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Esclavos sin fronteras

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Esclavos sin fronteras

2 noviembre, 2011

Trata

De los 2 millones peruanos que han emigrado en los últimos veinte años, el 84% es personal no calificado y es, por tanto, potencial víctima de trata. Imagen: OIM.

Cuando nació la segunda hija de Inés,  ella y su esposo tenían casi un año sin trabajo. Buscando una salida en Internet, encontró una oferta para ser niñera (en la modalidad au pair o, como se dice en Lima, “cama adentro”) en Oslo, la capital de Noruega. Todo legal, todo bien.
Se fue por un año y tuvo un trabajo de ensueño. Decidió quedarse, pero había un problema: su visa había expirado. Buscó una salida y creyó encontrarla en unas personas que le ofrecieron regularizar su estadía en Noruega. Le mintieron. Era una red de trata.
Le robaron todos los documentos a Inés y, así, indocumentada y a merced de la red, fue forzada a prostituirse y robar a sus clientes.
Así como Inés, miles de peruanos en el exterior son víctimas de trata. A nivel internacional, el monstruo que consume mercancía humana está encarnado en cientos de redes internacionales de trata de personas.
Sus presas: migrantes, forzados o no, que se encuentran en estado de vulnerabilidad y quienes, bajo distintos tipos de coacciones, son retenidos con la finalidad de explotarlos.

¿TRATA O TRÁFICO?
Aunque estén relacionados y muchas veces se les trate como el mismo fenómeno, la trata y el tráfico de personas son delitos distintos
El tráfico implica siempre un cruce ilegal de la frontera. La trata, no. Pero un migrante ilegal es mucho más susceptible de ser víctima de trata
—Esto es, el migrante puede entrar legalmente en el país y después ser objeto de trata —explica Dolores Cortes de la OIM—. Sin embargo, los migrantes que entran irregularmente con redes internacionales son especialmente vulnerables a caer en redes de trata de personas.
Es decir, una persona víctima de trata para explotación también lo es de tráfico si es que fue introducida de forma ilegal en el país. De la misma manera, personas que migran legalmente, con el paso del tiempo pueden acabar como ilegales y, así, ser explotados sexual o laboralmente.
Por tanto, los migrantes peruanos en riesgo de terminar en redes de trata son tanto los legales como los ilegales. No es la ilegalidad de su estado la que los pone en riesgo, sino la precariedad de su situación.

CUÁNTOS SON Y POR DÓNDE SALEN
Como sucede con la trata, sobre el tráfico de peruanos en el exterior no hay  cifras oficiales confiables. En la realidad, miles de posibles víctimas se movilizan sin ser registradas en las zonas fronterizas.
De los 2 millones 38,107 peruanos que han emigrado entre 1990 y 2009, el 84% es personal no calificado. Es decir, un millón 600 mil peruanos son potenciales víctimas de trata en el extranjero.

 Aunque parezca increíble, en los más de 7 mil kilómetros de fronteras del Perú, sólo existen 13 puestos de control fronterizo. Es decir, menos de dos puestos por cada mil kilómetros. Click para ampliar. Infografía: Luis Amez

El área más crítica es la selva, que posee el 70% de la frontera internacional y solo cuenta con 3 puestos de control fronterizo.
En esta región, las rutas del tráfico humano son, en su mayoría, fluviales o por rutas terrestres no comerciales. El control es, sencillamente, imposible.
La ausencia de control en las fronteras es un absurdo si tenemos en cuenta que, contra lo que pudiera creerse, sólo el 48.5% de peruanos que salen del país (legal o ilegalmente) lo hace por el aeropuerto Jorge Chávez.
El 51.5% de peruanos que cruzan las fronteras, lo hace vía terrestre o fluvial rumbo a alguno de los 5 países vecinos.
Este último número, según la Unidad de Informática y Estadísticas de la  Dirección General de Migraciones y Naturalizaciones (DIGEMIN) indica que entre el 2006 y setiembre de 2011, salieron del país 9. 8 millones de peruanos. Aún no han retornado 1.9 millones.

FRONTERAS DEL TRÁFICO
El Perú, según el Departamento de Estado norteamericano, es considerado como país de origen y destino de trata de personas en para  explotación sexual, laboral; así como de compra y venta de niños, niñas o adolescentes.
Según Antonio Encinas, asesor de la Secretaría Permanente de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el tráfico de peruanos tiene como destino mayoritario Argentina, Bolivia y  Ecuador.

Por cierto, Perú también es un país de destino, especialmente para bolivianas, que terminan explotadas en los campamentos de minería informal de La Rinconada, Puno. Fotografía: Trata de personas

Por otra parte, se ha conseguido demostrar la existencia de redes que reclutan peruanas adultas y adolescentes para ser llevadas a Chile, Brasil y Bolivia, con fines de explotación sexual, doméstica, trabajo forzado y servidumbre.
Se señalan como principales lugares de reclutamiento: Iquitos y Tarapoto para Brasil; niños provenientes de Juliaca y Huancavelica hacia Bolivia; y en el caso de  Chile, la ciudad de Arequipa sería el lugar de reclutamiento de mujeres.
De la misma forma, se identificaron mujeres llevadas a Venezuela, para trabajar en fábricas textiles
Más allá de los países vecinos también hay indicios de trasladados de mujeres y niños con engaños a países como Argentina o EE.UU. En Europa: España, Francia, Italia, Holanda y Alemania.
Incluso hay casos de tráfico hacia países del continente africano, a fin que efectúen labor doméstica en una situación de esclavitud.

PERÚ AL RESCATE
El Perú, en su condición de Estado parte de la Convención contra la Trata, está comprometido a atender a las víctimas de trata en el exterior (investigando, protegiendo y repatriando).
Sin embargo, los resultados han sido escasos. En el 2010, según el Informe del Estado Peruano sobre Trata de Personas, se asistieron a sólo 16 víctimas, entre 17 y 34 años, en la modalidad de trata internacional bajo modalidad de explotación sexual y laboral.
La víctimas provenían de: Arica- Chile (5); La Plata (1) y Buenos Aires, Argentina (10). En estos casos los tratantes tenían nacionalidades chilena, china y peruana, respectivamente.
Pero aún falta mucho. De las aproximadas 2, 5 millones de víctimas de trata en el mundo, unas 250 mil, o sea el 10 %, proceden de América Latina. El número de peruanos en esta subasta humana, es una cifra oscura pendiente por descubrir.

Consulta previa: Volviendo al futuro

• Marco Huaco

Al aprobar y promulgar la Ley de Consulta Previa con un contenido perfectible pero aceptable en líneas generales, el Estado peruano ha evidenciado sus intenciones de cumplir con una obligación que adoptó hace más de 15 años. En esta materia, la revisita de un compromiso antes adoptado puede proyectarse con mayor credibilidad hacia el futuro.
Al aplaudir la aprobación en el Congreso de la Ley de Consulta Previa, la casi totalidad de comentadores nos han explicado que es un paso adelante en el camino de reducir los conflictos socioambientales y favorecer una cultura de diálogo entre los peruanos, en la mira de profundizar la institucionalidad democrática y la gobernabilidad del Perú. Evidentemente, todo ello es cierto y no deja de ser importante, pero quedarnos solo en dicha interpretación o incluso postularla como lo central es continuar con los equívocos y distorsiones que han mantenido en la postración, marginación y discriminación estructurales a los pueblos indígenas.
El deber estatal de consulta no tiene como objetivo principal contribuir al fortalecimiento del Estado (como no sea de manera indirecta), pues su preocupación principal es asegurar el respeto a la libre determinación de los pueblos indígenas y, en ese marco, garantizar su pleno desarrollo y la vigencia real de todos sus derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Sin embargo, en el debate público sobre la Ley de Consulta Previa que se ha realizado en diferentes espacios (medios, poderes públicos, sociedad civil, etcétera), prácticamente se han invisibilizado tanto el derecho a la libre determinación como los sustanciales derechos indígenas a ser garantizados. Como si el interés de la sociedad y del Estado estuviera puesto solo en resolver “el problema” de la “oposición” al desarrollo de las industrias extractivas, en seguir impulsando un modelo extractivista insostenible a largo plazo para el país pero esta vez sin muertos ni heridos, y en perfeccionar mecanismos para que los pueblos indígenas den su “sí” al extractivismo “por el bien del interés nacional”… Y, por supuesto, que todo esto sea hecho rápidamente, para que no se asusten los señores de la CONFIEP y de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo.
Todo esto sea dicho sin desconocer el carácter verdaderamente histórico de la aprobación de la Ley de Consulta y la positiva voluntad política del nuevo régimen para aprobarla rápidamente. Para nadie es desconocida la importancia y repercusiones de dicha ley para una auténtica reforma del Estado: ésta no es una ley más, sino que marca un antes y un después para Estado y sociedad. De ahí la importancia de efectuar estas observaciones críticas con el fin de que el actual proceso de construcción del corpus iuris nacional sobre asuntos indígenas no sea desvirtuado tempranamente.

El deber estatal de consulta no tiene como objetivo principal contribuir al fortalecimiento del Estado, pues su preocupación principal es asegurar el respeto a la libre determinación de los pueblos indígenas y, en ese marco, garantizar su pleno desarrollo y la vigencia real de todos sus derechos humanos.

Volvamos a los peligros de una visión reduccionista de la consulta. El Vice Ministerio de Interculturalidad ha convocado a la conformación de una mesa multisectorial compuesta por los sectores Educación, Energía y Minas, Ambiente y Trabajo, para elaborar en 90 días el Reglamento de la Ley de Consulta. Ello constituirá un signo alentador si se evita focalizar el cumplimiento de las tareas pendientes de esa mesa exclusivamente en fortalecer el diálogo intercultural y social en torno de los procesos de consulta de proyectos extractivos y se orienta más bien sus trabajos bajo un enfoque de derechos humanos enmarcados en la libre determinación indígena. Por otro lado, los sectores de Salud, Mujer, Justicia, Defensa y Transportes y Comunicaciones también deberían ser convocados a la mesa, ya que sus competencias pueden tocar asuntos indígenas como salud intercultural, derechos femeninos indígenas, lucha contra la discriminación, acciones positivas, comunicación indígena transfronteriza, uso militar de espacios indígenas, territorios y vías de comunicación, etcétera. También deberán adecuar su funcionamiento y procedimientos internos los poderes Judicial (por ejemplo, en cuanto a medidas administrativas relativas a defensores de oficio, uso de lenguas indígenas en tribunales) y Legislativo (por ejemplo, en cuanto a medidas legislativas que afecten a los pueblos indígenas). En síntesis, hay que plasmar concretamente aquello de que la consulta es un deber estatal de carácter transversal que atraviesa a numerosos sectores y poderes del Estado y que no se reduce a resolver conflictos socioambientales.
Pero además, y esto podría estarse olvidando (salvo por el INDEPA, cuya jefa es ahora la experta Raquel Yrigoyen), el proceso mismo de reglamentación deberá concebirse, aprobarse y aplicarse asegurando la participación indígena, tal como indica el artículo 3.° de la ley aprobada, que menciona la presencia indígena “en los procesos de toma de decisión”. Por ello es un buen ejemplo que la nueva jefatura del INDEPA se encuentre organizando talleres participativos con organizaciones indígenas para efectos de planificar las acciones de la nueva gestión del citado Instituto. Por contraste, es una pena que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso de la República no haya aprobado su plan de trabajo atendiendo al mismo deber de consultar.
El re-centrar la interpretación sobre el significado de lo que es el histórico evento de aprobación de la Ley de Consulta pasa entonces por comprender que solo se reducirán drástica y estructuralmente los conflictos sociales si el foco principal de la agenda pendiente del Estado se concentra en desarrollar —consultando— los derechos humanos de los pueblos indígenas, respetando su libre determinación.

02 de noviembre de 2011 - Diario La Repùblica.

Dijo defensor del pueblo

La amnistía no procede en casos de DDHH

 

Defensor del Pueblo, Eduardo Vega.

 

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Lamentó que altos funcionarios hayan planteado esta posibilidad como un camino a la reconciliación.

Las normas internacionales suscritas por Perú y la conciencia de la humanidad proscriben cualquier amnistía para casos de violaciones de derechos humanos, señaló el defensor del Pueblo, Eduardo Vega.
“En el Perú no se puede hablar cada cierto tiempo de amnistías. Los peruanos hemos optado por la justicia y la verdad como única manera de atender las múltiples violaciones de los derechos humanos y para alcanzar la reconciliación”, refirió.
Advirtió que no se pueden tolerar planteamientos de amnistía como una forma de avalar la impunidad y dejar en el olvido a los miles de desaparecidos y asesinados durante la violencia política.
Asimismo lamentó que altos funcionarios, como los ministros de Defensa, Daniel Mora, y de Trabajo, Rudecindo Vega, hayan lanzado esta propuesta.
“Por el bien de nuestra democracia y del nuevo gobierno, debe haber un mensaje claro, en relación si avala o no la amnistía, o si hay un claro compromiso con los derechos humanos, la búsqueda de la verdad y la justicia”, señaló.

02 de noviembre de 2011 -  Diario La Repùblica.

Audiencia. Afirman que no dejarán de exigir justicia

Víctimas de violaciones de DDHH piden cita a Humala

 

Recuerdo. El monumento ‘El Ojo que Llora’ congregó a quienes se resisten a dejar que el olvido anule su afán de alcanzar justicia.

 

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Demandan plan de exhumaciones para los desaparecidos y abrir los archivos militares con el fin de identificar a los responsables.

María Elena Castillo.
Una urgente reunión con el presidente Ollanta Humala solicitarán los familiares de las víctimas de la violencia política, con el objetivo de exponerle las limitaciones que obstruyen la búsqueda de justicia y verdad, con la que él se comprometió durante la campaña electoral.
“Hasta ahora se han registrado alrededor de 15 mil desaparecidos y no se está ejecutando un plan de exhumaciones para entregarlos a sus familiares y sancionar a los responsables. El presidente en su campaña se comprometió con la defensa de los derechos humanos y queremos saber qué hará en concreto”, sostuvo Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes secuestrados y ejecutados de  La Cantuta.
Anunció que en los próximos días le enviarán una carta al jefe del Estado pidiendo una reunión con él y recordándole los temas pendientes, desde el derecho a una pronta justicia, a la lucha contra la impunidad y a las reparaciones de las víctimas.
Recordó que la mayoría de familiares de las víctimas son personas muy ancianas que perdieron a sus hijos, a sus esposos, y advirtió que varios de los familiares han muerto sin saber lo que pasó con ellos y sin alcanzar justicia.
Años de búsqueda
Precisamente ayer, familiares de los desaparecidos y asesinados durante el conflicto armado interno se congregaron alrededor del Monumento El Ojo que Llora, del Campo de Marte, del distrito limeño de Jesús María, para recordar a sus seres queridos.
Entre ellos estaba Rosa Pallqui, esposa del corresponsal de La República en Huanta Jaime Ayala, detenido por un contingente de la Marina en 1984 y cuyo cuerpo hasta ahora no ha sido hallado.
“Hace dos años se exhumó 39 de los 50 cadáveres de Pucayacu enterrados en el cementerio, y pese a nuestros pedidos se dilata la nueva exhumación. Además, el caso ha venido hasta tres veces a la Sala Penal y ha sido devuelto a la Fiscalía por cuestiones de forma. Desde hace un mes está nuevamente aquí. ¿Cuánto más debemos esperar?”, inquirió.
La misma pregunta se hace Javier Roca, padre de Martín, el estudiante de la Universidad Nacional del Callao, desaparecido desde agosto de 1993; similar inquietud tiene  Dionisio Arguedas Vivanco, del distrito ayacuchano de Humanquiquia, cuyos tíos fueron asesinados por terroristas a principios de los años 80.  Todo lo que piden es justicia y no impunidad.
Precisión
Indulto a fujimori. Carmen Amaro Cóndor, hermana de uno de los estudiantes secuestrados de La Cantuta, sostuvo que se debe tener mucho cuidado con el posible indulto al ex presidente Alberto Fujimori, pues una cosa es el indulto humanitario, que le permita morir al lado de sus familiares, y otra es que engañe al sistema y se burle de la justicia y que se le otorgue un beneficio para que pase meses o años en su casa haciendo vida política.

Reclaman reforma del Sistema de Pensiones | Economía | Diario La Primera

Reclaman reforma del Sistema de Pensiones Economía Diario La Primera