquilizado los ánimos adversos que fueron visibles en el momento anterior.

No hay que olvidar que los errores generan mucho ruido: cuando designaron a Soberón en Devida, cuando nombraron a un militar en retiro para Defensa Civil, cuando designaron a Daniel Mora en Defensa.

Ha ayudado mucho el perfil bajo de Humala. Por ejemplo, en el caso de su hermano Alexis, a pocos días que asumiera el cargo, no se contaminó. Ante las críticas a Soberón, el Presidente hizo mutis. En momentos controversiales, de incumplimiento de tal o cual promesa, o de error, Humala no ha aparecido, o se han demorado en contestar, o simplemente no han contestado nada o lo ha hecho el propio Humala por Twitter. Es obvio que está protegido, que está amparado.

A más de dos meses de iniciado su mandato, ¿improvisación efectista o inusitada coherencia?

Eduardo Adrianzén
Esto tiene un guión. Aunque resultan ser más gestos políticos y teatrales que efectivos, están bien pensados. Es lo que la gente quiere oír y ver. Pero hay que evaluar qué correlato hay con el accionar concreto. Eso no es improvisación. Sí hay metidas de pata que se solucionan cuando la presión es muy grande, como la campaña contra Susana Baca: buscan que el descontento no perdure en la gente.

El Gobierno está dejando en ridículo todo lo que se habló antes de que gane. Tres meses dan una pauta de cómo va la mano. Si un gobierno va a ser diferente, tiene que dar una patada al inicio para remover todo.

Santiago AlfaroEn cuanto a determinadas decisiones en políticas públicas sí ha habido coherencia. Se ha logrado la nueva modalidad de recaudación tributaria en el campo de las industrias extractivas; se promulgó y promovió la Ley de Consulta Previa; y se ha buscado, más allá de que pueda haber habido aquí improvisación, una mayor cercanía a la población. Por eso Abugattas insistió tanto en hacer esa sesión descentralizada, que fue muy desorganizada y que, creo, no va a tener mayor efecto práctico; pero sí me parece que fue importante en tanto demostró una mayor predisposición, en este caso del Congreso y en general del Gobierno, a ser más representativos y llegar a la población de manera más directa.

Lo que quizá no ha resultado coherente han sido determinados nombramientos; tal vez se pudo designar un Ministro de Economía más cercano al plan de gobierno, como Kurt Burneo. Pero finalmente se optó por no crear fuentes de conflicto con los sectores de poder económico, y por eso se puso a Castilla. Más que incoherencia, lo que veo es una estrategia política. Y, finalmente, una respuesta a esa demanda por mantener un equilibrio entre la macroeconomía y los procesos de inclusión social.

El gran problema que deberá enfrentar el Gobierno es la precariedad del Estado. Nuestro Estado es más chico que la sociedad, y lo que demanda la población es que el Estado crezca, que haya mayores y mejores servicios públicos. Eso es algo que está presente en el discurso oficial, pero que va a ser un reto y no hay seguridad de que se cumpla. El caso más concreto es el de la Ley de Consulta Previa. El punto de partida es haber aprobado la Ley, y eso está bien, pero para poder implementarla se necesita dotar de una burocracia con capacidad técnica y operativa al Vice Ministerio de Interculturalidad. Eso, a su vez, requiere mayor presupuesto. Por lo menos hasta ahora, no se ha demostrado que el próximo año el Ministerio de Cultura ni ese Vice Ministerio vayan a contar con los recursos suficientes como para implementar una ley de ese calibre. Se requiere movilizar un aparato público bastante amplio para garantizar que todas las poblaciones puedan ejercer el derecho a ser consultadas. Todavía no hay señales claras de que se va a lograr poner en práctica esta Ley.

Jacqueline FowksLa posición de cabeza del Consejo de Seguridad hasta ahora no ha resultado en nada específico. Hemos visto el caso de Oyarce y no apreciamos que ese Consejo haya tenido una respuesta rápida. El que se ha movilizado es otro grupo diferente.

El traslado de los congresistas a Ica fue para cumplir la promesa de reconstruir en plazo breve esa ciudad.

Y lo del gravamen minero fue algo que se esperaba hace ya mucho tiempo; era una de sus principales promesas de campaña, y se sabía que apenas fue electo inició negociaciones con representantes del gremio minero y que se estaba trabajando en eso.

Esto lo veo como el cumplimiento de algunas promesas importantes, no como una señal de una política clara de largo plazo. Es más como asfaltar su camino de credibilidad.

Las medidas sobre seguridad y los discursos implacables no son nuevos. ¿Qué deberá hacer el Ejecutivo para que esta vez las buenas intenciones no caigan en saco roto?

Eduardo Adrianzén
Existen crímenes simbólicos a los que los medios dan mayor cobertura por distintas razones. Son simbólicos porque representan muchos otros. El caso del Estadio Monumental es espantoso pero no es el único. En barrios populares matan a un pandillero cada semana, calculo. La violencia está por todas partes. En Trujillo está habiendo crímenes espantosos. Basarnos en los crímenes simbólicos da como una vitrina, pero eso es más viejo que el tango.

El tema violencia cruza muchos factores. Empieza por un asunto de falta de oportunidades. Que los pitucos maten gente tampoco es nuevo. La violencia no es algo que brota de repente; es un producto de una serie de conductas que viene de mucho tiempo atrás.

Se le deja el problema al lado más frágil de la pita, la Policía, el tombo. Ésta debe sentir que la van a respaldar. Lo que pasa también es que cuando el policía se enfrenta a alguien ‘inferior’ se le va la mano y abusa. Eso es típico. Y cuando tiene que enfrentar a alguien superior, se baja. Volvemos a las raíces. Nuestro país es virreinal,  un país de castas, y el policía pertenece a una de ellas. Todo esto pone en evidencia cómo funciona mentalmente la sociedad peruana: como en el Virreinato.

Santiago AlfaroEn Seguridad el primer paso es demostrar liderazgo, que es lo que ha hecho el Presidente al conformar una Comisión Intergubernamental. Pero falta un plan estratégico que no se reduzca a la represión. Se requieren políticas de convivencia que demandan también una actuación del Ministerio de Cultura, que es un área que no se había tomado en cuenta antes.

También se necesita un mejor presupuesto y una mayor operatividad por parte del Ministerio del Interior. Creo que la sensación de inseguridad está dando el espacio a muchos para reclamar que las Fuerzas Armadas cumplan un rol más protagonistico en ese campo, cuando lo que se necesita es una mejor Policía. Y en esa área, en cuanto a reforma del Estado, en el Ministerio del Interior no se ven aún medidas apropiadas.

Hasta este momento creo que las políticas de seguridad han sido más efectistas y no tan concretas. Por eso está en duda su viabilidad a largo plazo.

Jacqueline FowksNo hay un trabajo serio con la Policía. Las normas y la penalización de los delitos ya están. Pero no hay quién las haga cumplir. ¿Quiénes tendrían que hacerlo? La Policía, el Ministerio Público, los propios clubes de fútbol. Hay un montón de responsabilidades repartidas que no se cumplen a pesar de que la norma ya está ahí.

Para mí es igual que a alguien le den 20 años de pena o cadena perpetua, porque si al final no hay investigación, no hay fiscalización, no hay proceso judicial, no se va a tener a quién ponerle esas penas.

Los discursos de ‘mano dura’ son como una reacción para pasar un momento en el que hay mucha atención del público y los medios. Eso no va a resolver el problema de fondo: que la Policía debería funcionar de otra manera. Esto es bastante peor fuera de Lima, donde hay conflictos sociales entre industrias extractivas y comunidades. El problema de fondo también es de eficacia del Estado y de incremento de años de sanción.

• Eduardo Adrianzén
• Jacqueline Fowks
• Santiago Alfaro