Orden de captura

• Patricia Wiesse

Varias décadas atrás, la televisión transmitía una serie llamada El fugitivo. El doctor Richard Kimble había sido acusado del asesinato de su esposa y debía pasar el resto de su vida huyendo de la ley. Salvando tiempos y contextos, hay más de ochenta dirigentes awajún que están en la misma situación que el médico inocente cuya vida se convirtió en un juego de escondidas después del trágico hecho.
A orillas del Marañón está Imacita, un puerto barroso, un poblado caótico y ruidoso, un conglomerado de pequeños comercios cuya plaza principal es un mercadillo desordenado. Es el límite hasta donde pueden llegar los dirigentes indígenas sobre los que pesa una orden de captura antes de que corran verdadero peligro. Así están desde hace dos años: confinados en sus comunidades; muchos no pueden trabajar y viven de la solidaridad de sus familiares.

La orden de captura ha sido la modalidad utilizada por el Gobierno aprista para descabezar a las organizaciones y castigar la protesta social. A los inculpados les restringe la posibilidad de desplazarse por su territorio, lo que tiene consecuencias prácticas. Por ejemplo, no pueden vender su cacao al precio de mercado porque están a expensas de los comerciantes que llegan a sus comunidades y les imponen precios más bajos.

 

¿Culpable soy yo?

Después del 5 de junio del 2009, todo indígena se volvió sospechoso. Las detenciones fueron arbitrarias y llegaron a doscientas. Una semana después, la Fiscalía liberó a la mayor parte, envió a la prisión de Chachapoyas a trece personas y expidió órdenes de captura como pan caliente. Muchas investigaciones fueron apresuradas en el afán por hallar culpables, y se basaron en declaraciones de testigos parcializados (policías, militares, jefes de seguridad) u otros que aprovecharon para concretar antiguas venganzas personales.
Elner René Anag estuvo cinco meses encarcelado en el penal de Huancas, Chachapoyas. Él aclara que no era apu y que ni siquiera participaba en la lucha. Como sus sobrinos estaban en la Subestación 6 de PetroPerú, a ocho kilómetros de Imacita, fue caminando a llevarles víveres. Al retornar lo detuvieron en el cuartel Mesones Muro y lo trasladaron a ese penal de altura donde sobrevivió cubierto con una frazada. Otro que pensó que moriría de frío y de tristeza fue Rogelio Longinote, un indígena alto, de hablar pausado, quien después de pasar seis meses en el penal de Huancas se acaba de reincorporar como profesor en el colegio jesuita Valentín Saleigui, construido en un terreno accidentado que bordea el Marañón. El profesor sentía un fuerte dolor en las articulaciones y por eso salió de su comunidad para visitar al brujo.
Los manifestantes que bloqueaban el pase a la altura de la Subestación 6 le impidieron llegar a su consulta. Recuerda con nitidez que una luz dorada rebotaba en los tanques de petróleo y que la multitud rodeaba el alambrado que protegía el área de las oficinas y la residencia de los trabajadores. Mientras caminaba de regreso a Imacita, encontró una bolsa negra con prendas de militares (medias, calzoncillos) y la recogió con la idea de entregarla al juez de paz del poblado. No pudo hacerlo: lo detuvieron en el cuartel Mesones Muro, le arrancharon la bolsa y lo acusaron de ser uno de los autores del crimen de los policías de la DIROES que habían sido retenidos días antes. Después de tenerlo dos semanas amarrado en una carceleta oscura, enana y pestilente junto a doce detenidos, lo trasladaron a Chachapoyas y de allí al penal de Huancas, donde estuvo preso seis meses, junto a Elner Anag.
La presencia constante de los abogados de la Comisión Episcopal de Acción Social apuró la prueba de absorción que determinó que ellos no habían usado armas de fuego, y así doce de los catorce indígenas presos fueron liberados. Longinote sostiene que su proceso no ha concluido: “Me siento presionado, no puedo moverme de acá y cada mes debo ir a firmar al juzgado”.

La situación de los indígenas que tomaron la carretera Belaunde Terry, a la altura de la Curva del Diablo, fue diferente. La mayoría de los manifestantes pudo esconderse en los refugios que organizó la Iglesia Católica, librándose de una captura segura. Mari Carmen Gómez, la valiente misionera que se enfrentó a los otros miembros de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua formada por el Ejecutivo, y que se negó a firmar el informe oficial, estuvo en la Curva del Diablo desde el 4 de junio. Antes de dormirse recuerda que una enorme luna llena iluminaba la carretera. Eran las cinco de la mañana cuando escuchó los gritos desde el cerro y luego las ráfagas. Fue ella la que llevó a los primeros heridos hasta El Reposo en un taxi. Ingresó en el hospital de Bagua cargando a un joven que sangraba por la boca debido a una hemorragia interna. Vio a Santiago Manuin inconsciente en la puerta del quirófano, y reconoció el cadáver del rondero Felipe Sabio, asesinado en la plaza de Bagua. Esa noche ayudó a acondicionar los refugios para esconder a los indígenas que no pudieron salir de la zona. También fue una de las que organizó el retorno de Bagua Chica. El primer día embarcó a doscientos manifestantes y luego a otro grupo de treinta, de noche y en pleno toque de queda. Los subió en camiones sorteando todos los controles y todos los peligros. “Fue muy bueno: llegaron a sus comunidades y se fueron reencontrando porque estaban muy angustiados, escondidos en diferentes lugares”, nos relata.

 

Muchas investigaciones fueron apresuradas en el afán por hallar culpables y se basaron en declaraciones de testigos parcializados.

La listaLos dirigentes se refieren constantemente a una lista que les genera mucha aprensión. Es la que está impresa en los puestos policiales ubicados en ciertos tramos de la carretera Bagua-Imacita. Solo los awajún que no figuran en ella se arriesgan a visitar la ciudad, pero igual sufren acoso. “Cuando hay batidas nos piden doscientos soles para soltarnos”, sostiene Alejandro Tsajuput, de la comunidad Wachapea.

Pedro Tiwi salió elegido presidente del Comité de Lucha del Distrito de Imaza en una asamblea, por lo que fue uno de los que dirigió la concentración en la Subestación 6. Dos años después está en la clandestinidad, ni siquiera le han expedido una orden de comparecencia y solo puede aproximarse hasta el puerto de Imacita. Su testimonio es indispensable para entender lo que ocurrió en ese lugar: “Invitamos a que se sumaran a la movilización a las comunidades del Marañón, a los hermanos huambisa, a los de la parte alta y media del río Santiago que no hablan castellano. Eran aproximadamente cinco mil personas. Por más que los de la directiva queríamos poner orden, era incontrolable. Había mucho desconocido. También llegaron adultos con visión -huimaco- acompañando a los huelguistas. Estas personas nos veían como niños y nos decían que ellos dirigían… El 5 de junio no pudimos mantener el orden. Me pusieron la punta de lanza en la oreja. Caí al suelo, me llevaron al centro de salud y ya no puedo explicar más”.
 

Fueron más de ochenta los líderes que dieron la cara; son miembros de las organizaciones reconocidas en la región. Los líderes visibles estuvieron expuestos y por eso fueron fácilmente identificados. Se les señala como los instigadores de las muertes y cargan con las acusaciones penales. Pero en las comunidades aseguran que ellos no son responsables del descuartizamiento y mutilación de los policías de la DINOES y de su jefe, el comandante Montenegro, a los que los pobladores de la zona no podrán olvidar mientras las doce cruces blancas grabadas con sus nombres permanezcan en la vera del camino que lleva hacia el puente Kusu Grande.
 

Cuando visita la zona, Eduardo Nayap suele alojarse en el centro del movimiento, un hostal a unos pasos del desembarcadero de Imacita. Es un pastor evangélico nacido en la comunidad de Numpatken, que además es sociólogo, matemático y congresista de Gana Perú. Esa agrupación política alcanzó un 65,23% en Bagua, con el apoyo masivo de la población indígena que considera el triunfo de Nayap como un hecho histórico para el pueblo awajún. Una de las banderas del congresista electo ha sido la promesa de profundizar las investigaciones sobre lo ocurrido el 5 de junio del 2009. “Yo tengo personas cercanas implicadas. El esposo de mi hermana no puede pasar de Imacita. Es un padre de familia que debe educar y alimentar a ocho hijos y que no puede salir a vender sus productos solo porque participó en la lucha por la defensa de nuestra región. ¿A quién mató? A nadie. Pero estas injusticias se están perpetuando”, enfatiza con su tono de predicador.

El apu Simón

Es un líder nato. Llegó de improviso a una asamblea en la comunidad de Wachapea y tomó la palabra. Simón Weepiu fue el mediador entre los DINOES y los indígenas de la Subestación 6. Pensamos encontrarlo con la moral baja, porque su situación legal es bastante complicada. Se le acusa de secuestro con lesiones graves y muerte. Sin embargo, sorprendió al auditorio con un discurso optimista, en el que planteó que gracias al paro del 2009 se han derogado cuatro decretos legislativos, se instalaron las mesas de diálogo, se puso sobre el tapete la Ley de Consulta Previa y lograron tener un representante awajún en el Congreso. “Yo me siento orgulloso”, añade sonriendo.

Este apu nació en Condorcanqui pero su alma de viajero lo llevó por toda la selva. Estudió Medicina Naturista, fue promotor de salud, misionero de la Iglesia Adventista, asesor de la organización regional de pueblos indígenas de Amazonas norte y se lo nombró administrador de justicia indígena, el equivalente a un juez supremo. “Justicia indígena es sin fronteras; me pueden requerir en cualquiera de las cinco cuencas del Marañón”, sostiene. Actualmente no puede ejercer su cargo porque pende sobre él una orden de captura. Tampoco pudo despedir a su madre que murió el año pasado, ni asistir a Eufemia Atamen (“mi tercer compromiso”) cuando fue operada en el hospital de Bagua. El caso de esta mujer es dramático: acompañó a Simón durante la toma de la Subestación 6 y también pesa una orden de captura sobre ella. Hace unos meses enfermó gravemente; su vida peligraba y su madre la llevó a la ciudad. A los pocos días, la Policía llegó a detenerla al hospital donde le habían extraído el útero. Las enfermeras la ayudaron a levantarse y la sacaron del lugar en un motocar. Ahora se está recuperando lentamente en la comunidad Yamayacat.
 

La única diferencia visible con respecto al año 2009 es que Simón Weepiu luce menos kilos y menos pelo. Señala: “Estoy restringido en mi derecho a tránsito, sin trabajos. Pero en la comunidad me invitan a asesorar. Dentro de la población estoy mantenido, me han protegido cuando han venido a buscarme. Yo soy papá del pueblo, están conmigo”.
 

Congreso convicto y confeso

Mari Carmen Gómez ha vuelto al apacible colegio Fe y Alegría número 63 de Chiriaco, y a sus clases de Educación Cívica. Su preocupación actual es velar por los quinientos niños del colegio, y sobre todo por que las niñas terminen la secundaria, un verdadero milagro en esa zona del país. En el televisor de la sala de la Misión ha visto con indignación cómo el Pleno del Congreso aprobó el Informe sobre los sucesos de Bagua presentado por la fujimorista Martha Moyano, que se basó en otro que trabajó el congresista Güido Lombardi y que quedó en minoría.
 

El Informe Moyano limpió de polvo y paja a los ministros responsables del “Baguazo”, atribuyéndoles solo responsabilidad política por estos hechos. Según Lombardi, “mi informe establece que esas responsabilidades políticas debían derivar en una acusación constitucional que termine en una sanción o inhabilitación”.
 

Mari Carmen Gómez entiende el malestar de Lombardi porque el Informe en Minoría que elaboró junto al comisionado indígena Jesús Manacés también ha sido empolvado. Los dos viajaron tres veces a la zona donde son conocidos y respetados. Estuvieron en Bagua, Nieva y el Cenepa. Consiguieron testigos importantes y revelaron detalles que no se conocían y a los que nadie ha dado importancia. A pesar del desgaste que le costó frecuentes males gástricos, la religiosa manifiesta: “El haber dejado constancia de la verdad en el informe me da la esperanza de que algún día ya no pueda ocultarse”. Espera que en un futuro se reabra la investigación sobre lo ocurrido en Bagua. Se dirige a la capilla y prende una velita misionera.

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