No vamos a caer en el reduccionismo de involucrar a toda la militancia aprista con la corrupción o el narcotráfico. Conocemos aquí a varios militantes que viven exclusivamente de su trabajo y, más allá de las discrepancias claras con la actuación del APRA en sus dos gobiernos, creemos que esto debe enfatizarse.
Dicho esto, pasemos a la reflexión de fondo.
El caso de Gerard Oropeza, que comenzó como una noticia estrictamente policial, se ha convertido en una peligrosa bola de nieve para el Partido Aprista Peruano. El hoy investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico era, hasta hace pocos días, militante aprista. Su madre fue candidata al congreso en 2011 por dicha agrupación política. Lamayoría de contratos de su empresa con el Ministerio Público se celebraron cuando dos Fiscales de la Nación con cercanías familiares con el partido encabezaban la institución. Y el exgobernador de La Molina, también con carnet, fuequien le dió la constancia de posesión de la casa embargada a José Enrique Crousillat.
Para colmo, su abogado, Miguel Facundo Chinguel, adquirió acciones de sus empresas, aparentemente en una operación simulada. El hoy encarcelado hombre de leyes es, además, el principal implicado en el caso Narcoindultos, el mayor hallazgo de la Megacomisión presidida por Sergio Tejada.
Este último caso tiene dos aristas. La primera se vincula con la desnaturalización de una gracia presidencial, medida excepcional por la intromisión que supone una decisión del Poder Ejecutivo en el sistema de justicia, para una liberación masiva de involucrados en narcotráfico. Como resume Carlos León Moya:
Las investigaciones desarrolladas por la Megacomisión “dan cuenta de un uso sin precedentes” de las gracias presidenciales durante el período 2006-2011, “al punto de constituir en la práctica un sistema de administración de justicia paralelo al Poder Judicial, al modificar alrededor del 30% de las resoluciones de este”. Asimismo, encuentra “alta incidencia en la excarcelación de personas condenadas por el delito de tráfico ilícito de drogas, tanto en su forma simple como en su forma agravada”.En total se concedieron 232 indultos, de los cuales 72 fueron por casos de tráfico ilícito de drogas. Se otorgaron también 5.246 conmutaciones de pena, de las cuales 3.207 fueron a condenados por el delito mencionado. De estas, al menos 400 fueron otorgadas a condenados por tráfico ilícito de drogas en forma agravada.En sus declaraciones a la comisión, García argumentó que las gracias presidenciales se debían a su objetivo de “erradicar el hacinamiento de los establecimientos penales”.Sin embargo, la evidencia contradice su defensa. Lejos de reducirse, durante su gobierno el número de internos aumentó en 33%: de 35.467 en agosto del 2006 a 48.858 en julio del 2011. Además, eso no explica el especial interés en los condenados por tráfico ilícito de drogas. Los sentenciados por robo agravado componen la mayor parte de la población penitenciaria del país, con casi 30% del total de internos. Pero a estos se les otorgaron 1.626 conmutaciones, prácticamente la mitad de las 3.207 dadas a los condenados por tráfico ilícito de drogas.A esto se suma que se otorgó 371 conmutaciones a condenados que estaban con semilibertad; es decir, que no ocupaban espacio en las cárceles. De estos, 268 eran condenados también por tráfico ilícito de drogas.
La segunda es aún peor: existen serias evidencias de pagos por los indultos. Como resumió, hace dos años, Oscar Castilla para El Comercio:
En una primera investigación, el fiscal anticorrupción Walther Delgado Tovar ha establecido que dentro de la política de deshacinamiento de penales, implementada por el gobierno aprista, la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia a cargo de Miguel Facundo Chinguel entre 2008 y 2010 rebajó las condenas de 14 cabecillas de mafias internacionales del narcotráfico que no reunían los requisitos para obtener ese beneficio, pero que accedieron a ella previo pago de US$240 mil.“Bajo la llamada política de deshacinamiento de penales se procedió a conceder conmutaciones de pena a internos por delitos de tráfico ilícito de drogas, entre otros, a cambio de un pago aproximado de US$10 mil por año de pena conmutada, monto que podía variar conforme las condiciones económicas del interno, así como del ilícito cometido por el recluso”, dice el documento de investigación preparatoria de 76 páginas al que accedió El Comercio.
Lamentablemente, no son los únicos casos en los que se ha vinculado a miembros del APRA con el narcotráfico. Como bien señala el diario no estatal más antiguo del país, otros tres casos serán materia de una dosis de memorex en estos días.
Para empezar, la donación de 5,000 dólares a la campaña de Alan García en 2006 por parte de Alfredo Sánchez Miranda, miembro de la familia Sánchez Paredes, investigada por presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de activos. Cuando se conoció el hecho, en 2011, García devolvió el dinero en efectivo. En esos mismos días salieronvarias pistas sobre los vínculos entre uno de los hijos del exministro Luis Nava Guibert y la familia Sánchez Paredes.
Otro es el caso de Manuel Ángel del Pomar, en la década de 1980. Resume El Comercio:
Un golpe contundente contra el primer gobierno de Alan García fue la detención de uno de los diputados de su partido. El 27 de setiembre del 1988, el aprista Manuel Ángel del Pomar fue capturado por la Interpol al intentar cobrar un cheque por 18 mil marco alemanes de una cuenta del CommerzBank, en Berlín. La cuenta estaba vinculada al narcotraficante Manuel García Montes.Posteriormente, Del Pomar huyó del país, y tras estar prófugo durante 4 años y cinco meses, se entregó a la justicia peruana el 10 de noviembre de 1993. Es condenado a 4 años de prisión con libertad condicional el 21 de diciembre de ese mismo año.
Y, 34 años atrás en el tiempo, nos podríamos remontar al caso de Carlos Lanberg, el primer gran destape sobre narcotráfico hecho por Gustavo Gorriti para Caretas. El experimentado periodista pudo descubrir la trama de la organización criminal encabezada por el narcotraficante, así como los vínculos con el partido, que incluían a algunos personajes que luego cayeron en desgracia, así como aportes a la campaña presidencial de 1980 y al mantenimiento de Villa Mercedes, la casa donde murió el fundador de la agrupación. Como bien anotó Gorriti en su momento, el escándalo desatado fue uno de los principales factores que permitió el ascenso de Alan García a las altas instancias del APRA en 1982.
Por el momento, las defensas apristas se resumen en dos vertientes. De un lado, militantes como Javier Barredareconocen que hay “manzanas podridas” en el partido, pero que las mismas no pueden manchar a cientos de partidarios honestos. De otro lado, dirigentes como Jorge del Castillo que más bien juegan a decir “los demás tienen más vínculos que nosotros con el narcotráfico”.
El problema es que, como sugiere hoy Fernando Vivas, estas respuestas son insuficientes. El sociólogo y periodista plantea la necesidad de una poda en el padrón, pero también la instalación de una comisión interna con expertos independientes y militantes probos que pueda, de una vez por todas, hacer una depuración en serio en Alfonso Ugarte y que, además, pueda entregar sus hallazgos a las autoridades pertinentes. De lo contrario, afirma Vivas, la candidatura de García corre serio riesgo de quedar bastante quiñada.
El asunto no es de broma y, lamentablemente, el discurso ha sido, de la calle para afuera, demasiado defensivo en torno a las responsabilidades políticas que le caben al APRA por estos casos. Quizás es tiempo que, por un momento, la mística basada en el martirologio ceda y de paso a una reflexión serena sobre los errores cometidos. Porque si bien es cierto que las responsabilidades penales son individuales, la facilidad como esta gente se metió a militar en el partido (o a aportar en las campañas), así como la ejecución de una política de liberación de sentenciados por narcotráfico mediante la aplicación masiva de indultos requieren brindar una respuesta colectiva al país.
(Foto: Andina)
9 Respuestas a “EL APRA Y EL NARCOTRAFICO”
22 Abril 2015 a las 4:33 pm
22 Abril 2015 a las 7:48 pm
23 Abril 2015 a las 1:24 am
23 Abril 2015 a las 4:39 pm
24 Abril 2015 a las 8:57 am
24 Abril 2015 a las 4:57 pm
26 Abril 2015 a las 11:55 am
30 Abril 2015 a las 8:36 am
La anterior disposición fue el congelamiento de dos cuentas bancarias de Gerald Oropeza en el país, en las cuales se hallaron más de S/.140 mil, lo que sería una mínima parte de su patrimonio real, pues la mayor cantidad de sus fondos la habría usado para comprar vehículos lujosos, otros bienes y realizar costosas travesías; todo esto en una supuesta operación de lavado de activos. Solo en la adquisición de vehículos de lujo gastó cerca de US$1 millón.
Gerald Oropeza, investigado por el presunto delito de lavado de activos y narcotráfico, presentó el miércoles un recurso de hábeas corpus contra el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. De esta manera, pretende que el Poder Judicial le levante la orden de detención preliminar de 15 días. El abogado de Gerald Oropeza, Marco Riveros, afirmó que el magistrado está trasgrediendo los dispositivos legales del Nuevo Código Procesal Penal, ya que no existen elementos plausibles de la presunta comisión del delito de lavado de activos, por el que se le ha ordenado la captura. O sera, para variar, que él ha conseguido protección de un poderoso padrino judicial que ha evitado que se le investigue, como suele suceder. Alguien como el vocal César Vega Vega, cabecilla de la red judicial más ponderosa del Peru, la cual siguen operando tras su reciente muerte.
30 Abril 2015 a las 1:35 pm
Hay indicios de que la presunta red Oropeza haya sido el soporte financiero de Rodolfo Orellana, debido a que este siempre tenía un déficit económico y recurría mucho a los préstamos. Uno habría dotado de propiedades ilegales y el otro de recursos financieros. Una mutua contraprestación. En esta etapa nos abocaremos a este caso.
Según información oficial, hubo hasta tres depósitos con montos considerables del entorno de Oropeza a los testaferros de Orellana. Uno de ellos es el que hizo Roger Poémape (vinculado al narcotráfico). El principal nexo es Poémape.
Hay otros elementos. No olvidemos que la esposa de Orellana, Ester Morales Schaus, estuvo casada con un procesado por narcotráfico (Hugo Díaz Lozano, quien cayó en el 2005 con una organización criminal relacionada con el cártel de Tijuana). Orellana es natural del departamento de San Martín y, sin querer estigmatizar el lugar, ahí hay varias personas vinculadas al narcotráfico.
No podría asegurar eso pero sí decir que el momento de mayor expansión de la red Orellana fue en el gobierno de Alan García. Él ha tenido participación con diversos gobiernos. Incluso con el actual, a través de cartas-fianza.
En el caso preciso de Oropeza y su vinculación con el Apra no podría atreverme a pensar que ha sido una colaboración sistemática con el partido político; lo que se ha evidenciado es que hay una serie de hechos que lo vinculan con algunos funcionarios del gobierno aprista.
En la investigación macro del caso Orellana hay situaciones muy sui géneris, como muertos que aparecen vivos, duplicidad de identidad a través de la Reniec con claras perspectivas de alterar la identidad de las personas, entre otros; pero al padre de Gerald Oropeza aún no lo hemos identificado en la investigación.
Las personas que van a una elección pasan por una etapa de calificación y un partido con experiencia como es el Partido Aprista debe tener un mayor control. Además, el número de candidatos es reducido y estos son escogidos en un espacio de confianza. Hay la posibilidad de que, en ese escenario, haya sido elegida la madre de Gerald Oropeza, quien fue candidata al Congreso por el Apra en el 2011.
No hemos llegado a esa etapa de la investigación, pero no se descarta nada. Es muy probale que haya un socio con gran poder en el Estado; me refiero a un padrino que cubrió protección judicial, fiscal, policial y congresal (y hasta portuaria, pues los puertos principales del país están implicados en las operaciones logísticas de narcotráfico, comenzando pro el Callao). Ese personaje no pueden haber sido muchas personas en el Peru. Son contados con los dedos de una mano aquellos que tienen ese alcance y García Pérez es uno de ellos.
Lo primero, que se trata de una organización criminal y no me excedo en el calificativo criminal. Esta red actuaba con ciertos procedimientos sistemáticos con injerencias en el escenario público y notoria flexibilidad de algunos funcionarios. En todas las entidades (Ministerio Público, Poder Judicial, entre otros) hemos encontrado algún grado de responsabilidad u omisión que ha facilitado que esta red se vaya consolidando desde hace 15 años. Se apropian de inmuebles ilegalmente, tienen vinculaciones con el Estado, narcotráfico, puertos, minería y tala ilegal. Era el abogado de las causas imposibles.
Hasta el momento no tenemos ninguna evidencia manifiesta de un crimen, pero ya estas circunstancias de haber una relación con el narcotráfico nos pone en una zona peligrosa.
Tenemos la sospecha de que el grueso se encuentra fuera del país. Orellana fue muy hábil no solo en el ámbito del derecho sino como empresario. Puso a buen recaudo sus recursos. Hay varios hechos y circunstancias que vinculan el accionar de la red con Panamá. La red operativa estuvo en el Perú, pero el dinero en Panamá. Según nuestras pesquisas, hasta el momento asciende a S/.500 millones.
Sí. Se trata de los ex presidentes regionales de Arequipa, Juan Manuel Guillén y Daniel Vera Ballón, por las irregularidades en el contrato de Oncoserv.